Plantean CESP y CEDH agenda postcrisis por violencia en Culiacán

CULIACÁN, Sin., 5 de septiembre de 2025.- Al cumplirse un año de la crisis de inseguridad que estalló en Culiacán en septiembre de 2024, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y la Comisión Estatal de los derechos Humanos (CEDH)de Sinaloa, realizaron un balance sobre los efectos de la violencia y plantearon la necesidad de construir una agenda poscrisis que permita fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia en Sinaloa.

El titular del CESP, Miguel Ángel Calderón Quevedo, señaló que la coyuntura que inició en septiembre del año pasado dejó secuelas en todos los ámbitos de la vida pública: calles, escuelas, comercios y hogares.

“Es tiempo de reflexionar qué debemos hacer hoy para que no nos vuelva a tomar por sorpresa una crisis de esta magnitud”, expresó.

Calderón Quevedo recordó que la violencia estalló en medio de la transición de gobierno estatal, lo que dificultó la reacción inicial.

Sin embargo, destacó que la movilización ciudadana y la atención mediática lograron atraer la mirada de instancias federales.

En el análisis presentado, se expuso que desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2025, uno de los delitos de alto impacto que se disparó fue el robo a casa habitación: antes de la crisis se registraban en promedio 40 denuncias mensuales; tras septiembre de 2024, la cifra se triplicó, alcanzando 207 en junio pasado.

Mientras que en homicidios en julio de 2025 se contabilizó el promedio más alto, con casi siete asesinatos diarios, cuando en años anteriores la media era de 1 a 1.5.

Mientras que las desapariciones frozadas, el récord se dio en julio de 2025 con 233 carpetas abiertas, muy por encima de los 70 casos que se reportaban en un mes típico previo a la crisis.

En el caso del robo de vehículos: en mayo pasado se denunciaron casi 700 casos, frente a los 209 del mismo mes del año anterior, el robo a comercio alcanzó en marzo de 2025 la cifra más alta, con más de 220 denuncias, siendo más del doble de lo habitual.

El titular del CESP reconoció la presencia de fuerzas federales como un factor clave para contener la violencia, pero subrayó que el estado sigue teniendo un déficit de policías estatales, ministerios públicos y peritos.

“Hoy tenemos apenas 500 agentes operativos cuando deberíamos contar al menos con dos mil. Este momento de crisis debe servir como oportunidad para exigir más recursos y fortalecer nuestras instituciones”, afirmó.

Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, advirtió que la violencia ha golpeado con especial dureza a sectores vulnerables como niños, mujeres y periodistas.

Recordó que en este periodo se han documentado más de 76 mujeres asesinadas, 50 menores de edad víctimas de la violencia, 64 agresiones a periodistas y cerca de mil 907 desapariciones reconocidas oficialmente, aunque los colectivos de familiares aseguran que la cifra real rebasa las dos mil 800.

Loza Ochoa consideró que la crisis debe verse como una llamada de atención para construir tareas comunes entre autoridades y sociedad civil.

 “No es un asunto de oposición política, sino de supervivencia ciudadana. Tenemos que sentarnos juntos para detener esta espiral de violencia”, subrayó.

“Culiacán necesita mirar al futuro con esperanza, como lo plantea la idea de una agenda poscrisis. No podemos repetir los errores del pasado”, concluyó Calderón Quevedo.

Ambos coinciden en que el diseño del presupuesto estatal 2026 será decisivo, por lo que proponen que el Congreso local y el Poder Ejecutivo prioricen el fortalecimiento de policías, ministerios públicos y peritos, siguiendo los lineamientos planteados a nivel nacional para aumentar en 25 por ciento el número de agentes y en 30 los fiscales investigadores.