Miscelánea, salud y política

De calamidades naturales y previsibles

“Gobernar no es mandar,
por mucha mayoría que se
tenga”: Juan Luis Cebrián
Crecen las noticias sobre la devastación provocada por el huracán Otis en
Guerrero. Sufren habitantes la desazón que trae un desastre natural, ahora sin
FONDEN (Fondo para la Atención de Desastres). Bien hicieron gobiernos del
pasado en prever este rubro que también se comió el hambre de trascendencia,
las obras faraónicas no pedidas pero hechas a capricho de un solo hombre.
Gobernar debe ser una actividad compleja para los hombres conscientes de la
trascendencia de sus actos, pero no para nuestro presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien en junio de 2019, nos alertó con una frase para la
posteridad: “no tiene mucha ciencia gobernar”, porque según él era cosa de
aplicar sentido común. Con todo respeto, nuestro presidente se equivocó.
La interesante frase la hizo seis meses después de haber asumido el cargo por
el que luchó dos décadas, en gira por Ecatepec, Estado de México, frente a
reclamos de inacción por parte de “Antorcha Campesina”, justificó, ocurrente
como siempre: cuesta trabajo echar a andar al gobierno federal, al que describió
como “un elefante echado, reumático y mañoso”.
Han pasado 5 años de un sexenio marcado por las ocurrencias, la tragedia y
promesas incumplidas, así como el afán de someter a instituciones autónomas
creadas para proteger derechos individuales y ciudadanos contra los excesos de
autoridades. 
Algunos casos de promesas incumplidas para refrescar la memoria:
A menos de dos meses de haber asumido la presidencia de la República explotó
una toma clandestina de combustible en un ducto de la Pemex Tuxpan-Tula, en
Tlahulilpan, Hidalgo. El saldo: 138 muertos, decenas de niños huérfanos.
Quedó en letra muerta el apoyo ofrecido a familiares, así como investigar si hubo
negligencia de autoridades al atender tardíamente la fuga y dispersar a la
multitud. Del compromiso presidencial de acabar con el huachicoleo, mejor ni
hablar. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/18/tres-anos-mas-
tarde-que-paso-tras-la-explosion-de-tlahuelilpan/
La tragedia migrante en suelo mexicano no para. El complejo fenómeno
internacional crece al igual que otros ofrecimientos hechos por el entonces novel
e idealista presidente mexicano ofreciendo empleo y sustento a migrantes

extranjeros, ignorando que por esas carencias miles de connacionales emigran
al norte.
Al paso de desdichados incidentes, el paraíso prometido –con la participación de
traficantes y delincuentes–, se convirtió en puerta al averno. Menciono un
incidente entre una decena o más: el 9 de septiembre de 2021, un tráiler de
doble remolque se volteó en una carretera hacia Tuxtla, Gutiérrez, el saldo: 55
decesos, 19 de ellos eran menores de edad; 95% de las víctimas,
guatemaltecos.
El punto álgido de esta catástrofe humanitaria en suelo mexicano lo constituyó el
incendio en la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la
madrugada del 28 de marzo, con saldo de 40 migrantes muertos y 29 heridos. 
La autoridad gubernamental (el comisionado del Instituto Nacional de Migración,
Francisco Garduño Yáñez) rehuyó, hasta ahora, las responsabilidades legales
por ineptitud de funcionarios del INN e inexistencia de protocolos humanitarios
en los centros de detención, entre otras. Y a pesar de su negligencia sigue en el
cargo.
Amnistía Internacional sentenció sobre esta desgracia: “Es consecuencia de las
restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de
México y Estados Unidos”.
Insuficientes, con costo al erario público, han resultado los más de 28 mil
elementos de la Guardia Nacional desplegados para contener migrantes en las
fronteras norte y sur; inexistentes los apoyos a todos los estados de la República
afectados por las obligaciones a cumplir, al haber aceptado sin reparos mayores
ante el gobierno del “amigo” Trump, convertirnos en tercer país seguro para
solventar necesidades de migrantes en busca del sueño americano.
A 331 días de que concluya el sexenio, el próximo 30 de septiembre de 2024, el
andamiaje del sistema de derechos humanos construido en México a través de
décadas luce hoy maltrecho, con la diferencia de que en el infortunio natural
como el que hoy lamentablemente vive el pueblo de Guerrero, especialmente el
hermoso puerto de Acapulco, la comunidad local y externa, unida, se yergue con
apoyos para resurgir de los escombros.
Contrario a la esperanza sembrada en su larga lucha por el poder, Andrés
Manuel López Obrador una vez entronizado, pareciera que cambió el bastón de
mando por la posesión de un mazo para intentar destruir con sorprendente
diligencia la estructura democrática del país, mientras se convirtió en
cuentacuentos de letal narrativa.
En este gobierno es inexistente la defensa de los derechos humanos para limitar
a la acción del Estado en relación con los individuos, generándole a éstos un
ámbito de libertad, sin injerencias de la autoridad. Y todo comenzó por imponer a
Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, sin el curriculum y haciendo trampa en el Senado con los votos.

