Visión financiera

*La opacidad de TGM

En riesgo población de Sonora por mal servicio de salud

Desde el pasado 17 de junio en Guaymas, Sonora, el problema de los servicios de salud pública ha empeorado y su colapso está próximo, ya que los laboratorios encargados de la entrega de los resultados de las muestras está sin servicio.

Esto es el inicio de la cadena de prevención y salvación de vidas. De ellos depende que las enfermedades en la población se detecten a tiempo para poder tratar las enfermedades crónicas degenerativas, inmunológicas , cancerígenas, cardiacas, entre otras,  aunado a que se encuentran sin servicios de suministro de medicinas.

Por esta razón los pacientes se ha inconformado, ya que aparentemente el servicio fue adjudicado en condiciones opacas a la empresa DiazLab de Martin Alfredo Guldenfinger.

El problema es más latente en Guaymas, Hermosillo y en todo Obregón pues no hay entrega de consumibles, es decir, no suministran equipos de diagnóstico, a pesar de esto y por no tener las posibilidades económicas de atenderse de forma particular, los pacientes están en espera de sus resultados.

En los pasillos de las unidades médicas hay citas “hasta dentro de 15 días” lo que significa que los pacientes de diabetes, cáncer, VIH, están sin pruebas por orden de las autoridades delegacionales.

A Ángel Jiménez, paciente de urgencias, le entregaron sus resultados parciales porque no contaban con los reactivos para determinar esos parámetros, por lo que la opción era que la UMAE de Ciudad Obregón los apoyara y esta sólo recibe cinco muestras diarias del área de urgencias. 

*** CIBanco, el rostro impune del autopréstamo financiero en México

Lo que se perfila en el caso de CIBanco no es sólo una anomalía financiera, sino un síntoma estructural de corrupción sofisticada dentro del sistema bancario mexicano. 

Las revelaciones que vinculan a altos directivos con esquemas de autopréstamo, triangulación financiera y doble contabilidad evidencian una red diseñada no para servir al cliente, sino para beneficiar a los propios accionistas, disfrazando de operación legítima lo que en realidad fue saqueo institucional. 

El uso de empresas fachada como SEMEDIR y Finsus, con cuentas puente en otras instituciones como Banorte e Intercam, confirma que estamos frente a un mecanismo deliberado y orquestado.

Lo más alarmante es el silencio cómplice. 

Ni la CNBV, ni las instituciones involucradas han emitido postura alguna, a pesar de la gravedad del caso y de que los documentos, estados de cuenta y registros contables son contundentes. ¿Cuántas veces más se permitirá que los bancos funcionen como cajas chicas de sus dueños? 

Las similitudes con los abusos del FOBAPROA son evidentes, incluyendo a los mismos apellidos que alguna vez fueron rescatados con dinero público y que hoy repiten el ciclo de impunidad, ahora desde nuevas fachadas.

Ojo, entre los nombres que han sido vinculados con la coordinación del esquema se encuentran Marco Antonio Cruz Reyes, director de proyectos especiales de CIBanco, y Alfredo Madrid Rendón, identificado como parte del diseño operativo y con nexos con Sacbé Payments, empresa de Miguel Osio, también consejero del banco.

Si la autoridad financiera sigue mirando hacia otro lado, el mensaje será claro: en México, los bancos pueden lavarse a sí mismos, prestarse entre ellos y escapar sin consecuencias. 

CIBanco no es un caso aislado, sino un espejo incómodo de la fragilidad regulatoria que protege a quienes tienen poder y acceso, pero ninguna ética. Es hora de romper esa red de privilegios antes de que el sistema termine por colapsar bajo su propio cinismo.

*** Facturas impresas, contratos opacos

En un movimiento que ha generado inquietud entre observadores del gasto público, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Emilia Esther Calleja, adjudicó de manera directa a Talleres Gráficos de México (TGM) un contrato plurianual por 1,483 millones de pesos para la impresión de avisos-recibo, con vigencia hasta 2027. 

Aunque se trató de una asignación entre entes públicos, TGM recurrió rápidamente a la subcontratación de la empresa Gráficas Corona JE, propiedad de Juan Sebastián Estrada Hernández, a quien le otorgó un contrato por más de 826 millones de pesos, es decir, más de la mitad del monto original, bajo el argumento de “ampliar su capacidad instalada”.

El mecanismo, aunque contemplado en las bases del concurso, plantea dudas por su velocidad y estructura. La convocatoria fue emitida el 26 de noviembre de 2024; dos días después, se dio el fallo a favor de TGM, y apenas iniciado el 2025, ya se había firmado el convenio con Gráficas Corona JE. 

Todo esto sin competencia visible y con base en la justificación de que la empresa tenía experiencia e infraestructura suficiente, una explicación que empieza a volverse lugar común cuando se trata de este proveedor. 

