Política al margen

Argonmexico / Rumbo al 2 de junio… Con autoridades electorales, de seguridad y representantes estatales de partidos políticos, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), instaló este martes la primera Mesa Política para garantizar la vigilancia permanente a candidatos, dirigentes y electorado durante el presente proceso electoral.

La Mesa Política tiene como objetivo que la contienda electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y paz, donde la ciudadanía defina libremente a sus representantes, expuso el titular de la SGG durante esta primera reunión de trabajo en Palacio de Gobierno, en Toluca, y previno se garantizará la gobernabilidad y desarrollo de un proceso electoral en paz y apegado a la ley.

En nombre de la gobernadora mexiquense, el encargado de la política interna dijo que para esta administración es prioridad la seguridad de las y los candidatos, dirigentes y electores; así como garantizar que las personas funcionarias públicas sean completamente imparciales y estén comprometidas con las reglas y el marco jurídico de los comicios electorales.

Para la elección estatal se tiene previsto instalar 21 mil 028 casillas para los comicios locales donde se elegirán 45 diputaciones de mayoría relativa, 125 presidencias municipales, 136 sindicaturas, 30 diputaciones de representación proporcional y 966 Regidurías.

Además, se creará una Mesa Especial de Seguridad que permitirá atender ese tema para las y los candidatos, y la ciudadanía; en cuyo marco se presentará el Protocolo de Seguridad y Análisis de Riesgo para Candidatos y Candidatas del Estado de México.

Las y los dirigentes de Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PAN, PRD, PRI, PT y Verde Ecologista, celebraron la Mesa Política y se comprometieron a participar en la misma, para trabajar en conjunto por un ejercicio democrático de pacificación, atención y prevención de temas que puedan alterar el Proceso Electoral.

Por otro lado, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad reformas para integrar y normar el concepto de justicia adaptada a infancias y adolescencias, a fin de asegurar los derechos sustantivos y procesales de niñas, niños y adolescentes con pleno respeto a su nivel de madurez y compresión particular a fin de evitar su revictimización.

Las reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad definen la justicia adaptada a las infancias y adolescencias como aquella que garantiza el respeto y efectivo cumplimiento de todos los derechos de la niñez al máximo nivel posible, teniendo en cuenta el nivel de madurez, entendimiento y circunstancias del caso.

El dictamen establece que las autoridades estatales encargadas de sustanciar procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo, o cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños y adolescentes estarán obligadas a establecer las acciones necesarias para que cuenten con acceso a la justicia adaptada a infancias y adolescencias.

También deberán proporcionar información clara, sencilla y comprensible para niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, con formatos accesibles, apoyos ordinarios o extraordinarios.

Deberán garantizar su derecho de audiencia en los procedimientos a los que sean sometidos, cuidando que las decisiones que se emitan garanticen el pleno acceso a la impartición de justicia sin dañar o poner en riesgo su integridad y desarrollo.

Antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, las autoridades deberán ponderar su pertinencia, considerando la edad, madurez, estado psicológico, y cualquier otra condición específica que les revictimice y atente contra su dignidad.

Se deberán habilitar salas de espera que propicien un ambiente tranquilo; adecuar salas de enjuiciamiento o de escucha; contar con material didáctico para que puedan expresarse o narrar lo ocurrido a través de otras herramientas diversas al lenguaje verbal; establecer mecanismos de videograbación o circuitos cerrados de televisión que permitan mantener sus testimonios u opiniones para evitar repeticiones de pruebas innecesarias.

Legal en la CDMX la “Privación ilegal de menores… Urge en la capital del país una reforma semejante. El sábado 16 de marzo, una adolescente que días antes había cumplido 12 años de edad, fue sorprendida en la tienda Suburbia Aeropuerto cuando intentaba sustraer una blusa, sin que su mamá se diera cuenta.

Enseguida, tres corpulentas mujeres la detuvieron antes de salir del negocio y “a punta de bofetadas la pararon”, al tiempo que otros supuestos empleados de seguridad a empujones mantenían distante a la madre de la niña, quien les exigía que no golpearan a su hija: “Qué no ven que es una niña. No la traten así”. Pero de nada sirvieron los gritos de la dolida mujer.

Después de casi una hora apareció en la entrada de Suburbia Aeropuerto una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. La joven progenitora creyó que todo se resolvería con la presencia de los uniformados, pero no. A las dos les fue peor. Mientras un patrullero arrastraba y subía por la fuerza a la menor a la unidad policiaca, el otro policía alejaba a empellones a la mujer.

Y el drama continuó en la mal llamada “Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes”, de la General de Justicia de la CDMX, a donde fue llevada sola la adolescente por los patrulleros. Todo “según la ley”.

Ahí, los “servidores públicos” de esa Fiscalía le negaron el acceso a la madre para que pudiera ver a su hija, quien permaneció incomunicada. Al filo de las 2 de la madrugada, un “licenciado de la Fiscalía” le dijo a la compungida señora que volviera hasta las 10 de la mañana del día siguiente, y que contratara a un abogado, “pero especializado en delitos cometidos por niños”.

En ello coincidió vía telefónica un “asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX” quien dijo que nada se podía hacer más que contratar a un abogado experto en temas de niños; aunque aceptó que, los policías, al no respetar los protocolos; sí los hacía sujetos de una queja y sanción ante ese organismo.

Después de cumplir más de 38 horas encerrada e incomunicada la niña de 12 años de edad, y previo pago de $2,500.00 “por abajo del agua a un funcionario de la Fiscalía”, ambas se regresaron a su casa a Querétaro. Sólo comentaron que pensaban asistir al Festival Internacional de Mujeres Músicas que tendría lugar en el Zócalo; “pero, esperamos no volver nunca a la Ciudad de México”.

Ahora, buscaremos a la señora para que inicie la queja contra los tripulantes de la patrulla MX-828-N de la SSC de la CDMX, porque cometieron abuso de autoridad; como al responsable de la Fiscalía por la extorsión de que fue víctima la mujer. Cuando era más fácil que el gerente de Suburbia Aeropuerto le hubiera cobrado la pieza a la madre. Toda una red de corrupción…