Gracias al contubernio entre el jefe del Ejecutivo y los legisladores de Morena,
PT y PV.
Y para prueba de que el presidente pasa por encima de la ley para mantener el
control está la renuncia de los seis miembros del Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes dejan para la posteridad los
motivos: “la presidenta ha obstaculizado nuestro trabajo…nos ha amenazado y
calumniado”, usando recursos institucionales e incurriendo en la ilegalidad. Todo
ha sido para complacer al presidente no a las víctimas de violaciones.
Aunque la CNDH diga que nunca los amenazó o calumnió ni impidió el
cumplimiento de las funciones de los comisionados, todos ellos miembros
honoríficos, sin sueldo, ratificados por el Senado por su idoneidad profesional,
es evidente que Rosario Piedra prefirió ponerse a las órdenes del presidente de
la República. Un ejemplo de ello es cuando los comisionados, en forma
unánime, le recomendaron declarar inconstitucional que la Guardia Nacional
pasara al Ejército. Ignoró totalmente la recomendación y emitió otra en apoyo del
Ejecutivo.
Contrario a quienes dejan a los especialistas los temas propios de una disciplina
compleja, el presidente de la República quiere manejar a su arbitrio todo, uno de
sus objeticos es desaparecer equilibrios entre poderes. 
Ejemplo de ello es el gravísimo problema con el Poder Judicial, a cuyos
trabajadores ha afectado con la desaparición de 13 fideicomisos para hacerse
de 15 mil millones de pesos. Sus aliados incondicionales para conseguirlo han
sido legisladores de Morena y aliados (PT y PVEM).
Sin duda, había que hacer una reforma al Poder Judicial para discutir salarios y
prestaciones de los magistrados, pero no se vale que con ese pretexto castigue
a miles de trabajadores en defensa de la ley y la justicia, tratando de sustraerles
sus ahorros para el retiro y otras prestaciones.
La exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación
y militante de Morena apoyó los paros y manifestaciones de los trabajadores en
contra de la desaparición de los fideicomisos, por considerarlos justos. También
Alejandro Díaz Durán, morenista suplente de Ricardo Monreal, afirmó que de
darse la desaparición de los 13 fideicomisos “se estará violando la Constitución”.
Ayer, en su mañanera del 24 de octubre, AMLO enumeró diez razones para
atacar al Poder Judicial, y entre ellas dejó claro que se trata de una venganza en
contra de los magistrados quienes se pronunciaron a favor de su desafuero hace
18 años, cuando fue jefe de Gobierno. Lo absurdo: ya no está en funciones
ninguno de los magistrados de esa época, pero el rencor no ha desaparecido.
Dos nombramientos presidenciales recientes se suman a la extrañeza de
organizaciones nacionales e internacionales especializadas en defensa de
Derechos Humanos: el del extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación
(PFF), Félix Arturo Medina Padilla, como subsecretario de Derechos Humanos,

Población y Migración, tras la renuncia de Alejandro Encinas y el de Teresa
Guadalupe Reyes Sahagún, nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB), exdirectora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA). Ambos carecen de experiencia, idoneidad y aptitudes para el puesto,
seguramente son funcionarios de confianza para López Obrador.
Sólo conocer la realidad, sopesarla y actuar en consecuencia en las próximas
elecciones nos evitará caer en los mismos errores. Dice Alberto Moravia:
“Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del
gobierno que han votado.”
Hay que emitir votos de conciencia en junio del 2024 ¿Qué opinarán la larga lista
de afectados por esta administración? Me refiero a los familiares de los más de
160 mil víctimas de homicidio o de los más de 100 mil desaparecidos, incluidos
los normalistas de Ayotzinapa o los de las casi 800 mil víctimas de Covid-19, los
padres de los niños sin medicamentos para sobrevivir al cáncer o los
trabajadores del Poder Judicial y demás agraviados.  
—oo0oo—