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CULIACÁN, Sin., 4 de noviembre de 2026.- Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem) pidió al Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa poner en operación los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el propósito de reducir la carga de trabajo, agilizar los procedimientos y evitar que ciudadanos y empresas esperen años para resolver conflictos con las autoridades.
Julio César Silva Inzunza, presidente de Adecem, señaló que, aunque Sinaloa cuenta con una Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada el 6 de noviembre de 2024, es necesario que el tribunal materialice y promueva estos procedimientos.
Explicó que la justicia administrativa atiende asuntos relacionados con multas, bajas de policías, pensiones, indemnizaciones, responsabilidad patrimonial del Estado e incumplimientos de contratos gubernamentales, entre otros, muchos de los cuales pueden prolongarse durante años.
Indicó que mediante la mediación y la conciliación las partes pueden alcanzar acuerdos sin necesidad de llegar a una sentencia, incluso cuando un juicio ya está en marcha.
Como ejemplo, mencionó que un ciudadano puede ganar una controversia contra un municipio por una cantidad pequeña, pero terminar gastando más dinero y tiempo en copias, trámites y procedimientos que el monto que busca recuperar.
También planteó que, en determinados casos, las autoridades y los particulares podrían acordar modalidades de cumplimiento, como compensar una cantidad a favor del ciudadano con el pago de impuestos municipales.
Silva Inzunza consideró que estos mecanismos beneficiarían tanto a los contribuyentes como a las administraciones públicas, al reducir gastos jurídicos, expedientes pendientes y posibles obligaciones económicas derivadas de sentencias e intereses.
Agregó que la legislación estatal contempla la difusión de estos mecanismos por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que llamó a las autoridades competentes a avanzar en su implementación.
Finalmente, sostuvo que resolver una controversia no necesariamente significa ganar un juicio, sino encontrar acuerdos que permitan a ciudadanos, empresas y gobiernos superar sus diferencias con mayor rapidez.




