A una década de la Comisión para la Seguridad de Michoacán.

El 15 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán (CSDI).

El clima de inseguridad y las múltiples peticiones de apoyo al gobierno federal, así como las circunstancias políticas y delincuenciales que imperaban en la entidad fueron las razones públicas de conformarla, desde Los Pinos.

Lamentablemente, la CSDI nunca guardó una vinculación con la realidad michoacana, nunca se avocaron a resolver la problemática profunda, relacionada con la injusticia social imperante, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia y el rezago educativo; vicios de origen que terminaron sepultándola.

Incomprensiblemente, en el Decreto de Creación de la CSDI ni siquiera se mencionaba la palabra “educación”; mucho menos se desagregaban las dimensiones y componentes del concepto de “desarrollo integral”, falencias que evidenciaban la comisión un acto de autoridad, por encima de la implementación de una política pública, la cual debería haber sido respaldada por estudios de factibilidad, consultas ciudadanas y ejercicios demoscópicos, los cuales brillaron por su ausencia.

En la práctica, la CSDI constituyó el estandarte de la conformación de un nuevo orden, impuesto con una visión centralista, el cual nunca respondió a las necesidades locales. Fue más un recambio de élites locales en lo gubernamental, en lo político y lo empresarial, lo cual generó enconos que fueron dirimidos incluso con sangre.

Más que por la procuración de seguridad, el establecimiento de un estado de derecho o un más efectivo combate a la impunidad, a la Comisión se le recuerda por el desplazamiento del poder vigente, la persecución selectiva a objetivos criminales, el acoso a liderazgos sociales y políticos, así como por el reacomodo del círculo rojo en torno a un poder central, fenómeno que no es extraño ni sorpresivo para los michoacanos, toda vez que tiene por lo menos medio milenio ocurriendo en nuestra entidad federativa.

Para atender el desarrollo integral, se difundió el denominado “Plan Michoacán”, que no fue producto de consultas ciudadanas, sino que se elaboró en un escritorio. Muchos de los cercanos a ese documento, que nunca fue del dominio público en realidad, operaron como un grupo de notables, quienes hicieron gestiones para sus propios intereses y no velaron por la ciudadanía.

Hoy, el veredicto social apunta en sentido negativo cuando cualifica el accionar de la CSDI. Muchos de los funcionarios de aquel entonces, vivieron una muerte política o pasaron periodos de ostracismo; mientras que, quienes aprovecharon el reacomodo que generó la CSDI y la necesidad de legitimación, la urgencia de asesoría, de llenar cargos públicos vacantes y la presión por sumarse a la construcción de propaganda para insertarse en la clase política y a la fecha continúan en la vida pública, evitan mencionar su paso por ella.

En lo positivo, se realizó la detención de algunos objetivos criminales y algunos proyectos de obra pública recibieron foco mediático.

En lo que resultó profundamente simulatorio, se anunció una inversión federal de decenas de miles de millones de pesos para nuestra entidad federativa, a través del Plan Michoacán; cifras que, al ser corroboradas, simplemente correspondían al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, ya aprobado y autorizado previamente, sin que realmente se inyectaran recursos frescos, lo cual resultó muy descorazonador y suscitó la indignación local.

En materia educativa, en el marco del Comité Ciudadano del Plan Michoacán, en las sesiones donde se recibió invitación y se tuvo oportunidad de participar, así también como en los medios de comunicación, un servidor habló de la importancia de la educación en la seguridad, en el desarrollo integral y la urgencia de un rescate financiero del sector educativo estatal desde el orden federal, así como de un reordenamiento conforme a derecho. Lamentablemente, al proponerse lo anterior se mencionó que, “la educación básica se encontraba sumamente viciada”, por lo cual se desechó la propuesta, para evitar invertirle, en el parecer de varios comitentes “dinero bueno al malo”.  Al final, ni siquiera llegaron recursos adicionales, se nos hizo a un lado y todo quedó en retórica.

Finalmente, la CSDI desapareció sin dejar un legado valioso, se fue deslegitimada y extinta desde el centro, con la destitución de su titular, dejando en manos del ejército la seguridad estatal. Sin explicaciones de por medio, pero ante la evidente falta de resultados, un año y una semana después, el 22 de enero de 2015 desapareció, en el marco de un proceso electoral para la gubernatura que se enrarecería aún más de haber continuado existiendo esta figura en nuestra entidad federativa.  

Esperemos se aprendan las lecciones derivadas de la experiencia de la CSDI. Primeramente, cuando haya intervenciones del poder central, debe de tomarse en cuenta el sentir, las necesidades, voces, aspiraciones y propuestas de la ciudadanía, antes de despilfarrar recursos y de simular.

También es importante no concentrar el poder, evitar estilos de liderazgo autocráticos e impulsar formas más colaborativas de concitar acciones desde la federación; porque la centralización facilita el abuso del poder y la corrupción.

También, cuando se aspire a mejorar estructuralmente las condiciones de seguridad de Michoacán, es trascendente que se tome en cuenta a la educación como piedra angular para intervenir, por ser el basamento del desarrollo sostenible y de la sanación del tejido social. Lo anterior, si se quiere realmente alcanzar los objetivos planteados.

En el marco de un año crucial, como el presente, es primordial tener en cuenta las experiencias para construir un mejor horizonte de futuro. Tengamos este décimo aniversario en cuenta para que nuestra memoria histórica nos permita conformar colectivamente escenarios más promisorios y factibles. La elección es de los ciudadanos.