Miscelánea, salud y política

¿Queremos preservar un presidencialismo autoritario?

El poder corrompe y el poder
absoluto corrompe
absolutamente: Lord Acton

Por si no fuera suficiente con no frenar el clima de violencia criminal creciente,
en tiempos electorales emerge un conflicto largamente nutrido desde Palacio
Nacional, entre quienes defienden la Constitución, la existencia de tres poderes
autónomos, y quienes están por construir y perpetuar en México un mega
presidencialismo autocrático.
Con la novedad de que la mayoría del bloque oficialista en el Congreso,
integrado por los partidos Morena, del Trabajo y Verde están por aprobar leyes
secundarias y darle al presidente de la República la capacidad de poder
perdonar a criminales y negar amparos a posibles víctimas de abusos de poder.
Así como allegarse los recursos de las AFORES de personas con 70 años o
más.
El abuso de poder por parte de la autoridad gubernamental está auspiciado por
reformas a leyes secundarias, cuya aprobación requiere sólo de mayoría simple,
la cual reúnen los tres partidos del bloque oficialista, el mismo que se rige por
normas de obediencia ciega al líder fundador de su movimiento, que lanza
iniciativas inconstitucionales para darse gustos de emperador, a 5 meses y días
de concluir su mandato.
La búsqueda desesperada del presidente Andrés Manuel López Obrador por
seguir actuando por encima de las leyes que rigen a nuestra nación, todavía
democrática, republicana y federalista, podría explicarse en el síndrome de
Hubris (trastorno narcisista de la personalidad que desarrollan grandes políticos
o demás personas poderosas), agudizado por el miedo ante la cercanía del cada
día más cercano fin de su fallido mandato de excesos y caprichos.
Recién pasó el periodo de lastimeras quejas publicadas en Rayuela de su diario
oficialista (La Jornada), porque su pupila no exaltó su régimen ni defendió sus
programas en el debate presidencial, ahora les receta a los asistentes a la
mañanera una hora con algunos de los más despreciados dictadores de la

CELAC, condenando el allanamiento a la embajada mexicana en Ecuador, con
el epíteto: “para que se vea cuánto se quiere a México”. 
El mandatario parece encajar en el cuadro de la llamada “enfermedad del poder”
o “síndrome de la arrogancia”, que según el neurólogo inglés David Owen y el
profesor de Psiquiatría de la Universidad de Duke, Jonathan Davidson afecta a
quienes ejercen el poder sin límites severos a su ejercicio. 
Una de las manifestaciones típicas de este desorden es el desprecio por otros, y
acaban creando una figura similar a la de una estrella del espectáculo, adoptan
actitudes de imprudencia e incompetencia con total cinismo.  Esto incrementa su
narcisismo y egolatría. Los corifeos y aplaudidores sólo hunden al líder
populista, quien necesitaría una dosis alta de conexión a la tierra: controles para
impedir abusos y fraudes y poderes que lo limiten.
Muchos son los intelectuales que a lo largo de la historia han consignado la
necesidad de acotar al presidencialismo mexicano, los legisladores cortesanos,
los “levanta dedos” que aprueban iniciativas violatorias la Constitución, fracturan
la democracia, ignoran el sistema anticorrupción, etcétera. El objetivo es
complacer al jefe, sin corregir ni una coma –como le gusta a AMLO–, traicionan
al pueblo que los eligió para defender sus intereses.
Ahora la confrontación electoral se ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), el expresidente de esa institución, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, quiere ser el artífice de la demolición del Poder Judicial, incluida la
SCJN, y para ello, un día antes de renunciar a su cargo, había convenido
sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, ambos sonrientes posaron para
la foto publicada en medios. (Animal Político. 08-11-2023).
Al ministro Zaldívar se le cocían las habas por dar a conocer que abajo de la
toga que lo obligaba a ser un juzgador imparcial, vestía su playera guinda o
quizá sólo buscaba protección a sus excesos. Lo cierto es que ya era larga la
lista de casos en que se presumía su subordinación a López Obrador y sus
reformas estructurales, obras faraónicas y demás. Hasta quiso alargar su
periodo para cumplir con las consignas. El daño a su investidura estaba hecho.
Aunque sorpresiva, la investigación en su contra ordenada por la ministra Norma
Piña, en el Consejo de la Judicatura, basada en una denuncia anónima con
pruebas aportadas por más de 70 presuntas víctimas de la colusión mafiosa del
presidente de la Corte, Arturo Zaldívar con altos funcionarios de la Cuarta
Transformación para cumplir los deseos de López Obrador. La reacción del
Ejecutivo fue igual de rápida y severa: amenazó de juicio político en contra de la
presidenta de la SCJN, entre otras acciones.
Dicen los morenistas en concordancia con AMLO que el golpe es político para
afectar la candidatura oficialista; pero la oposición –PRI, PAN, PRD y MC–

coincide en que este asunto es de legalidad y justicia, y que la corrupción y el
abuso de poder siempre deben perseguirse y sancionarse, aún en tiempos
electorales.  Pese a la narrativa presidencial en contra, es necesario fortalecer la
autonomía del poder judicial no vulnerarlo ni destruirlo, de por medio va el futuro
de nuestra nación.
¿Quién votará por fortalecer un presidencialismo autoritario? La opción hoy es
detener ese despropósito y votar en contra.
Faltan sólo 45 días para las elecciones y los barruntos en el panorama no se
despejan, hacen falta vientos de conciliación política, quizá los coordinadores de
las bancadas en las cámaras legislativas tienen ante sí el reto de dar buenas
cuentas a la población, al igual que los equipos de campaña. A nadie conviene
exacerbar la confrontación: los mexicanos merecemos elecciones limpias.