Miscelánea, salud y política

Excepciones que confirman la regla

Un buen juez escucha cortésmente, responde sabiamente, pondera prudentemente y decide imparcialmente: Sócrates

Estamos a 45 días de que se efectúe la elección del Poder Judicial de la Federación, el domingo 1 de junio, y la propaganda emerge a borbotones puesto que el pasado lunes 14 de abril arrancaron oficialmente las campañas de ministros, magistrados y jueces, de la cuestionada elección que costará 13 mil millones de pesos.

Altísimo el precio de un capricho que se pagará con recursos públicos, puesto que juristas expertos nacionales y extranjeros coinciden en vaticinar como gravísimo error dinamitar el sistema judicial mexicano en lugar de reformarlo para hacerlo más eficiente, en ello concuerdan hasta los legistas de un puñado de países del mundo donde existe una elección parcial de juzgadores locales.

Y es el que el origen, aunque “legal”, avalado con la aprobación de la mayoría oficialista en el Congreso y las legislaturas locales, es cuestionable, resultado de un proceso desaseado.

En el Senado –Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista–, se necesitó del sorpresivo voto a favor del entonces senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, con lo que se confirmó la ilegitimidad moral de la reforma.

A la integración previa de un Congreso cuya mayoría es cuestionable, se sumó la evidencia de un acuerdo clandestino del grupo en el poder para obtener el voto necesario para la aprobación de la iniciativa de AMLO, a cambio se ofreció la exoneración pública de la familia del excandidato a gobernador de Veracruz, Yunes Linares, acusada, hasta entonces, de múltiples tropelías.

Recordemos que la elección de los funcionarios judiciales surgió como una venganza presidencial de Andrés Manuel López Obrador al rechazo de sus iniciativas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió en forma irrefutable que estas contrariaban el espíritu de la Constitución vigente.

A lo anterior se sumó la exigencia de un trato digno y respetuoso, de igualdad al Poder Judicial por parte de la presidenta de la SCJN, ministra Norma Piña Hernández, y las resoluciones de algunos jueces qué con plena independencia, como corresponde a la teoría de equilibrio entre los tres poderes de la Unión, se negaron a someter sus juicios a la voluntad presidencial.

AMLO, rencoroso y hábil propagandista, a través del uso y abuso del aparato mediático estatal y privado, en sus conferencias mañaneras machacó, día tras día, que el Poder Judicial estaba podrido.

Con sus dichos, el expresidente no sólo logró posicionar a su sucesora como la candidata favorita, sino que consiguió que la percepción popular, especialmente de sus seguidores, fuera de condena a la corrupción del sistema de justicia, al nepotismo y los altísimos salarios de ministros, magistrados y jueces. Existentes sí, pero sobredimensionados a conveniencia del amado líder.

Lo cierto es que es que la próxima elección de funcionarios del Poder Judicial Federal y de 19 estados de país no resolverá los problemas de injusticia, impunidad ni corrupción porque la reforma nunca abordó integralmente la problemática del sistema de justicia.

La reforma impuesta por el gobierno de la 4T no atiende a ningún diagnóstico ni estudio previo como fue el estilo de gobernar de AMLO secundado por la presidente Sheinbaum, quien continuó impulsando esta aberración en detrimento de nuestra muy resquebrajada democracia.

Las elecciones del PJF no cuentan con el aval de la oposición ni de la mayoría de organizaciones ciudadanas, y es que nunca fue un proyecto integral ni completo de reformar el sistema de justicia, no comprende la procuración, que ejercen las fiscalías “autónomas”, en los hechos dependientes del Poder Ejecutivo federal y estatales.

Tampoco abarca a ministerios públicos ni jueces de las fiscalías especializadas, ni a la policía de investigación, peritos, y personal administrativo que son la primera instancia a que recurre el ciudadano. Y, de donde proceden la mayoría de las quejas por corrupción de la población capitalina.

Por ello la próxima elección parece más una actividad político-partidista-gubernamental en busca de una mayor concentración de poder, que un ejercicio para convertir al Poder Judicial mexicano “en el más democrático del mundo”, como asevera la presidente Claudia Sheinbaum.

