Para contar

Arturo Zárate Vite

Llamados a misa del poder legislativo.

En Estados Unidos, comisión investigadora de la Cámara de Representantes citó al ex
presidente Donald Trump, para conocer su versión de lo pasado el 6 enero de 2021
en el Capitolio, cuando centenares de manifestantes asaltaron la casa de los
congresistas.
Trump no tardó mucho en inconformarse con el citatorio. No hay certeza de que lo
atienda. Y de llegar a ir, poco o nada aportaría a la investigación. Jamás aceptaría
haber alentado a sus simpatizantes a romper el orden. En su lugar insistiría en que le
robaron la elección presidencial.
Pareciera que lo tiene sin cuidado el llamado de los legisladores, no se percibe que lo
vea como obligación. Si acaso, como una molestia que sus abogados tendrían que
hacerle frente, de ser necesario.
Algo similar pasa en México con el poder legislativo, sus citatorios a los servidores
públicos para que rindan cuentas o informen lo que hacen, se han convertido en
llamadas a misa. Las atiende el que quiere, fijan su propia fecha o de plano las
rechazan.
Por eso la preocupación de senadores cuando en la reciente aprobada reforma
constitucional para prolongar hasta 2028 la participación militar en la vía pública, se
acordó que una comisión bicameral tendría la facultad de citar a comparecer a
integrantes del gabinete de seguridad.
Los senadores, en particular los de oposición, dudan que se atienda su llamado. Por
experiencia, no están convencidos de que vayan a prosperar los citatorios. Saben que
el servidor público no los considera obligatorios y no pasa nada si al final resuelve
ignorarlos.
Lo que sucede en el Senado, también se repite en la Cámara de Diputados. Los
funcionarios no dan importancia a invitaciones de comisiones. No las ven como
urgencia ni obligatorias. Y para las comparecencias en el salón plenario de San
Lázaro, hasta que su agenda se los permite, acuden a informar de su trabajo, si es
que deciden ir. El calendario para desahogar lo que se llama “glosa del informe
presidencial” lo hacen diputados y, los funcionarios ajustan fechas de acuerdo a sus
prioridades.

El mal ejemplo cunde, hasta en temas u organismos que se supone no tendrían
problema y complicación en reunirse con legisladores, porque no están en la mira de
los reflectores mediáticos ni su función es determinante para el desarrollo de nuestro
país.
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade), con la mano en la cintura se ha rehusado a participar en reuniones de la
Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Por más que insiste María José
Alcalá, presidenta de la comisión legislativa, la ex atleta sonorense prefiere realizar
otras actividades.
El desaire no es menor. Los citatorios o invitaciones son hechos por un poder al que
los funcionarios del Ejecutivo deben de rendirle cuentas. Que no se olvide que la
Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, así que le toca observar y vigilar el
destino que se le da a cada peso.
Si no quieren que sus citatorios sigan como llamados a misa, senadores y diputados
deberán de encontrar la forma de hacerlos obligatorios, quizás con alguna sanción
para quienes los desatiendan.
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