
Visión Financiera

Puerto de Manzanillo en expansión
La modernización portuaria dejó de ser una apuesta de largo plazo para convertirse en una necesidad inmediata. El crecimiento del comercio transpacífico, la relocalización de cadenas de suministro y la presión que ejerce el nearshoring obligan a los operadores a incrementar capacidad antes de que la demanda los rebase.
En ese escenario, Hutchison Ports TIMSA destinó más de 70 millones de pesos para incorporar dos nuevas grúas eléctricas tipo Rubber Tyred Gantry Crane (e-RTG) a su terminal en Manzanillo, una inversión que fortalece su capacidad operativa y confirma el momento de expansión que vive el principal puerto del Pacífico mexicano.
Cada equipo cuenta con capacidad de levante de 45 toneladas, lo que permitirá agilizar las maniobras de patio y elevar la productividad de la terminal. La decisión también acompaña el desarrollo de un nuevo patio externo que la compañía construye para incrementar su capacidad logística.
Las cifras respaldan la estrategia. De acuerdo con ASIPONA Manzanillo, el puerto movilizó 3.89 millones de TEUs durante 2025 y rebasó el millón de TEUs en el primer trimestre de 2026, desempeño que refleja el dinamismo del comercio exterior mexicano.
Jaime Andrés García López, gerente general de Hutchison Ports TIMSA, sostiene que la competitividad logística exige infraestructura cada vez más eficiente, segura y sustentable. No es casual que la inversión se concentre en equipos 100% eléctricos, alineados con la estrategia global de Hutchison Ports para reducir 54.6% sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2033 y alcanzar emisiones netas cero en 2050.
La apuesta también refleja un cambio dentro de la industria portuaria. La incorporación de tecnología ya no sólo busca mover más carga; también responde a estándares ambientales cada vez más estrictos y a clientes que demandan operaciones con mayor eficiencia y menor impacto ambiental.
La competencia entre terminales comienza a definirse por quién invierte primero y quién logra anticiparse al crecimiento del comercio. En ese terreno, Manzanillo mantiene una posición estratégica y operadores como Hutchison Ports TIMSA aceleran su proceso de modernización para conservar una participación relevante dentro del sistema logístico nacional.
Más allá de la llegada de nuevas grúas, el mensaje es claro: la infraestructura portuaria seguirá siendo uno de los principales termómetros de la inversión privada y de la capacidad de México para aprovechar el crecimiento de las cadenas globales de suministro.
*** Relevo atlista
Más que un simple relevo de nombres, la reestructura presentada por Grupo Prodi en Atlas FC deja ver la ruta que seguirá el club bajo un modelo de gestión marcadamente corporativo.
La decisión de colocar a Gerardo Casanova al frente de la presidencia ejecutiva, acompañada por la incorporación de Andoni Zubizarreta en el área deportiva y una estructura matricial que conecta cada unidad de negocio con la plataforma PRODI Sports & Entertainment Group, confirma que la apuesta trasciende la cancha.
La intención consiste en transformar a Atlas en un activo deportivo capaz de generar valor mediante infraestructura, comercialización, contenidos y experiencias, siguiendo una lógica más cercana a la de una empresa internacional que a la de un club tradicional.
Mucho tiene que ver la visión empresarial de José Miguel Bejos, quien desde hace años ha impulsado la diversificación del conglomerado hacia sectores donde convergen infraestructura, movilidad, turismo y ahora el entretenimiento deportivo.
Si la ejecución acompaña al discurso, el proyecto podría convertirse en uno de los casos más interesantes para seguir dentro de la relación entre capital privado y fútbol mexicano.
*** Límites del poder
TOME NOTA *** La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arranca el próximo lunes con la discusión de la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco, representado por Abelina López Rodríguez, un asunto que podría sentar un precedente para todos los municipios del país.
Y es que, se plantea confirmar que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, encabezada por Marcos César Paris Peralta Hidalgo, carecía de competencia para fiscalizar recursos federales, respaldando el argumento jurídico que el gobierno de López Rodríguez sostuvo desde el inicio del litigio.
El caso trasciende, dado que, ninguna autoridad puede ejercer facultades que la ley no le otorga. Sin duda, la resolución definiría con mayor claridad el alcance de las atribuciones de las instancias estatales de fiscalización frente al manejo de recursos federales.
Si el proyecto es aprobado, la decisión marcaría un nuevo criterio sobre los límites de las auditorías estatales y fortalecería el papel de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de recursos federales.