Nueva magistrada del STJE tiene amonestación pública por omisiones

Pese a que Martha Magaly Vega Alfaro ha sido sancionada y amonestada públicamente por omisiones en su labor como jueza del sistema de justicia penal, acusatorio y oral en la región Uruapan, este viernes asumió el cargo de magistrada de la séptima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

 El Congreso del Estado la designó el jueves para ocupar el cargo por un periodo de cinco años, por ser quien obtuvo el mejor promedio de 9.12 en los exámenes de conocimientos técnicos, conocimientos prácticos y oral, entre las 11 que atendieron la convocatoria exclusiva para mujeres, y es la única que ha sido amonestada públicamente por irresponsable. 

Como jueza no revisó su cuenta en el Sistema Integral de Administración Judicial (SIAJ) con la finalidad de firmar en él de manera inmediata los acuerdos o resoluciones judiciales emitidos dentro de las causas penales 091/2020, 188/2020, 251/2020, 264/2020, 348/2020, 419/2020 y 398/2021. 

En el procedimiento de responsabilidad administrativa CVD/36/2022 se establece que “conculcó, en perjuicio de la sociedad los principios de excelencia y profesionalismo que rigen la prestación de toda clase de servicio público, en atención al cual, los funcionarios deben conducirse en el desempeño de su cargo con total apego a lo dispuesto por la ley, así como mostrar y mantener, en todo momento, la calidad del trabajo para el cual se le designó, demostrando que posee tanto el conocimiento como la capacitación necesario para ejercer esa función con diligencia, capacidad y aplicación, por consiguiente, evitando cualquier clase de irregularidad o descuido en su ejercicio. 

“Lo anterior, porque al no observar ese deber, trajo como consecuencia que dentro de lo contencioso de origen, no se continuará con la prosecución de vida de los asuntos”.

En el procedimiento, la jueza Vega Alfaro resultó responsable de cometer la falta administrativa que revistió de manera general una trascendencia de grado superior al mínimo y, atendiendo el grado de responsabilidad determinado, la sanción legal que correspondió imponerle fue una amonestación pública.

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