Y es que desde hace al menos cinco años, esta firma ha acaparado los contratos relacionados con la impresión de recibos de luz, primero por licitación y después, cada vez con mayor frecuencia, por adjudicación directa.

El historial no es menor. Solo entre 2020 y 2024, Gráficas Corona JE obtuvo contratos de CFE por más de 1,500 millones de pesos, incluyendo uno directo por casi 950 millones en 2022. 

A eso se suma el acuerdo con TGM en 2023 por 427 millones de pesos para la producción de documentación electoral del proceso 2023-2024, pese a que esa responsabilidad, por mandato del INE, debía recaer exclusivamente en el organismo descentralizado de Gobernación. 

La solución, otra vez, fue tercerizar con el proveedor de siempre, bajo el argumento de “una gran encomienda” que rebasaba la capacidad instalada de TGM.

Detrás de esta cadena de contratos millonarios está también una figura clave: Maribel Aguilera Chairez, titular de TGM desde junio de 2022. Su nombramiento generó controversia desde el inicio por su falta de experiencia en impresión y producción editorial.

Aunque presume una licenciatura en Derecho y una maestría en Alta Dirección, no existe registro oficial de sus cédulas profesionales en la Secretaría de Educación Pública. Su trayectoria política se remonta al PRI de Durango y, más recientemente, al Movimiento de Regeneración Nacional, donde ha ocupado cargos legislativos, pero ninguno vinculado al área técnica que hoy encabeza.

La triangulación entre CFE, TGM y Gráficas Corona JE se ajusta, en el papel, a los requisitos legales, pero no necesariamente a los principios de eficiencia y transparencia que deberían regir el uso del erario. Lo que aparece como una estrategia administrativa para resolver capacidades operativas termina pareciendo un circuito cerrado de contratos para beneficiar a un proveedor recurrente. 

Y mientras las autoridades aseguran que se trata de decisiones basadas en experiencia y resultados, los números y la opacidad sugieren otra cosa: que los recibos de luz no solo reflejan el consumo eléctrico, sino también la intensidad de las relaciones políticas y comerciales detrás del papel impreso.

*** Piden al SAT y a la UIF llamar a cuentas a líder del SNAC

Las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cargo de Alfredo Domínguez Marrufo, están conscientes que Alejandro Martínez Araiza no ha sido transparente ni con los trabajadores del SNAC ni con la autoridad, por ello le exigieron abrir los libros de las cuotas sindicales para conocer en qué se usan, sin que  esto se haya cumplido.

Algo que debe explicar con claridad a los trabajadores del sindicato es con qué recursos compró y administra el Hostal Apapacho en el Centro de la CDMX, otro de sus nuevos negocios.

Por ello, los disidentes demandaron que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el del SAT, Antonio Martínez Dagnino, acudan a la Torre Omega para comprobar ingresos y negocios que esconde el dirigente del SNAC y su Comité.

*** SIMA y su suerte con la Sedena

TOME NOTA *** Al interior del sector salud, sorprende la suerte de la empresa Sincronía Médica Aplicada (SIMA), al mando de Nelly Guevara, pues justo el viernes pasado se volvió a servir con la cuchara grande con un millonario contrato en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que lleva Ricardo Trevilla Trejo, y aunque trataron de hacerlo en lo oscurito salió a relucir, otra vez, la falta de transparencia. 

La dependencia otorgó otro contrato a esta proveedora de equipo e insumos médicos, que tan sólo en lo que va del 2025 ya acumula más de mil millones de pesos en contratos adjudicados de forma opaca. La última joya corresponde a la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-110-007000999-N-417-2025 por un monto de alrededor de 530 millones de pesos. 

Sin embargo, sorprende que los resultados se dieron a conocer en la madrugada bajo un nuevo criterio que no explica por qué los demás concursantes no fueron elegidos, y ya se rumora ya prendió focos rojos en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro. Al tiempo. 

*** Fortalecer el autotransporte mexicano

La industria del autotransporte mexicano, a pesar de los desafíos internacionales, tiene en sus manos una oportunidad clave de crecimiento. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), presidida por Rogelio Arzate, llamó a fortalecer el mercado interno con una flota más moderna, sustentable y competitiva, especialmente para las MIPyMES. 

Con la renovación vehicular y la adopción de tecnologías limpias como la electromovilidad y el Diésel Ultra Bajo en Azufre, ANPACT busca mejorar la eficiencia y productividad del sector. Aunque el primer semestre de 2025 mostró una baja en ventas y producción, la industria se mantiene firme en su compromiso con el crecimiento económico y la sostenibilidad, en busca de impulsar la exportación de vehículos pesados y continuar con la transformación del autotransporte hacia un modelo más ecológico y competitivo.