Visión financiera

Respaldan Compromiso de Toronto para retorno de niños y prisioneros retenidos por Rusia

​Con la presencia de 83 delegaciones internacionales, concluyó en la ciudad de Toronto la segunda edición de la Conferencia Internacional Pathways to Peace, coorganizada por los gobiernos de Canadá, Ucrania y Noruega.

La cumbre culminó con la firma del Compromiso de Toronto, un plan de acción respaldado por 54 Estados y organizaciones internacionales para acelerar el retorno de las infancias deportadas, la liberación de civiles arbitrariamente detenidos y el intercambio de prisioneros de guerra.

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Durante dos jornadas de trabajo (28 y 29 de septiembre), los participantes escucharon testimonios desgarradores de sobrevivientes de la ocupación y el cautiverio ruso, así como de familiares de detenidos. Las delegaciones avanzaron en sesiones a puerta cerrada para trazar rutas concretas de rescate e implementar la resolución A/RES/ES-11/9 de la Asamblea General de la ONU.

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“Un comunicado expresa intenciones, pero las intenciones por sí solas no hacen que las personas regresen a casa. Durante estos dos días, una silla vacía permaneció junto al podio como símbolo de las miles de personas que aún esperan volver. Toronto será recordado por cuántas de esas sillas dejen de estar vacías cuando volvamos a reunirnos”, afirmó Denys Uliutin, ministro de Política Social, Familia y Unidad de Ucrania.

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​La cumbre arrojó resultados tangibles en materia diplomática, sancionatoria y de apoyo financiero. Noruega anunció un paquete de 25 millones de dólares destinados al Comité Internacional de la Cruz Roja y UNICEF para la búsqueda y atención psicológica de las víctimas. Por su parte, Canadá sumó más de 6.8 millones de dólares canadienses enfocados en la reintegración infantil, apoyo a sobrevivientes de violencia sexual y lucha contra la rusificación.

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Por su parte, la Unión Europea anunció nuevas sanciones contra 10 personas y 17 entidades responsables de la asimilación forzada y educación militarizada de niños ucranianos, en tanto el gobierno canadiense sancionó a ocho individuos vinculados a estas violaciones de derechos humanos.

​Honduras formalizó su adhesión a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, elevando el número de miembros a 52 y dos países se sumaron a la iniciativa Safe Pathways Home, permitiendo que sus territorios sean utilizados como vías de tránsito para rescates humanitarios.

Se aprobó la Agenda 2026–2027 de la Coalición Internacional, priorizando la lucha contra la militarización de la juventud ucraniana en territorios ocupados. El documento final reafirma la urgencia de actuar ante las alarmantes cifras de la crisis humanitaria.

Según datos del gobierno ucraniano, al día de hoy se han verificado 20,651 casos de deportación forzada de menores, mientras que estimaciones de la OSCE señalan que más de 1.5 millones de niños viven en territorios bajo control ruso expuestos a procesos de adoctrinamiento.

​El Compromiso de Toronto insta formalmente a la Federación Rusa a

​devolver de inmediato y sin condiciones a todas las niñas y niños deportados, deteniendo cualquier proceso de cambio de estatus civil o adopción forzada. Revelar la ubicación y permitir acceso consular y familiar a todos los civiles detenidos ilegalmente desde 2014.

​Cumplir con el Tercer Convenio de Ginebra, garantizando acceso a la Cruz Roja a todos los centros de internamiento y concretar un intercambio de prisioneros de guerra bajo el principio de “todos por todos”.

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A la fecha, la iniciativa ha logrado el retorno seguro de 2,651 niños y niñas, mientras que 9,726 militares y civiles ucranianos han sido rescatados del cautiverio ruso.

*** Un museo sin claridad

El nuevo MUNET enfrenta su primera gran prueba antes de que sus instalaciones reciban a miles de personas. “The Lineup Mexico City 2026” tiene previstos tres conciertos, con Sean Paul, Deorro y Calvin Harris como protagonistas, para los días 29, 30 y 31 de octubre. Sin embargo, la información disponible deja dudas sobre las autorizaciones y medidas necesarias para un evento de esta magnitud.

La Secretaría de Gobierno no encontró antecedentes en la mesa de coordinación interinstitucional; Protección Civil señaló que no recibió, revisó ni aprobó un Programa Especial de Protección Civil; Bomberos no tenía solicitud de visto bueno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana carecía de planes de seguridad y movilidad, así como de horarios y previsiones de personal.

