Miscelánea, salud y política

Ni ilusionista ni mago, necesitamos un demócrata

Nuestra constitución
funciona. Nuestra gran
república es un gobierno de
leyes, no de hombres.
Aquí, el pueblo gobierna:
Gerald Ford

A menos de seis meses de las elecciones federales del 2 de junio crecen
evidencias de que la confrontación entre los consejeros del Instituto Nacional
Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación han sido azuzadas por fuerzas morenistas bajo el mando del
presidente Andrés Manuel López Obrador para restarle autonomía a los árbitros
de los comicios y asegurarse el triunfo en 2024.
No es buena noticia. Solo algunos de los analistas especializados en cuestiones
electorales dan el beneficio de la duda a la magistrada Mónica Soto Fregoso
quien sucederá al expresidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón,
debido a que en víspera de liderar el golpe que derribó a su antecesor, se reunió
con el líder de la mayoría morenista de diputados, Ignacio Mier. Sus votos en
sesiones han sido apeados a las causas gobiernistas desde que ingresó al
Tribunal, en 2016. 
La magistrada Soto Fregoso será presidente del Tribunal Electoral a partir del
próximo 1 de enero, y su designación fue avalada con su voto y el de dos
magistrados más –no de cuatro como establece la ley–, debido a que el Senado
de la República ha dejado de lado su obligación constitucional de nombrar a
quienes cubran las vacantes de órganos autónomos. En el caso del Tribunal, no
ha nombrado a los dos magistrados.
No se tratan de omisiones justificables, es lamentable confirmar que se trata de
una estrategia de Estado para minar la autonomía de los órganos electorales
que, incluye una campaña ominosa de propaganda dirigida desde Palacio
Nacional para restarles probidad y confiabilidad como instituciones autónomas
defensoras de la participación ciudadana y la democracia.
El afán de regresión a un régimen autoritario es evidente. López Obrador, sin el
menor recato a su investidura democrática, ha incurrido en el mayor número de
violaciones por su intromisión en las elecciones a favor de Morena, cuenta con
un historial de 24 sanciones desde 2020, según la Comisión de Quejas y
Denuncias del INE. Y las que faltan debido a que apenas estamos en
precampañas.

Otro consenso entre analistas es el obtenido por Guadalupe Taddei, cada vez
más identificada con Morena, quien desde que llegó a la presidencia del INE
reincide en, cuando menos, actuar bajo sospecha. Qué necesidad de asistir a
juntas a Palacio Nacional o hacer nombramientos “provisionales” de funcionarios
sin idoneidad para puestos de alta exigencia profesional y técnica. Es tal el
acoso qué otros funcionarios especializados han preferido renunciar.
Por ejemplo, ayer luego de varios desencuentros entre consejeros para sustituir
a funcionarios fundamentales para las próximas elecciones –conforme a sus
atribuciones– nombró a dos candidatos para ocupar la secretaría del Consejo
General del INE, y por fin uno de sus candidatos logró 6 votos a uno de los
consejeros, por lo que el uno a la siguiente vuelta se sumó para alcanzar el
consenso de 7, sólo faltaba un voto para conseguir el nombramiento. Entonces
la presidenta, inexplicablemente, retiró su voto a quien había propuesto.
¿De qué se trata? ¿Acaso es parte de la embestida contra el gobierno
democrático?
El gobierno que recurre a prácticas ilegales para preservarse en el poder es el
mismo que se niega a hacerse responsable, cuando menos por omisión, del
clima de violencia creciente que amenaza al país, especialmente a los jóvenes,
muchos de los hogares enlutados en los últimos meses perdieron a hijos con
estudios profesionales, vidas truncadas presuntamente por delincuentes que
pelean territorios ante la complicidad de autoridades civiles y militares.
El presidente que dice estar al tanto de la seguridad nacional desde las 7:00
a.m., el que gusta de exhibirse sonriente y orgulloso custodiado por los cada vez
más poderosos jefes militares del país, a 72 horas de ocurrida la última masacre,
la de Salvatierra, ¿desconoce cómo fueron los hechos y qué motivó a los
criminales a quitarle la vida a 11 jóvenes? 
Sin duda, la impunidad casi total existente en México alienta a los criminales a
cometer masacres. Los jóvenes son los más asediados por los grupos
delincuenciales. Las pugnas entre carteles por territorios, la falta de una
estrategia de seguridad por parte del gobierno federal, ha alimentado a la ley de
la selva, de la barbarie.
La organización no gubernamental “Causa en Común”, advierte que “cada 19
horas se comete una masacre en México, y eso es evidencia de que en México
el Estado ha sido incapaz de detener la violencia.
El gobierno de la Cuarta Transformación con su política ineficiente de “abrazos
no balazos”, dejó crecer el poder de la delincuencia organizada en vastos
territorios del país. Sólo en 2023 México registró un total de 427 masacres,
acumulando 2,130 desde el 1° de enero de 2020, aseguró la ONG.
¿En manos de quién estamos?  ¿A quién rinden cuentas los servidores públicos
responsables de la seguridad nacional? ¿Para qué sirven los costosos aparatos

