Seguridad y defensa

Estrategia de seguridad

Falta visión de Estado

La insistencia presidencial para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública por crisis de seguridad interior y extender la permisividad constitucional de abril de 2024 a abril del 2028 llevó a un desgaste innecesario del Ejército y la Marina. Aún si no se hubiera logrado el acuerdo en el Senado, el Ejecutivo tiene la facultad constitucional para utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior.

Ningún sector institucional tiene espacios tan definidos como las Fuerzas Armadas. La decisión presidencial de darles funciones en diferentes áreas solo se justifica en tanto que esos espacios tengan que lidiar con criterios de seguridad nacional, como las aduanas, la vigilancia en aeropuertos, migración y otras parecidas. Pero se distrae la tarea de seguridad militar cuando se le asignan funciones que corresponden solo a la administración civil.

Las Fuerzas Armadas tienen aún mucho qué hacer y desarrollar en el ámbito de la seguridad, pero debe resolverse uno de los temas más sensibles de la estrategia sexenal: dotar de facultades directas a militares y civiles en materia de seguridad por sí y a través de la Guardia Nacional, pero girar instrucciones muy estrictas para eludir actividades operativas, de confrontación o de persecución bajo la doctrina de “abrazos, no balazos” que solo puede funcionar en el contexto de una reconstrucción de la política de Estado para recuperar la gobernabilidad en territorios ocupados por el crimen.

Como parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la presente administración, las Fuerzas Armadas aparecen en el centro de la política de seguridad, pero solo para situaciones de presencia disuasiva y no para alguna ofensiva muy bien estructurada para ir desmantelando a los cárteles del crimen organizado y las bandas delictivas que pululan alrededor de ese ambiente de repliegue de las oficinas públicas encargadas de mantener la vigencia de la ley.

En el escenario de una ampliación de funciones de seguridad de las Fuerzas Armadas se debe contextualizar –cuando menos en el marco analítico– la ofensiva de grupos delictivos cibernéticos que robaron los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los difundieron violando los criterios legales de confidencialidad y secrecía del área de seguridad militar. Se puede interpretar una propuesta de activismo político-ideológico a la ofensiva en contra de ciertas áreas del Estado.

De acuerdo con las facultades constitucionales, las Fuerzas Armadas siempre han tenido espacios legales para participar en áreas más allá de las estrictamente referidas a la defensa de la soberanía en las fronteras; el mandato viene, inclusive, desde la Constitución de Cádiz de 1812 que facultaba al rey a utilizar a las Fuerzas Armadas para labores de “orden interior”, sin pasar por otros requerimientos que implicaban autorizaciones del parlamento o de otras instituciones civiles. Las tres constituciones mexicanas –1824, 1857 y 1917– cambiaron el concepto de “orden interior” por el de “seguridad interior”, pero es la hora en que ninguna legislatura ha tomado la decisión de reglamentar ese mandato, con excepción de 2017-2018 en el que el presidente Enrique Peña Nieto logró la aprobación de la Ley de Seguridad Interior reglamentaria de la facultad constitucional, aunque bloqueada por organismos civiles y políticos e invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De todos modos, el concepto de seguridad interior y la facultad presidencial constitucional para usar a las Fuerzas Armadas ante riesgos que tengan que ver con sucesos delictivos que rompan la estabilidad y el Estado de derecho sigue estando vigente en la Constitución, con o sin autorización previa o extensión del Quinto Transitorio de marzo de 2019 que autorizaba a la Fuerza Armada regular en labores de Seguridad pública. El punto sensible se localiza en cualquier razonamiento hasta lógico de qué la seguridad pública pasa a ser la seguridad interior cuando afecta la soberanía del Estado dentro de la República ante la expansión criminal, corruptiva, política e institucional de las bandas del crimen organizado que han asentado su dominio general capturando porciones territoriales del Estado y asumiendo funciones institucionales de gobierno supliendo las tareas de los tres niveles de la administración.

Esta facultad fue utilizada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 para lanzar la primera ofensiva policiaco-militar contra el crimen organizado en Michoacán porque había ya anulado la autoridad de las instituciones civiles y luego volvió a utilizar esa facultad para perseguir a las bandas del crimen organizado en el narcotráfico que estaban sembrando terror, explotando a los civiles y poniendo en riesgo el principio de autoridad del Estado.

Esa decisión no necesitó ninguna reforma constitucional ni ningún artículo transitorio porque la seguridad pública tiene posibilidades de convertirse en seguridad interior cuando la delincuencia afecta la soberanía interior del Estado, la integridad territorial de la República, la gobernabilidad democrática-electoral y el Estado de derecho que se sustituye por el derecho de la violencia.

Los debates legislativos le dieron una buena repasada negativa a las Fuerzas Armadas por decisiones tomadas por la autoridad civil –usarlas en labores de seguridad pública y luego y movilizarlas por la decisión de “abrazos, no balazos”–, exponiendo, como ha ocurrido, a una inmovilidad operativa de militares y marinos que han sido agredidos y humillados por grupos sociales y delictivos radicales que se confían en la orden superior de no responder con la violencia legítima del Estado.

En este contexto, el siguiente debate que debe abrirse no es sobre la extensión de la autorización constitucional a las Fuerzas Armadas para seguir en seguridad pública hasta 2028, sino conocer la estrategia operativa del Estado para lanzar una ofensiva directa y estricta contra las bandas delictivas que siguen generando violencia y que continúan capturando espacios institucionales.

Las Fuerzas Armadas estarían logrando autorización para cuatro años más en seguridad pública mientras la Guardia Nacional se profesionaliza, pero la orden de inmovilización operativa está dañando la credibilidad de las instituciones más importantes para la estabilidad del Estado y de la República.