Un domingo cualquiera

Para la abrumadora mayoría este 26 de febrero será un domingo como cualquier otro. No así para muchos quienes han sido convocados para expresar su voluntad para defender a la democracia mexicana en concentraciones en lugares emblemáticos en más de 75 ciudades, la más relevante en el zócalo de la Ciudad de México. La preocupación ciudadana es fundada y genuina. La embestida del régimen contra el INE es realidad y se presenta de diversas formas. 

Al encuentro ciudadano le anteceden no solo los golpes legislativos y la parcialidad en el proceso de renovación de los cuatro consejeros del INE, a concluir los primeros días de abril muy probablemente por la vía de la insaculación sobre propuestas que habrá de seleccionar un comité técnico evaluador parcial. En ese respecto no hay espacio al optimismo.

Sí lo hay en el plano judicial. La decisión del Ministro Alberto Pérez Dayán para resolver la inconstitucionalidad del plan B de la reforma electoral, determinó una medida cautelar que suspende los cambios legales ya aprobados por el Congreso en tanto se realiza el examen del fondo de las impugnaciones constitucionales de partidos y fracciones parlamentarias. Entre otros criterios el Ministro señala como argumento para la suspensión: “porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”. Bajo esta misma consideración es muy probable que una vez que sea promulgada la parte sustantiva de la reforma, ya aprobada por el Senado, también sea objeto de análoga prevención judicial.

Quienes convocan y concurren no aspiran a que el presidente López Obrador reflexione o reconsidere su postura. Se sabe de antemano que es inflexible su determinación, la que transita en su gobierno, en las fuerzas políticas afines y en sus representantes legislativos. Por esta misma consideración debe estar presente la traición o la extrema ingenuidad con la que los diputados de la oposición se abstuvieron de rechazar la designación a modo de los tres representantes legislativos del comité técnico evaluador para la selección de aspirantes a consejeros electorales. 

La batalla a futuro habrá de dirimirse fundamentalmente en el plano judicial. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial Federal y, particularmente, en la Suprema Corte de Justicia. Las acciones legales contra la reforma serán diversas y la de mayor trascendencia es la que atienda el pleno de la Corte, ya que podrá suspender como medida cautelar, primero, los cambios aprobados por la mayoría morenista en el Congreso y, después, resolver la inconstitucionalidad de la reforma, eventualmente, con una mayoría de 8 votos y de esta forma conjurar una parte del golpe contra la institucionalidad democrática.

Por ello ha sido un acierto que en la concentración se haya seleccionado al prestigiado académico y ministro en retiro, José Ramón Cossío, para emitir un mensaje a los presentes. Desde ahora la movilización ciudadana debe entender que la ley y la acción judicial son los recursos más relevantes y eficaces para defender y proteger a la democracia nacional y a sus instituciones. También hay necesidad de una voz enérgica, valiente y representativa de los ciudadanos preocupados por el curso autoritario del régimen. Así, otro acierto es el que haya sido invitada Beatriz Pagés, directora de Siempre!, ícono de la libertad de expresión.

Los números de los asistentes importan, el precedente del 13 de noviembre sorprendió a todos y significó un oportuno y esperanzador despertar ciudadano que seguramente habrá de replicarse este domingo. 

Quienes observan y comentan los asuntos de la vida pública deben considerar la expresión cualitativa de la irrupción ciudadana. Se trata de razones y emociones que en su acumulado y evolución representan un promisorio movimiento con una causa irrefutable: la vigencia plena de las libertades, de la democracia y del régimen republicano de división de poderes. La pulsión autocrática del régimen ha dado origen a un proceso ciudadano con enorme potencial no sólo para defender lo mejor de sus instituciones, sino para transformar para bien al país.