Promueven en Sinaloa acciones legales contra uso de drones por delincuencia

CULIACÁN Sin., 3 de junio de 2025.- Con la finalidad de que las autoridades locales cuenten con herramientas jurídicas para perseguir y castigar el uso de drones en temas de seguridad, este martes el pleno del Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa que pretende castigar el uso de estos instrumentos con fines delincuenciales.

La iniciativa fue presentada por la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, que propone reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de tipificar el uso indebido de drones y vehículos terrestres operados a control remoto.

La iniciativa pretende adicionar una nueva fracción al artículo 139 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, apartado en el que se sanciona el delito de homicidio con prisión de 22 a 50 años por lo que se agregaría “Cuando en la comisión de homicidio o lesiones se utilice como medio para su ejecución aeronaves pilotadas a distancia y de desplazamiento terrestre operadas a control remoto”.

A ello se le añade que si la conducta es realizada con el uso de aeronaves pilotadas a distancia y de desplazamiento terrestres operadas a control remoto, se aumentará la pena hasta una mitad.

Asimismo, se establece que salvo que sea delito de la competencia federal, a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, así como también aquellos de desplazamiento terrestre operadas a control remoto, medios electrónicos o mediante mecanismos similares, efectúen y cometan las siguientes conductas:

l. Fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos, para vigilar y acechar las actividades de personas civiles, así como servidoras públicas con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra;

II. Arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otra persona o bienes, y

III. Impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño. Se le impondrá pena de prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, entre otras reformas.

De esta manera, se pretende que las instancias encargadas de perseguir, investigar y castigar los delitos, tengan herramientas firmes y con ello abatir los índices de impunidad.