
Libros de ayer y hoy

Avances en las mesas de diálogo: Canacar
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con la Federación Mexicana de Tripulantes y Transportistas A.C. (FEMATRAC) y la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), INDECO y Concanaco Servytur, dieron a conocer los acuerdos alcanzados con el gobierno tras las mesas de diálogo.
En materia fiscal, Augusto Ramos Melo, presidente de Canacar, descartó una negativa definitiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues explicó que, si bien se rechazó elevar de 250 millones a 300 millones de pesos el umbral para el acreditamiento de casetas, aún está pendiente una respuesta sobre facilidades administrativas para compensar sobrecostos por extorsiones, cobro de piso, grúas y gastos sin factura, planteamiento que esperan resolver en noviembre.
El pliego de 29 puntos incluye acuerdos en infraestructura, seguridad, regulación laboral, trámites digitales y comercio exterior.
Con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se pactó publicar en diciembre la reclasificación de 11 mil kilómetros en 102 carreteras, regular grúas y corralones, atender 62 tramos ante un presupuesto de conservación de 9 mil 318 millones de pesos para 2027 —que cubre 17 por ciento de la red libre—, ampliar trámites en 14 centros regionales, frenar la sobrerregulación municipal e impulsar paradores seguros mediante el Plan México.
Con Caminos y Puentes Federales (Capufe), organismo al que el sector aportó 69 mil 542 millones de pesos en 2025, equivalentes a 56 por ciento de sus ingresos, se revisarán las fallas del cobro electrónico que generan esperas de 30 minutos a 460 mil camiones.
*** Alternativa logística
Luego de que en 2025 el intercambio de bienes entre México y Estados Unidos superó los 850 mil millones de dólares, donde cerca del 85% se transportó por camión o ferrocarril y menos del 8% por vía marítima, Green Tide Logistics, naviera mexicana cofundada por Manuel Álvarez, ya puso la mira para desarrollar una red logística más resiliente.
Esto ante la saturación de los cruces fronterizos y las carreteras, la empresa busca diversificar el movimiento de carga hacia Estados Unidos y Canadá mediante rutas marítimas de corta distancia, en respuesta a las presiones que enfrenta la infraestructura de transporte terrestre por el crecimiento de la demanda.
Y es que la infraestructura carretera y fronteriza no crecerá al mismo ritmo de la demanda. Se trata de una presión estructural sobre la capacidad y confiabilidad del transporte terrestre, por lo que la compañía desarrolla un modelo marítimo de corta distancia que conecta el Golfo de México con la costa este de Estados Unidos, sin transbordos.
Desde Tuxpan, Veracruz, la carga llega en aproximadamente cuatro días a Port Canaveral, Florida, y en siete días a la región de Filadelfia. El modelo aprovecha los puertos cercanos a los centros productivos y el traslado por mar para reducir los kilómetros que recorren las mercancías por carretera.
Esta modalidad también ofrece una alternativa que no depende de los cruces fronterizos terrestres y permite diversificar las opciones para el movimiento de mercancías, en un contexto de presión sobre la capacidad de las rutas carreteras y fronterizas.
Así, no descarta ampliar de manera gradual su red con nuevas rutas, entre ellas una salida desde Coatzacoalcos, Veracruz, además de extender sus conexiones hacia Canadá. Su estrategia apunta a consolidarse como especialista en transporte marítimo de corta distancia en el Golfo de México y la costa este de Norteamérica, como complemento al camión y al ferrocarril.
Por cierto, también trabaja en una plataforma tecnológica para calcular las emisiones de cada embarque mediante metodologías reconocidas internacionalmente, con ello, sus clientes podrán conocer la huella de carbono asociada al traslado de sus mercancías e incorporar esa información a sus estrategias de sostenibilidad.
*** La disputa fuera de tribunales
La estrategia de defensa de Irene León Escamilla, quien enfrenta un proceso penal por presunto fraude procesal contra Grupo Herdez, parece tener ahora un segundo escenario: las redes sociales. Su hermana, Aurora León, promovió mensajes contra la empresa y un llamado al boicot, al tiempo que busca relacionar el expediente con la detención en Colombia del juez federal Luis Benítez, investigado por un presunto soborno en un asunto de extradición solicitado por Estados Unidos.
El problema de esa narrativa es que las principales decisiones judiciales del caso Herdez tienen fechas anteriores y corresponden a otros juzgadores.
La historia judicial comenzó antes de esa controversia, en diciembre de 2024, Júpiter López Ruiz ordenó la prisión de León Escamilla; en marzo de 2025, Juan José Hernández Leyva dictó una orden de aprehensión federal dentro de una causa que actualmente conoce Benito Edgardo Hernández Luna.
En agosto de ese año, la Séptima Sala Penal, con ponencia de Jesús Ubando López, ratificó la medida. Esta secuencia resulta relevante porque permite distinguir las actuaciones de cada autoridad y cuestiona que la situación procesal de la abogada pueda atribuirse a un solo juez.
Pero hay otro elemento que merece atención: en una declaración manuscrita presentada ante el Ministerio Público el 11 de septiembre de 2025, Irene León Escamilla habría reconocido su participación, junto con Humberto Cavazos Chena, Alfredo Colín y Emilio Mahuad Gantus, en una demanda laboral sustentada en un trabajador inexistente y un testigo falso.
El documento también refiere una exigencia de 20 millones de pesos a Grupo Herdez para evitar el embargo de sus cuentas. Se trata de señalamientos relevantes para el expediente, aunque su alcance probatorio y la eventual responsabilidad penal corresponden a los tribunales.
Tampoco puede pasarse por alto lo ocurrido en 2026, pues José Alfredo Sotelo Llamas negó el sobreseimiento en febrero; posteriormente, el Cuarto Tribunal Colegiado intervino por unanimidad ante el intento de desistimiento de la Fiscalía capitalina en mayo.
En julio, Erik Zabalgoitia Novales, Juez Decimocuarto de Distrito, consideró justificada la permanencia en prisión mientras se resolvían los amparos pendientes. El debate público puede influir en la percepción del caso, pero no sustituye el análisis de las pruebas ni las decisiones judiciales. Una campaña digital y un proceso penal operan bajo reglas distintas, por mucho que se intente llevar la controversia de uno al terreno del otro.
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