Miscelánea, salud y política

Fin de la edad de la inocencia

Los gobiernos totalitarios, como las
tiranías, no podrían ciertamente existir
sin destruir el terreno público de la vida,
es decir, sin destruir, aislando a los
hombres, sus capacidades políticas: 
Hanna Arendt

Mentir se le da bien al ser humano, especialmente al mexicano, cuya propensión
a encontrar mundos ficticios para explicar lo inexplicable: el dolor de la
necesidad, el origen oscuro de un mestizaje agraviado, el hambre insatisfecha,
la humillación, la madre o el hijo asesinados, la desaparición del ser querido, el
desengaño ante el uso utilitario del político encumbrado, abusos, violencia sin
fin…
Crecer, dejar atrás la niñez, la etapa de inocencia, asumir la adultez ciudadana
es hacernos responsables, implica tomar conciencia de nuestros actos. A esa
etapa estamos llamados los mexicanos mayores de 18 años antes del 2 de junio
de 2024.
Necesitamos despertar para mantener nuestra capacidad de elegir
democráticamente a nuestros gobernantes, recuperar la capacidad de
crecimiento institucional, republicano que habíamos dado al país hace tres
décadas.
El retroceso que el gobierno actual (1918-2024) dió al país es evidente, en todos
los rubros: seguridad, salud, educación, endeudamiento externo, derechos
humanos, productividad, etcétera.
Mucho podríamos cuestionar si el tipo de  liderazgo populista, mesiánico, cifrado
en una narrativa a base de falsedades, con el uso de 103 mentiras en cada una
de las “mañaneras” (Centro de Análisis SPIN) es lo que querían aquéllos 30
millones de mexicanos que votaron por AMLO en 2018.
Podríamos polemizar si la intervención de las arcas, incluidas reservas
especiales, fideicomisos, obras faraónicas improductivas, la militarización de la
seguridad pública, entre otras acciones de control –permitidas y ajenas a la ley–
han sido movidas por perversidad, ambición desmedida o sólo hemos caído en
la trampa de nuestro sistema político presidencialista, que confiere poderes
extraordinarios a un ser humano común; en este caso, carismático pero
incapacitado para hacer un buen gobierno.

Se multiplican los indicios de que avanzamos a una elección de Estado,
preocupa que los organismos electorales –INE y Tribunal– hayan sido
intervenidos pues el gobierno de López Obrador con argucias legales ha logrado
colocar en las presidencias de ambos órganos “autónomos” a mujeres que
responden a los intereses del gobierno morenista y quienes parecen estar
coludidas para impedir que se nombren en puestos vacantes a los profesionales
aptos, en su lugar prefieren a incompetentes, pero afines ideológicamente al
poder.
Lo más evidente de la intervención que, sin ambages, el obradorismo opera para
inhabilitar a los órganos encargados de impartir justicia es la designación
presidencial  de Lenia Batres Guadarrama como Ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Dicen los juristas que su designación fue legal y legítima debido a que el
mandatario ejerció su atribución de hacerlo luego de la incapacidad del bloque
oficialista –Morena, PT, PVEM– de alcanzar un consenso con la oposición en el
Senado de la República.
Sin embargo, carece de la idoneidad ya que la hermana del jefe de gobierno de
la Ciudad de México, es abiertamente militante de Morena, igual que varios
miembros más de su familia incrustados en puestos públicos, pese a estar
prohibido el nepotismo.
No se deje engañar, ella no es la “ministra del pueblo” como se autoproclamó,
no representa al pueblo, todos los mexicanos conformamos el pueblo de los
Estados Unidos Mexicanos, una nación plural, multiétnica… 
La ministra Batres es morenista radical, movimiento que se ha destacado por
ignorar a la Constitución, por ejemplo, nuestra Carta Magna señala que las
instituciones de seguridad deberán ser de carácter civil y que las Fuerzas
Armadas no pueden realizar cualquier otra actividad que no esté estrictamente
relacionada con la disciplina militar. Todos hemos sido testigos de cómo López
Obrador ha querido cambiar este principio, y de su gusto por aparecer
custodiado por los jefes militares.
Si como dicen los voceros oficialistas la continuidad de la autollamada 4T está
asegurada, por qué pese a encuestas propagandistas, el gobierno saliente sigue
en la tarea de querer mantenerse a toda costa en el poder, la alternancia es el
mecanismo electoral idóneo para evitar los gobierno despóticos, que impide a
personas y partidos políticos perpetuarse en el poder. Recordemos lo que Simón
Bolívar dijo: “Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país
de esclavos”.  
Mucho se ha hablado de las responsabilidades en que han incurrido los
servidores públicos que no cumplen con ser juzgadores autónomos, al proferir
tanto elogio el  presidente López Obrador o la candidata Sheinbaum a la ex-
fiscal capitalina Ernestina Godoy, sólo ratifican que en este sexenio  la justicia

