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CULIACÁN, Sin., 27 de febrero de 2026.- El presidente del Consejo Intercamaral Juvenil de Sinaloa y actual dirigente del organismo en Culiacán, Rafael Izabal Sanz, informó sobre la presentación de una iniciativa ante el Congreso del Estado para eliminar las cuotas de arrastre y pensión que se cobran a víctimas de robo de vehículos.
Izabal Sanz expuso que el robo de vehículos en Sinaloa representa no solo un problema de seguridad, sino también una fuerte carga económica para las familias afectadas.
Detalló que, de acuerdo con cifras publicadas el 9 de septiembre de 2024 y actualizadas al 24 de febrero de 2026, se han registrado nueve mil 902 vehículos robados en la entidad, lo que equivale a un promedio de 19 unidades sustraídas diariamente.
Indicó que, según el informe mensual de seguridad y paz, el robo de vehículos aumentó 2.5 veces de 2024 a 2025.
Tan solo en 2025 se reportaron 6 mil 851 robos en el estado, de los cuales 3 mil 923 ocurrieron en Culiacán, lo que representa un incremento del 57 por ciento.
En cuanto a la recuperación, señaló que la tasa estatal ronda el 18 por ciento, mientras que en Culiacán es del 26 por ciento.
Subrayó que detrás de cada cifra hay una familia o empresa que enfrenta gastos adicionales tras el delito, como deducibles de seguro, transporte alternativo, pérdidas laborales y trámites administrativos.
Explicó que cuando un vehículo es recuperado, generalmente es trasladado a pensiones privadas mediante grúas particulares, con costos que oscilan alrededor de 12 mil pesos por arrastre y resguardo.
Con un promedio de cuatro vehículos recuperados diariamente considerando la tasa de recuperación estatal, esto representaría cerca de 48 mil pesos diarios en costos para las víctimas, es decir, alrededor de un millón 440 mil pesos mensuales.
Añadió que, con base en datos oficiales que reportan mil 907 vehículos recuperados, el cobro estimado por arrastre, calculado en 12 mil pesos por unidad, generaría un sobrecosto de 22 millones 884 mil pesos para los afectados.
“El robo de vehículos no es únicamente una estadística delictiva, es un fenómeno que afecta la movilidad laboral y empresarial, impacta directamente la economía familiar y genera mayor percepción de inseguridad”, expresó.
Ante este panorama, el Consejo Intercamaral de Culiacán presentó formalmente una iniciativa ante el Congreso del Estado de Sinaloa para eliminar las cuotas de arrastre y pensión a víctimas de este delito.
“Nuestra postura es clara: la víctima no debe pagar las consecuencias económicas de un delito que no cometió”, enfatizó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para trabajar de manera coordinada en soluciones que permitan recuperar la seguridad y la confianza en la entidad.