El asunto adquiere mayor dimensión porque el museo se encuentra en un predio de la CFE, que dirige Emilia Calleja. El INVEA realizó una inspección ocular, pero determinó que no tiene competencia por la propiedad del terreno. Finanzas también remitió las consultas hacia la empresa eléctrica. En consecuencia, permanece sin respuesta clara quién debe autorizar y supervisar aspectos como aforo, estacionamiento, accesos, alcohol, vialidad, ruido y protección contra incendios.

Tampoco es menor la estructura bajo la cual funciona el museo. El 19 de agosto de 2024, la CFE pactó un donativo de 850 millones de pesos con Banorte, fiduciario del fideicomiso F/744942, para concluir, equipar y abrir el MUNET, además de sostener su funcionamiento durante siete años. El acuerdo contempló 400 millones de pesos a la firma y otros 450 millones cuando la CFE asumiera la presidencia del Comité Técnico.

Ese convenio colocó a la CFE en una posición relevante dentro del gobierno del proyecto y estableció obligaciones de información. Entre ellas figuran informes semestrales, estados de cuenta, comprobantes, reportes anuales y supervisión externa del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Si la empresa eléctrica preside el Comité Técnico y aporta recursos para la operación, resulta razonable pedir claridad sobre las decisiones relacionadas con los conciertos.

Una de esas preguntas corresponde a NPU Live. Debe conocerse quién contrató a esta empresa para “The Lineup Mexico City 2026”, cuánto pagará por utilizar el recinto y cuál será el destino del dinero. También corresponde precisar si la actividad comercial resulta compatible con el usufructo gratuito de 55 mil metros cuadrados concedido para el desarrollo, operación y funcionamiento del museo.

El fideicomiso FIMUNET, a cargo de Juan Rivas Mora y con participación pública y privada, forma parte de esa ecuación. La existencia de un modelo mixto no elimina la necesidad de reglas claras cuando intervienen un inmueble público y recursos de la CFE. Si el MUNET obtiene ingresos por actividades comerciales, deben existir condiciones transparentes, contraprestaciones definidas y beneficiarios identificables.

Por eso, la Ciudad de México no debería esperar al inicio del espectáculo para resolver estas interrogantes. La Secretaría de Gobierno, Protección Civil, Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el INVEA y Finanzas ya forman parte de un panorama que requiere coordinación.

El MUNET puede convertirse en un referente cultural, pero su primera prueba será demostrar que un proyecto respaldado con recursos públicos también puede ofrecer transparencia, seguridad y rendición de cuentas antes de abrir sus puertas a un evento masivo.

*** Herdez, el lado B

El conflicto jurídico de Grupo Herdez, que encabeza Héctor Hernández-Pons Torres, dio un giro en los tribunales que redefine la lectura del caso. Irene León Escamilla, abogada acusada de fraude procesal por un litigio laboral que se remonta a 2007, estuvo cerca de librar el proceso cuando la Fiscalía capitalina (FGJ) desistió de la acusación en mayo pasado, pese a que el expediente ya se encontraba en una etapa avanzada.

Sin embargo, el escenario cambió en julio, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado determinó que el delito no estaba prescrito y advirtió una “incongruencia” en el retiro de la acusación, pues la propia FGJ había sostenido durante meses que existían elementos para llevar el caso adelante. El criterio, sumado a la resolución de un juez federal que anuló el desistimiento por incompetencia de la autoridad, dio oxígeno a la batalla de Herdez.

Y hay otro frente. Reportes periodísticos señalan que la FGR, de Ernestina Godoy, mantiene indagatorias sobre un posible montaje laboral contra la compañía y el presunto uso de documentos alterados. El desenlace del proceso podría convertirse en un precedente para el sector empresarial frente a posibles esquemas de simulación.

*** Salto exponencial 

TOME NOTA *** Una empresa que ha registrado un crecimiento exponencial en el monto de sus contratos es PROAM Administración. La compañía tenía registrados cuatro contratos gubernamentales por un total de 2.4 millones de pesos cuando el Infonavit, de Octavio Romero, le asignó directamente uno por 505 millones 404 mil 305.61 pesos para prestar servicios de limpieza y suministrar insumos en oficinas de 16 entidades durante tres años.

El mayor antecedente identificado de PROAM en servicios de limpieza era un contrato por 823 mil pesos adjudicado por Capufe en 2025. El salto económico es considerable y, por sí mismo, vuelve relevante conocer cómo se acreditaron la capacidad operativa y las condiciones de la empresa para asumir un servicio de esa magnitud.

La discusión adquiere otra dimensión por los señalamientos públicos de trabajadores de PROAM. En febrero denunciaron presuntas carencias en la afiliación al IMSS, la entrega de comprobantes de pago y el equipo de protección; este mes, trabajadores que laboran en unidades médicas del ISSEMyM protestaron para reclamar salarios que, aseguraron, permanecían pendientes.