Hace CESP propuestas para evitar se repita un tercer jueves negro

CULIACÁN, SIN., 7 de febrero de 2023.- A un mes y en seguimiento a las demandas emitidas a través de esta Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a raíz de los hechos de violencia del 5 de enero, los consejeros ciudadanos ponen sobre la mesa una Agenda Mínima de temas prioritarios dirigidos a las autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que consideramos pueden ser la base para la No Repetición de estos hechos de violencia.   

De acuerdo a un comunicado se debe de alcanzar el Estado de Fuerza óptimo en Sinaloa. 

En todo el estado se cuenta con un universo evaluable de seis mil 454 agentes policiales, PEP 784, Custodios Penitenciarios 346, Policía Investigadora mil 438 y Policía Municipal tres mil 886. 

Hay un déficit cercano al 30 por ciento de uniformados. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la media de fuerza recomendada es de 300 agentes por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, en la entidad contamos con una tasa de 213 por cada 100 mil habitantes. Consideramos que alcanzar esta meta es factible en el corto plazo.    

Se tiene que debilitar la estructura bélica, financiera y logística de las organizaciones criminales.

A la par de incrementar el número de agentes policiales estatales y federales, el Gobierno federal debe combatir el lavado de dinero y armamentismo de manera estratégica, y continuar dando el apoyo de las fuerzas castrenses, garantizando en todo momento una efectiva coordinación entre las instituciones.

Urge la creación de bases de operación permanentes de la PEP en Mazatlán y Los Mochis, ya que actualmente los agentes policiales no son permanentes.

Es necesaria la asignación de recursos extraordinarios para la ejecución de obra y contratación de personal policial para esas bases.  

También es necesaria la consolidación del servicio profesional de carrera policial para brindar garantías laborales y estímulos a los agentes policiales del estado, así como a los municipales, debido a que actualmente la Ley de Seguridad no establece las bases o mecanismos para esto.

Por lo que se requiere de un protocolo de investigación y evaluación sobre la implementación que se ha tenido de la carrera policial en todas las instituciones de seguridad del estado, así como una reforma de la ley de en la materia.

Es necesaria la renovación integral de las penitenciarías estatales, o bien, la construcción de nuevos penales con estándares de seguridad reforzados de acuerdo con la situación y contexto que se vive en Sinaloa, con énfasis en la profesionalización de custodios, la recuperación al 100 por ciento de la gobernabilidad al interior y traslado de la población de internos del orden federal a penal es de máxima seguridad.

Y sobre todo, cerrar la pinza del sistema haciendo efectivas las segundas oportunidades, por medio de la reinserción social.  

En los 18 Ayuntamientos del estado, se insiste en la aplicación irrestricta de los Bandos de Policía y Gobierno, así como las leyes y reglamentos de alcance municipal con una estricta vigilancia y sanción de las infracciones.

También hay propuestas específicas a la Fiscalía General del Estado, para que se enfoque en reducir la impunidad, fortalecer las Unidades Especializadas.  

Se mejoren las Unidades de atención temprana para atender mejor las denuncias, que sea más rápido y sin contratiempos.  

Al Congreso del Estado se le sugiere que elabore un diagnóstico estratégico sobre factores de delito y que asigne recursos públicos en concordancia con sus resultados.  

Asignar recursos para bases de la policía estatal en Ahome y Mazatlán, así como reformar la Ley de Seguridad Pública en relación con el Servicio Profesional de Carrera Policial.  

Crear el sistema de reintegración a la sociedad para desincentivar la reincidencia delictiva y cortar con ese círculo vicioso.   

Destinar presupuesto basado en diagnósticos para la construcción de por lo menos un nuevo centro penitenciario con condiciones y estándares de seguridad altos.  

Todas las propuestas de esta Agenda Mínima para la No Repetición deberán tener indicadores públicos para poder dar seguimiento a los resultados, así como para tomar decisiones de mejora.  

Los consejeros de la Coordinación General del CESP están dispuestos e interesados en la construcción de paz por medio del respeto al Estado de Derecho, por lo que reiteran sucompleta disposición para trabajar en ello.