Teléfono rojo

EU no compartirá información sensible

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Nada, nada.

Si el gobierno mexicano quiere información de datos sensibles en materia de seguridad, servicios financieros y narcotráfico, debe investigarlos por sí mismo.

Porque la justicia de Estados Unidos no está dispuesta a compartir sus pesquisas y lo ha demostrado con el tiempo, desde hace casi un año cuando decidió hacerse de Ismael El Mayo Zambada.

Orquestó con filigrana la forma de llevar a su territorio al jefe del cártel de Sinaloa, quien durante más de medio siglo operaba en las sombras del narcotráfico y México jamás pudo acercarse siquiera a él.

Todo resultó simple.

Un hijo de Joaquín Guzmán Loera, dice la teoría impulsada allende el río Bravo, Joaquín Guzmán López tendió una trampa a su sobrino y cayó el 25 de julio de 2024 cual inocente palomita.

Sin ningún conocimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pese a los convenios de colaboración, de repente ambos aparecieron en el aeropuerto de El Paso, Texas, y desde entonces están en sus cárceles y sujetos a proceso.

SÚPLICAS INÚTILES

Es un caso paradigmático.

López Obrador todos los días pedía información y jamás la recibió… ni la recibirá Claudia Sheinbaum aunque insista.

Desde entonces se han dado muchos sucesos de gran secrecía y nada se ha comunicado a la administración de Sheinbaum, como la entrega de 17 familiares de Ovidio Guzmán Loera, otro hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Llegaron a la garita de San Ysidro para entregarse al FBI (Federal Bureau of Investigation, por sus siglas en inglés) en un acuerdo negociado durante meses y pactado para garantizarles protección.

Y llegaron con una cifra irrisoria en el bolsillo: 70 mil dólares, acaso para hamburguesas y café.

Ahora el tema es el golpe al sistema financiero mexicano cuando el Departamento del Tesoro ficha a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador.

Por su conducto se operaron, dice la información oficial, 40 millones de dólares para Genaro García Luna, a quien el tabasqueño ha presentado como prueba de la corrupción del ex presidente Felipe Calderón.

El tabasqueño y el michoacano ya están en el mismo bando.

El destino los ha alcanzado… y juntado.

OTRA IMPUNIDAD

1.- La alcaldesa Abenila López se suma a la lista de impunidades.

Debe aclarar 898 millones de pesos cuyo uso no ha comprobado el Ayuntamiento de Acapulco, pero ahora la protección le ha llegado desde el máximo tribunal.

Los votos de los ministros Javier Láynez y Jasmín Esquivel le concedieron suspensiones para evitar lo conducente en esos casos: su destitución como edil por el Congreso de Guerrero.

Pero la denuncia penal en su contra existe y será necesario ver qué pasa con el proceso de revocación de mandato impulsado por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

¡Ah, pero en la 4t no se ocultan corruptelas!, dice el discurso oficial.

Y 2.- a la 4t nada adverso le gusta.

Está inconforme porque en Nuevo León tres candidatos perdedores –Ernesto Camacho, Claudia Garza y Guadalupe Vázquez– impugnaron la planilla del acordeón.

¿Cuál es el enojo?

A juicio del oficialismo ensucian la elección judicial y la instrucción presidencial era hacer magistrados y jueces a quienes desde fueron seleccionados desde la Ciudad de México.