parte de la vieja máxima: “aplíquese la ley, pero en los bueyes de mi compadre”.
Aunque tarde o temprano se hizo justicia al evitar su ratificación.
Sólo para ilustrar, recordemos que ella aplicó justicia selectiva en casos
escandalosos, sobran ejemplos, cito algunos: encarceló a la ex cuñada
Alejandro Gertz Manero se cree que por consigna del Fiscal federal; eximió de
culpa a sus correligionarios al dejar fuera a la entonces delegada de Tlalpan, hoy
candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, al investigar y dictar
sentencia en la muerte de 26 personas por el colapso del Colegio Rébsamen, en
los sismos del 2017. 
E igual procedió la entonces fiscal Godoy en el caso de las 27 personas
fallecidas y casi 80 heridas en el accidente de la Línea 12 del Metro. Bueno, ni
siquiera citó a la directora del Metro, Florencia Serranía. Tampoco habla bien de
ella la persecución del Fiscal de Morelos Uriel Carmona, ahora reintegrado a sus
funciones. Ni las denuncias de espionaje telefónico a adversarios políticos, como
la senadora Lily Téllez y Santiagio Taboada, aspirante a la jefatura de gobierno
de la Cdmx, entre otros.
Y para cerrar hoy quisiera que reflexionáramos sobre las denuncias de
corrupción contra funcionarios de la 4T, de extorsión a servidores públicos por
parte de funcionarios de Morena para apoyar candidaturas. Mucho se ha escrito
sobre el tema, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación sancionó a Delfina Gómez por descontar cuotas electorales de sus
sueldos a empleados públicos de Texcoco. 
Luego renunció el exconsejero Jurídico de presidencia, Julio Sherer Ibarra,
enmedio de un escándalo por supuestamente favorecer a un grupo de
despachos afines a quienes filtraba información sobre productivos casos
oficiales.
Tremenda pataleta hizo Marcelo Ebrard, excanciller, acusando a la candidata
Claudia Sheinbaum de recibir apoyos extra-oficiales a su campaña para ganar la
“coordinación” o precandidatura presidencial de Morena.
Ahora Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex del gobierno de Morena lanza
acusaciones contra los titulares de las secretarías de Gobernación y del Trabajo
por quererla obligar a entregar el 20% del dinero de las liquidaciones a
trabajadores de confianza de ese organismo para destinarlo a la campaña de la
candidata Sheinbaum.
Y ya como corolario, los dos libros de Elena Chávez (El Rey del Cash y El Gran
Corruptor) donde existen decenas de testimonios sobre un modus operandi del
obradorato para hacerse de fondos ilegales desde antes de ocupar la
presidencia de la República. 
Dicen que “cuando el río suena agua lleva”. La autoridad electoral debería
investigar y aclarar estas denuncias, claro si sobrevive al embate gubernamental
para cooptarlas.