Miscelánea, salud y política

¿En riesgo identidad y privacidad?

Se necesitan 20 años para construir una reputación y unos pocos minutos de ciberaccidente para arruinarla: Stéphane Nappo

Cuando el gobierno, por razones de seguridad y control de desapariciones, decide crear una plataforma digital con los datos biométricos de sus ciudadanos, surge la pregunta: ¿Tiene recursos y capacidad para proteger esos datos y evitar que los delincuentes cibernéticos hackeen la identidad virtual de los mexicanos o crecerán los riesgos de convertirnos en víctimas de los ciberdelincuentes?

México enfrenta el acoso migratorio y arancelario del coloso del norte y padece crisis heredadas del primer piso de la 4T: inseguridad y violencia; recesión económica, endeudamiento externo excesivo, gasto en mega obras improductivas y falta de productividad; un sistema de salud deprimido y un poder judicial cuya legitimidad es cuestionada, entre otros rubros cruciales.

La compleja problemática exigiría a cualquier gobierno adoptar estrategias y políticas públicas priorizando los escasos recursos financieros disponibles para impulsar el desarrollo, por ello es sorprendente y preocupante que en este contexto se haya tomado la decisión de crear una CURP biométrica, como nuevo documento de identidad obligatorio y gratuito para todos los ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en el país.

Para un gobierno quebrado, sin duda sería más económico y menos riesgoso credencializar a través del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo al Padrón electoral actual 100 millones de ciudadanos están inscritos, por lo que solo faltarían 31 millones, se trata de menores de 18 años, quienes por razones obvias carecen de credencial para votar.

El costo de la credencial de elector para el INE está entre 11 y 12 pesos, y esta tarea podrían haberla realizado el personal profesional experto en emitir este documento de identificación oficial desde hace más de 30 años, que contiene datos biométricos (firma electrónica, huella digital y fotografía). No existen datos oficiales sobre el costo del nuevo CURP biométrico, pero las nuevas tecnologías son caras.

Sin estudios de impacto que midan los riesgos del nuevo documento de identidad, violando lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales, se aprobaron las reformas para crear la CURP biométrica que contendrá los datos alfanuméricos de 18 caracteres de la CURP tradicional; las huellas dactilares de ambas manos, un escaneo del iris y una fotografía digital del titular.

El Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó el pasado 16 de julio el decreto de reformas donde se establece que este será el nuevo documento de identidad obligatorio y gratuito, indispensable para todo trámite e incluirá a niños, niñas y extranjeros radicados en nuestro país. A los sectores público y privado les conceden 90 días a partir de la publicación del decreto para adaptar su normativa, mismos que se cumplen el próximo 16 de octubre.

Se reformaron las Leyes sobre desaparición de personas -forzada y por particulares- y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, según la explicación de motivos de la iniciativa presidencial, se tiene el propósito de: fortalecer la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas en México. 

El aparente propósito enunciado no dice cómo fortalecerá la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Resulta ilusorio pensar que aparecerán para tramitar su CURP biométrico e inscribirse en la Plataforma Única de Identidad, de ahí que organizaciones de familiares de desaparecidos rechazan esta medida por inútil y, sí, la consideran un riesgo para la privacidad de las personas.

Ante la desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales); organismo constitucional autónomo que tutelaba el derecho a la privacidad digital en México, derecho que se reconoce en el artículo 16 de la Constitución y que protege los datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, será la Secretaría de Gobernación la responsable de crear la plataforma única de identidad.

La desaparición del manejo autónomo se interpreta como un retroceso democrático, tripulado por gobernantes del segundo piso de la 4T, ahora la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará de su distribución en formato digital, los ciudadanos podrán tramitar la nueva CURP biométrica en oficinas del Registro Civil, lo que de acuerdo a las reformas legales será el documento de identificación obligatorio e indispensable para todo trámite a partir de 2026.

El Registro Nacional de Población (RENAPO) será responsable de registrar y mantener actualizada la CURP biométrica, incluyendo los datos personales de cada persona.

Aunque hace sólo cinco días la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el trámite es voluntario y que a nadie se podía obligar, para evitar confusiones es necesario tener presente que el decreto de reformas legales ya se publicó en el DOF y entrará en vigor en octubre y “la ley está por encima de cualquier declaración política”, aunque podría ser muy positivo y plausible que la presidente de México reconsiderara la obligatoridad de esta medida, cuya entrada plena en vigor será paulatina. Actualmente está en marcha un programa piloto en varias entidades del país.

Lo cierto es que diversas organizaciones ciudadanas se oponen a la implementación de la CURP biométrica, ya que la entrega de huellas dactilares, reconocimiento facial y del escaneo del  iris, representa un riesgo para la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

Está previsto que las plataformas de identidad ciudadana estén conectadas a las redes de seguridad pública, por lo que podrían ser vigilados permanentemente por las corporaciones policiacas operadas por militares –algunos elementos han presentado conductas éticas dudosas y hasta ilegales–, entre otras tantas instituciones y organismos gubernamentales que interactuarán con la red digital.

Existen muchas interrogantes, una de ellas es la preocupación de personas mayores con escasa movilidad sobre cómo se prevé credencializar a estos grupos vulnerables, y cómo podrán solventar la falta de huellas digitales, a causa del adelgazamiento de la piel debido a la edad se pueden borrar los también llamados dermatoglifos, y se preguntan cómo obtendrán la identificación oficial para el cobro bancario de sus pensiones.

En un gobierno que no cumple con garantizar los derechos humanos a cabalidad, que no garantiza la seguridad pública; que censura a los periodistas críticos por el uso de su derecho a la libertad de expresión, que está alentando se acoten los derechos ciudadanos, hay desconfianza social respecto a cuáles son los propósitos encubiertos de esta medida.

La pesadilla para los ciudadanos, las personas mayores y grupos vulnerables pertenecientes al batallón de analfabetas tecnológicos (sin afán peyorativo), es la falta de confianza en las capacidades del gobierno para prevenir e impedir pudiera ser hackeada la plataforma digital de identidad.

La privacidad digital es esencial para garantizar la libertad, la autonomía y la dignidad de las personas en el entorno digital, por ello la pregunta: ¿Cuáles son los mecanismos y protocolos previstos por la autoridad para reaccionar frente al riesgo de que entes criminales pudieran robar identidades, vidas y bienes? ¿Cómo prevé el gobierno garantizar un entorno digital seguro y respetuoso de los derechos a la privacidad? El gobierno tiene pendientes muchas respuestas.

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