Para contar

Corte, justicia y antídoto.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández ha cumplido el primero de los cuatro años que le corresponden como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No es fácil la misión que tiene asignada. Ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo condescienden con ella por su condición de género. Tampoco la ministra lo ha planteado y mucho menos pedido.

Queda claro que la Corte no va a renunciar a ser contrapeso entre los poderes y la Cuarta Transformación va a insistir en darle otro rostro al poder judicial.

Ya en 1995 hubo un giro de 180 grados, cuando Ernesto Zedillo recompuso el tribunal. Jubiló a 26 ministros y redujo a 11 el número de sus integrantes, con el argumento de que no respondía al clamor de justicia de la sociedad.

El mismo argumento se utiliza ahora.

Hace 28 años nadie levantó la voz, nadie se quejó ni se opuso a la decisión presidencial, que al final poco o nada consiguió para que la justicia prevaleciera en México. Lo que logró fue que ninguno de los juzgadores debiera el nombramiento a los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Quizás, de haber tenido un ministro afín, el hermano del segundo nunca hubiera pisado la cárcel.

En enero de 1994 se registró la rebelión de los zapatistas en Chiapas. En marzo de ese año mataron a Luis Donaldo Colosio. Hechos de rebeldía y sangre que generaron clima de temor en la gente. Favoreció al candidato oficial Zedillo quien obtuvo en las elecciones no solo la presidencia sino también el control del poder legislativo. Por eso pudo reformar la Constitución y renovar a la Corte.

Hoy los tiempos y las circunstancias son distintas. El gobierno en turno no tiene el control del poder legislativo ni existe la certeza de que lo alcance la ganadora de las elecciones en 2024, aun cuando las encuestas le den ventaja de 20, 30 y hasta 50 puntos porcentuales.

Lo que todavía no ha cambiado como se quisiera es el grado de impartición de justicia; persiste la deuda con la sociedad.

Por eso, en la hipótesis poco probable de que el grupo en el poder arrase en las elecciones como lo hizo en 2018, quienes votarían a su favor el año entrante estarían de acuerdo con la operación de gran calado en la reforma judicial.

En defensa del poder judicial, hay consenso en que siga de contrapeso, necesario para la democracia. Para ello es clave honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a la Constitución, como ha dicho la ministra presidenta Piña Hernández.

Entiende que esa es la función que deben desempeñar, la premisa que da sentido a la vida profesional de los juzgadores.

De acuerdo con sus palabras, el poder judicial no busca aplausos, sino hacer lo que le toca, lo correcto, lo fundamental, lo que le mandata la ley, impartir justicia con independencia e imparcialidad, justicia pronta y expedita, para todas las personas, sin excepciones ni distingos.

Indudablemente, la sociedad es el mejor termómetro para medir su actuación. Saldría a la calle a defenderlo, si fuera necesario, lo que hasta la fecha no ha realizado, aunque tampoco ha salido para exigir su trasformación.

Si hay justicia tangible, que se sienta, en correspondencia la sociedad se convertiría en el principal antídoto contra cualquier plan que pretenda someter al poder judicial. Hacer justicia es imprescindible.