Visión financiera 

Broxel en la mira

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que lleva Oscar Rosado, intervino en un caso que volvió a colocar a Servicios Broxel bajo el escrutinio público. 

La autoridad solicitó información a un usuario que denunció la desaparición de 3 mil 412 pesos de su tarjeta de teletrabajo, sin notificación previa ni explicación clara por parte de la empresa operadora. El episodio, difundido en redes sociales, se convirtió en un nuevo foco de atención sobre el funcionamiento de la firma.

Según el afectado, tras presentar su reclamación recibió respuesta un mes después, en la que se le informó que el reclamo no procedía y que debía revisar el manejo de los recursos con la institución que realizó los depósitos. 

El problema es que el dinero provenía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que dejó de operar el programa en octubre de 2025, lo que en los hechos dejó al usuario sin una instancia administrativa a la cual acudir.

La Condusef respondió públicamente en la red social X y solicitó al usuario enviar la información por mensaje privado para analizar el caso y brindarle orientación. 

El detalle no es menor si se considera que en la información oficial del programa Tengo Vales, publicada en el sitio de Broxel, se establece que los saldos disponibles no tienen fecha de vencimiento. La contradicción entre la experiencia del usuario y la promesa comercial abre interrogantes regulatorias.

El caso no parece aislado. En los últimos días se han multiplicado en redes sociales reportes de fallas en la aplicación, dificultades para registrar tarjetas, demoras prolongadas en la atención telefónica y errores en la consulta de saldos. 

Algunos usuarios reportan tiempos de espera superiores a una hora para recibir asistencia, lo que alimenta la percepción de deficiencias operativas en una empresa que administra recursos sensibles.

El contexto es particularmente relevante porque Broxel mantiene contratos en distintos programas públicos y privados de dispersión de recursos. 

En Jalisco, por ejemplo, opera la “Tarjeta Única” del sistema de transporte público, un esquema que contempla hasta cinco millones de tarjetas con vigencia hasta 2030 y que implica el tratamiento de datos personales y biométricos de millones de usuarios.

A nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro revisa una licitación de vales electrónicos adjudicada a la empresa en medio de señalamientos por inconsistencias en la captura económica de su propuesta y posibles riesgos operativos en la entrega de apoyos. 

El expediente se suma a antecedentes de sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de Ángel Cabrera, por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y por proporcionar información falsa o incompleta