Nicaragua y su ‘revolución cristiana, socialista y solidaria’ 

Gran indignación internacional han causado los hechos vividos este fin de semana en Matagalpa, Nicaragua, donde agentes policiales impusieron un cerco de movilidad al obispo local, Rolando Álvarez, en el interior de la curia diocesana. Primero evitaron que el religioso cumpliera con su servicio ministerial para oficiar y predicar en la Catedral, después lo intimidaron en su libertad para expresar su convicción religiosa en el espacio público.

Es cierto que, desde hace años, existe una gran tensión política entre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo con varias organizaciones intermedias de la sociedad, especialmente con la Iglesia católica en el país centroamericano. Pero no hay que olvidar que todo comenzó con la declaratoria mediática-propagandística de la segunda época del gobierno del histórico líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que calificó su victoria como el triunfo de la ‘revolución cristiana, socialista y solidaria’. 

En un inicio, no pocos sectores católicos consideraron que la nueva aproximación desde la ética cristiana del movimiento popular originalmente de corte revolucionario-marxista no era tan mala idea. Muerto el modelo bipolar global tras la caída del socialismo soviético y aparentemente controlado el intervencionismo yanqui junto a sus respectivos patrocinios ideológicos, el discurso originalmente sustentado en la lucha de clases y el materialismo histórico del FSLN se tornó más amable. 

No pocos analistas se sorprendieron de la ‘transfiguración’ del sandinismo al hablar de amor, solidaridad, perdón y reconciliación social; incluso desde 2007 que ha gobernado Ortega, el gobierno sandinista y la Iglesia católica han coincidido en varios temas de ética y moral sobre la preservación de la vida humana y el derecho a la vida. Situación que ha sido condenada intensamente por organismos internacionales, especialmente los patrocinados por los Estados Unidos. 

En no pocas ocasiones, los obispos nicaragüenses agradecieron “a quienes desde sus cargos públicos, en instituciones gubernamentales, no obstante las críticas, han sostenido la defensa y promoción de la vida. Los animamos a no dejarse doblegar frente a propuestas de quienes son todavía partidarios de la cultura de la muerte”. Este último párrafo, por ejemplo, es del mensaje de la Conferencia Episcopal del 25 de marzo del 2010 firmado por el arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes, como presidente, y también por el resto del colegio de obispos.

Sin embargo, desde 2018, cuando aparecieron las rebeliones ciudadanas contra el régimen; el gobierno de Ortega desplegó toda su ofensiva contra la Iglesia católica y sus pastores. Testimonios abundan: la agresión de paramilitares pro-orteguistas contra los católicos que querían rescatar a los ciudadanos refugiados en la Basílica de San Sebastián Diriamba tras la Masacre de Carazo (celebrada por el gobierno como ‘Victoria contra el intento de golpe de Estado’); la masacre de universitarios en la iglesia de la Divina Misericordia o el incendio provocado contra la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Las intimidaciones han forzado al exilio a varios religiosos y obispos, incluso se decretó la expulsión del delegado apostólico y de un grupo de religiosas Hermanas de la Caridad cuyo único pecado era el de ayudar a los pobres, a los ancianos y a los niños sin hogar.

Estas situaciones han endurecido también el discurso de no pocos obispos y sacerdotes nicaragüenses que hacen permanente crítica al régimen desde los púlpitos y a través de todos los medios en propiedad de la Iglesia. 

Por ello, el gobierno de Ortega ha sido aún más duro contra los religiosos y especialmente contra los medios de comunicación. La libertad religiosa y la libertad de expresión no son derechos que se puedan ejercer sin riesgo en la nación de los lagos y los volcanes.

Pareciera que para Ortega y Murillo, lo que está en juego es el proyecto de nación del FSLN que una vez fue interrumpido en 1990 pero que, para ellos, no debe pasar nuevamente. La lucha, sin embargo, no es por el poder sino por el dominio del espacio público y simbólico. 

Para el régimen, todo espacio público y comunitario en Nicaragua debe estar pintado de la bandera rojinegra de la revolución sandinista; y en la conciencia ciudadana no debe caber sino el lema de su victoria y la síntesis del proyecto: ‘Revolución cristiana, socialista y solidaria’. En ese espacio público simbólico no cabe ningún pensamiento individual, no cabe otra acepción para el concepto de solidaridad o de socialismo. Y en efecto, tampoco hay otro significado fuera del orteguista para comprender lo que aseguran es ‘cristianismo’. De allí la tensión y la saña; he allí la razón para constreñir especialmente la libertad religiosa y de expresión. El único miedo del régimen orteguista es que alguien más ofrezca una perspectiva distinta de cristianismo; por lo tanto, el gobierno considera esencial acallar a curas, monjas y obispos a toda costa. Bien lo ha aclarado el filósofo Tódorov: “El totalitarismo sacrifica sistemáticamente la verdad a cambio de la lucha por la victoria”.