Visión Financiera 

Alex Saab reabre el expediente CLAP

La declaración de Alex Saab ante un tribunal federal de Miami vuelve a colocar bajo la lupa una operación que durante años cruzó fronteras, empresas y gobiernos, luego de que el empresario colombiano, considerado por autoridades estadounidenses testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes 15 de septiembre de lavado de dinero relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

El caso adquiere una dimensión mexicana porque entre los proveedores del programa venezolano estuvieron La Cosmopolitana y Productos Serel, empresas de Corporativo Kosmos.

Por su parte, Saab aceptó colaborar con las investigaciones estadounidenses y entregar 195 millones de dólares considerados producto de actividades ilícitas, asimismo, el delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión, mientras su colaboración abre una nueva etapa para conocer cómo operó aquella red de negocios.

La Fiscalía estadounidense sostiene que entre 2015 y 2019 Saab participó en un esquema de sobornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos destinados a importar alimentos.

De acuerdo con la acusación, la operación habría recurrido a empresas fantasma, registros de embarque falsificados y cuentas bancarias estadounidenses para mover cientos de millones de dólares. 

La red también habría realizado operaciones con petróleo de la estatal PDVSA, en un momento en que las sanciones estadounidenses complicaron los pagos a proveedores del programa alimentario.

En ese entramado aparece la ruta comercial de los productos que terminaron en las despensas de los CLAP. Y es precisamente ahí donde los negocios de empresas mexicanas de Corporativo Kosmos vuelven a cobrar relevancia en el expediente público.

La participación de La Cosmopolitana y Productos Serel en el abastecimiento de los CLAP fue documentada desde 2018 mediante investigaciones periodísticas basadas en registros aduaneros.

Durante el primer semestre de ese año, ambas empresas enviaron conjuntamente alrededor de 150 toneladas de alimentos a Venezuela. 

Entre los productos identificados figuraron leche en polvo, lentejas, frijoles y azúcar de la marca Kosland, perteneciente a Productos Serel. Una de las operaciones pasó por Wellsford Trading Corp., sociedad registrada en Panamá que adquirió alimentos de Serel y posteriormente facturó a un organismo del Ministerio de Alimentación venezolano 73 mil 710 cajas con 11 productos. La operación, que incluía leche Kosland, tuvo un valor aproximado de 2.57 millones de dólares.

Pero la historia no terminó en los documentos de embarque ni en las facturas, porque también surgieron cuestionamientos sobre la calidad de algunos productos.

En México, mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó el 19 de junio de 2018 la denuncia DEN-UIF-40-2018 contra 14 personas y empresas presuntamente relacionadas con la red de proveedores de los CLAP entre los señalados figuran Group Grand Limited, sociedad vinculada con Alex Saab y Álvaro Pulido; y Productos Serel, perteneciente a Corporativo Kosmos.

*** Fuga de capital norteño

Nos cuentan que el cierre de la planta de GrafTech en Apodaca puede tener otras razones que las corporativas. La multinacional, con unos 5 mil colaboradores a nivel global, atribuyó la decisión de abandonar su planta en Nuevo León, al exceso de capacidad mundial de electrodos de grafito, particularmente por el crecimiento de China e India.

Sin embargo, la instalación, que emplea a más de 500 familias, también acumuló en los últimos años clausuras, señalamientos ambientales y una complicada relación con las autoridades estatales.

Durante la gestión de Félix Arratia en Medio Ambiente, la empresa fue exhibida entre aquellas que supuestamente no habían reportado acciones para reducir emisiones, aunque no se hicieron públicos los estudios, mediciones y metodología que permitieran dimensionar técnicamente esos señalamientos.

Pero no solo eso. En marzo de 2023, Medio Ambiente firmó un convenio para que Reforestación Extrema recibiera directamente aportaciones por compensaciones ambientales cuyos montos fijaba el Estado.

La asociación pasó de facturar 4.2 millones de pesos en 2022 a 60.6 millones entre enero y agosto de 2023, y cerró ese año con 81 millones ejercidos. Entre sus principales aportantes estuvo precisamente GrafTech, con 4.2 millones de pesos. 

Así que la pregunta que empieza a circular en Nuevo León no es si el gobierno de Samuel García o Félix Arratia provocaron la salida de GrafTech —no hay elementos para afirmarlo—, sino cuánto pesaron el entorno regulatorio, las clausuras, el acoso y la exposición pública cuando la compañía tuvo que decidir qué instalación sacar de su red global. Porque mientras la administración estatal presume cada nueva inversión que aterriza en Nuevo León, el cierre de GrafTech sugiere otra cosa.

*** Cuando el crimen se infiltra

TOME NOTA *** “Estado en retirada”, la nueva investigación del periodista Óscar Balderas, plantea una discusión incómoda sobre el alcance que tienen los grupos del crimen organizado dentro de distintos espacios de la vida pública.

Su planteamiento sobre una posible captura criminal en movimientos normalistas exige distinguir entre demandas legítimas de educación, seguridad y justicia, y los intereses que pueden intentar utilizarlas. Respaldar las causas sociales también implica protegerlas de cualquier estructura delictiva que pretenda aprovechar su organización, sus reclamos o su capacidad de movilización.

El informe, presentado por Defensorxs y Narcodata, será expuesto este lunes 21 de septiembre en el Claustro de Sor Juana. Un encuentro necesario para ampliar la discusión sobre impunidad, infiltración criminal y capacidad institucional frente a la presencia delictiva en espacios sociales.