Miscelánea, Salud y Política

Celeridad en políticas públicas

“Nuestra fortaleza nunca ha provenido de pensar
de la misma manera, sino de haber construido
entidades académicas y órganos colegiados
plurales”: Leonardo Lomelí Vanegas

México se sumará a la lista de países en que los niños y adolescentes tienen prohibido o restringido acceder al teléfono celular o smartphone durante el horario de clases de educación básica, los dispositivos móviles portátiles que dan acceso a las funciones de procesamiento de una computadora, la capacidad de navegar por internet, acceder a redes sociales y a la Inteligencia Artificial.

Conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), México se sumará el próximo 3 de noviembre de 2026 a los sistemas educativos de 114 de naciones del mundo que han implementado restricciones parciales o totales al uso de teléfonos celulares y smartphones en las escuelas. Estas naciones representan el 58% de los países del mundo.

El Acuerdo número 09/09/26 se publicó ayer (22 de septiembre de 2026) en el Diario Oficial de la Federación, como resultado de una de las iniciativas presidenciales que se han sido impulsadas y aprobadas con celeridad en los últimos días, en la que dice tratarse de una política de salud mental, convivencia presencial y mejora cognitiva para los menores.

México se suma a las restricciones internacionales del uso indiscriminado del teléfono celular en las escuelas de educación básica, en la que Francia fue el pionero en septiembre de 2018. Se cumplen 8 años de que la nación gala estableció esa prohibición para estudiantes menores de 15 años.

Especialistas en educación, salud mental y desarrollo científico y tecnológico coinciden en que la disposición tiene aspectos positivos: mejorará la concentración y por tanto el rendimiento académico de los educados; fomentará la convivencia social entre alumnos y se limitará el ciberacoso.

En contrario, advierten los expertos, esta disposición no mejorará por si sola la calidad educativa en México, ese tema es más complejo, y requiere un análisis a fondo de las reformas efectuadas en la Nueva Escuela Mexicana, muy cuestionada por su alta carga ideológica socialista y sus insuficiencias científicas en materias como Matemáticas, Lectura y Ciencias (conforme a los resultados de la prueba PISA 2026).

Los especialistas en estos temas consideran que haber optado por la "prohibición" generalizada del uso de teléfonos celulares en las aulas afectará el aprovechamiento de esta herramienta en el proceso de consulta y aprendizaje, consideran que hubiera sido mejor empoderar al maestro como autoridad, y que de él dependiera la decisión de usarlo o no de acuerdo a las necesidades pedagógicas.

Algunas investigaciones en países europeos que impusieron la medida hace años midieron el resultado de la prohibición y encontraron que no tiene un impacto significativo en el desempeño académico ni en la reducción del ciberacoso escolar:

En Suecia, se aplicó el modelo de Béland y Murphy para comparar las calificaciones de estudiantes de secundaria antes y después de una prohibición de teléfonos móviles durante un año, sin encontrar efectos positivos ni negativos en su rendimiento académico.

Otro estudio, efectuado por el Departamento de Educación de Estados Unidos reveló que las escuelas con prohibiciones de celulares registraban un mayor porcentaje de ciberacoso diario o semanal en comparación con aquellas sin restricciones.

En contra también está la condición de México como el país sin guerra más peligroso y violento del mundo, según el índice de conflictos y violencia política de ACLED, (conocida como Iniciativa Global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados).

La violencia normalizada en algunos estados de la República sustenta la necesidad de que niños y jóvenes estén permanentemente comunicados con sus padres o cuidadores o frente a amenazas criminales puedan acceder a números telefónicos de emergencia.

Aunque se establecen excepciones para usar los teléfonos celulares por razones educativas, pedagógicas, emergencias personales y previa comunicación en casos de requerimientos personales por prescripción médica, la prohibición inhibe la disponibilidad inmediata del dispositivo móvil. Como en el viejo oeste la rapidez puede ser causa de vida o muerte.

Según difundió la SEP, la disposición del gobierno obtuvo el aval del magisterio mediante una encuesta nacional aplicada durante la semana del 24 al 28 de agosto de 2026, obteniendo el apoyo del 81%, o sea más de 565,000 maestras y maestros. También fue aprobada en forma unánime por los secretarios de educación de los 32 estados de la República dentro del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Actualmente corre el plazo establecido por la SEP de 30 días hábiles para realizar asambleas informativas en las escuelas públicas y privadas antes de su obligatoriedad el 3 de noviembre de 2026, y se espera llevarla como ley al Congreso posteriormente.

Cabe precisar que la restricción es total para los estudiantes de educación básica: no podrán utilizar celulares ni tabletas digitales durante el horario de clases ni en el tiempo de recreo, aunque sí podrán llevarlo en sus mochilas.

En Educación Media Superior (Bachillerato) y Universidades: No habrá restricciones obligatorias por parte del gobierno, respetando la autonomía de las instituciones y será el personal docente quienes apliquen las restricciones parciales de acuerdo a las necesidades de la comunidad estudiantil, dando prioridad al uso seguro, crítico y estrictamente pedagógico.

La medida está dirigida únicamente a los estudiantes. Los maestros no tienen prohibido usar sus teléfonos, aunque la SEP los ha exhortado a moderar su uso en el aula para dar el ejemplo.

Para los padres de familia, maestros y maestras y la opinión pública que deseen consultar el Acuerdo número 09/09/26 publicado por la SEP pueden hacerlo en https://sidofqa.segob.gob.mx/notas/5799247.

Finalmente, para los interesados es necesario señalar que el acuerdo no establece sanciones fijas, castigos automáticos ni medidas punitivas de carácter federal para los infractores del acuerdo ni suspensiones automáticas o expulsiones para los alumnos que utilicen el teléfono celular sin autorización. Muchos, amables lectores, dirán ¿Cómo?

Mejor por ahí hubieran comenzado. Por nuestra civilizada cultura ciudadana (es ironía) la SEP determinó que la normativa operará bajo un enfoque formativo y preventivo, delegando la aplicación específica a cada comunidad escolar.

¿Por qué la celeridad presidencial en impulsar iniciativas de aparente control gubernamental y administrativo en los últimos días?

Las prisas hacen cometer errores garrafales al gobierno de la presidente Sheinbaum que pretendiendo imponer en la agenda pública la imagen de controlar la narrativa y estar de pie en defensa de la soberanía, impulsa un acuerdo de prohibir celulares a escolares sin analizar los resultados obtenidos en naciones pioneras de dichas restricciones y sin imponer sanciones.

Avanza con velocidad y ligereza la aprobación de la iniciativa presidencial para impedir sean candidatos quienes tengan doble nacionalidad, interpretada como el dique para desalentar aspiraciones presidenciales de opositores y algún morenista a quien quieren desbarrancar, a menos que renuncien a la dualidad.

Otros lo ven como un agravio a los derechos ciudadanos de millones de mexicanos-estadounidenses quienes en el régimen de la 4T son buenos para votar en los comicios nacionales y generar miles de millones de dólares en ingresos al país, pero no pueden ser votados para ser elegidos a ocupar puestos de elección popular en su país de origen.

Y lo que parece la pifia mayor: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la requisa histórica de 59 millones de litros de combustible, en San José Iturbide, Guanajuato, de supuesto huachicol fiscal en una empresa del Grupo Simsa, que pese a lo comunicado por la Fiscalía General de la República, sigue probando operar bajo normas de legalidad.