No han dado sentencia sobre adeudo del Gobierno de Sinaloa al SAT   

CULIACÁN, Sin., 15 de abril de 2024.- El gobernador Rubén Rocha Moya, dio a conocer que todavía no ha sido requerido el pago de alrededor de mil 600 millones de pesos, producto de dos auditorías realizadas por la pasada administración estatal, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no ha emitido una sentencia, porque lo su gobierno seguirá en espera de conocer el engrose de dicho requerimiento fiscal. 

A través de un comunicado de prensa se informó que el mandatario estatal  dijo que se esperaba que el SAT hiciera el cobro para marzo, pero hasta el momento éste no se ha generado de manera formal, al no haber una sentencia de la Corte. 

“No la hemos abordado, lo haremos cuando el SAT nos llame, ¿y cuándo nos va a llamar? Cuando se haga el engrose de la Corte hacia el SAT, que son dos casos que en conjunto suman mil 600 millones de pesos, estamos esperando que nos llamen para eso, y poderla atender, deberá haber alguna propuesta, paguen todo, no paguen una parte, porque las dos deudas son de naturaleza distinta”, dijo. 

Al respecto, explicó que la mayor deuda es de mil 100 millones de pesos que es producto de un crédito fiscal que se pagó con diferencia de días de plazo para ello, pero que se cubrió el costo financiero de esa demora, crédito que quedó registrado como pagado ante el SAT y esos recursos fueron distribuidos entre los estados.

Por su parte, el director del SATES, Ismael Bello Esquivel, precisó que en ese caso, debido a que el procedimiento registró observaciones como parte de una auditoría, el SAT requiere que el recurso que recibió el estado se regrese a la Federación. 

En cuanto al segundo juicio, que es la menor cantidad, el SAT también requiere al estado el recurso que repartió, pues aquí se determinó como no válida la auditoría que hizo el SATES durante la pasada administración a la empresa auditada. 

En conclusión, el gobernador Rocha Moya dijo que están en espera de la resolución, y una posibilidad es que el SAT descuente la parte que le correspondió al estado en el reparto de los créditos que se repartieron entre las 32 entidades.