de inteligencia, la Guardia Nacional, los militares en funciones de seguridad
pública, todo el costoso y numeroso equipo de gobierno? 
Las cuentas a la ciudadanía no son claras desde que se ha declarado
innecesario y oneroso al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a Datos
Personales (INAI), y se ha tratado de bloquear el funcionamiento del órgano
autónomo encargado de vigilar la aplicación presupuestal conforme a la ley,
denunciar corrupción o actos de abuso de autoridad y evitar el uso de datos
personales con fines políticos, entre otros.
Cuando se trata de sumar votos, López Obrador no desdeña, hoy externó en su
conferencia Mañanera: “todas las alianzas son buenas”. 
Cuidado señor presidente, mucho se piensa que atrás de su política ineficiente
de seguridad pública hay una alianza con grupos delictivos. Sumar a todos,
como al grupo de priístas que recién se incorporó a su candidata presidencial en
busca de la protección e impunidad que da el poder, confirma las dudas –si
alguien las tenía–sobre sus límites.
Cada vez es más evidente la necesidad de detener la inseguridad, la violencia,
el poder de los criminales en cada vez más extensos territorios del país.
Necesitamos recuperar el aliento, pero no podemos dejar que el miedo nos
paralice, eso buscan quienes a propósito exacerban la violencia.
La esperanza está puesta en la única opción hasta hoy, elegir el próximo año un
cambio de gobierno, un gobierno de coalición. La ciudadanía reaccionará y pese
al debilitamiento de los órganos electorales, con el ejercicio del voto libre
impedirá que el futuro sea secuestrado por quien se niega a aceptar su fracaso.
De no ser una realidad vergonzosa, parecería ficción que alguien se atreviese a
manipular la lista de desaparecidos en su sexenio sólo para no quedar ante la
historia como la Administración donde más desaparecidos ha habido. Pues eso
hizo el presidente López Obrador al desaparecer a los desparecidos, sin
importarle el dolor lacerante de revictimizar a familiares. 
Hace cuatro meses Karla Quintana, comisionada de Búsqueda de Personas,
renunció al cargo por el acoso oficial a que fue sometida para reducir la cifra.
Luego el mandatario encomendó a los “servidores de la Nación” como se llama a
empleados de Bienestar– realizar un censo a modo, sin tomar en cuenta
protocolos legales ni tecnisismos, datos de fiscalías estatales ni reportes de
servicios forenses. Las protestas y el enojo de las madres buscadoras y
organizaciones de derechos humanos no se hicieron esperar, con justa razón.
Ni ilusionista ni mago, los mexicanos no pretendemos un prestidigitador hábil en
los artilugios y el engaño.  Tampoco queremos una dictadura. Necesitamos a
una o un Jefe de Estado comprometido con la democracia, que se conduzca
conforme a la Constitución vigente, respete la división de poderes y a las
instituciones que nos hemos dado a través de incontables luchas sociales: que
hable con verdad y honestidad, sea eficaz y transparente. 

Sólo un cambio radical, un triunfo contundente de la oposición permitirá que
México recupere la senda del desarrollo y comience la sanación de una nación
lacerada por la violencia criminal. La sociedad civil debe exigir sus derechos, de
otra forma, estaremos convalidando un gobierno tiránico.
Mis mejores deseos navideños de reflexión para que retorne a nuestro amado
México la paz y la concordia.