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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de octubre de 2026.- La fabricante automotriz General Motors acordó desembolsar 220 millones de dólares en compensaciones económicas tras una investigación encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y un bloque bipartidista compuesto por otros 35 procuradores estatales, derivada de la comercialización no autorizada del historial de conducción y ubicación de millones de clientes a intermediarios que revendían los reportes a compañías aseguradoras.
El convenio judicial reserva más de 12 millones de dólares para el estado de Nueva York y constriñe a la corporación a restringir la extracción de registros digitales de los automovilistas, obligándola a instrumentar esquemas rigurosos de protección informática y auditorías externas para frenar estas prácticas comerciales lesivas para los usuarios.
Las indagatorias comprobaron que entre 2016 y 2024 la empresa enroló a millones de personas en la función Smart Driver, herramienta que recababa la frecuencia de los viajes, las horas de encendido del motor, la aceleración, frenadas repentinas y velocidades alcanzadas, ofreciéndolo como un asistente vial seguro mientras negociaba los archivos con firmas aseguradoras facultadas para encarecer las primas mensuales.
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