Slogan de campaña, por cierto, totalmente inapropiado, porque el ideal del juzgador no es ser el más popular, sino el más preparado; no es ser el más leal al partido que dice representar los intereses del pueblo, sino es quien busca la supremacía de la ley por encima de intereses partidistas…

Otra más de las lamentables decisiones tomadas por el Tribunal Electoral (por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra) es la de permitir que los servidores públicos participen en la promoción del voto, ¿a quiénes impulsarán?

En teoría su promoción será de “neutralidad”, pero los morenistas han sido adoctrinados por años por su líder patriarcal quien antepuso entre sus colaboradores 10% de saberes por 90% de lealtades. Así de flexibles deben ser.

Para el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, es ‘abusiva’ la decisión del Tribunal Electoral del PJF que permite la participación de los servidores públicos como promotores del voto, no sólo porque viola el artículo 134 Constitucional y el 506 de la Ley de Procedimientos Electorales.

Porque es obvio, explica el ministro, que los servidores públicos promoverán a los candidatos del Comité de selección de la administración pública morenista, dicha procedencia no admite dudas, se consigna en las boletas electorales.

Mucho se insiste desde Palacio Nacional en que la nueva elección hará posible cambiar a los “malos” magistrados y jueces, que ahora sí el pueblo podrá elegir a los mejores, pero lo cierto es que desde las instancias de selección de candidatos hubo errores y anomalías. La pregunta hoy es: ¿Quiénes son los mejores?

Entre más de 3 mil 400 candidatos se elegirán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, así como 612 candidatos contienden por 137 cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México, 6 candidatos para cada cargo. Además de las elecciones en 19 estados de la República.

El INE abrió el sistema Conóceles, plataforma en internet en la que se podrá consultar la información curricular y propuestas de los candidatos a un cargo en el Proceso Electoral Extraordinario (PEE) del PJF, sin embargo, la información curricular aunque necesaria es insuficiente.

Por la premura, y aunque en muchos casos el proceso está amañado, es necesario reconocer quiénes lograron llegar a las boletas y encarnan perfiles de candidatos idóneos.

Organizaciones como Defensorxs, que tienen la misión de promover e impulsar la protección de los derechos humanos en México, se dieron a la tarea de investigar y encontraron candidatos “buenos”, cuyas trayectorias y capacidades deben divulgarse para que los ciudadanos puedan votar por ellos.

Explicó Miguel Alfonso Meza, Presidente@DefensorxsAC a Azucena Uresti, de Radio Fórmula que del análisis de los perfiles de candidatos a ministros de la SCJN, encontraron, por ejemplo, que de los 64 inscritos el 46% están en semáforo rojo.

Utilizan los semáforos para alertar sobre los riesgos que representan. Los de rojo son aspirantes carentes de independencia, debido a que son cercanos a los grupos de poder morenista o a los carteles delincuenciales, pueden pertenecer a sectas religiosas o han incurrido en actos de corrupción, entre otras conductas.

Si usted decide participar como elector en la próxima elección extraordinaria del PJF puede informarse sobre por quién es posible votar sin lamentarlo, ingrese a: https://eleccionjudicial.defensorxs.com

Rebeca Rodríguez Calderón, doctora en derecho y psicóloga, No. 12 en boleta verde, candidata a jueza familiar de la CDMX

En este contexto, le voy a recomendar a una candidata. Ella es Rebeca Rodríguez Calderón, con licenciaturas y especialidad y maestría en Derecho Familiar, así como psicóloga por la UNAM; además cuenta con dos doctorados, uno en Derecho Familiar.

Rodríguez Calderón forma parte de la carrera judicial en donde se inició hace casi 18 años y ha sido secretaria conciliadora y proyectista, además de docente en Derecho familiar a nivel maestría.

Ella considera una utopía la carrera judicial, ya que siempre se favoreció a los recomendados, “esta reforma permitirá que gente que está dentro del PJF pueda subir a plazas superiores sin necesidad del apoyo amistoso o familiar del juez en turno”.

Asegura que la parte noble de la reforma judicial es que personas preparadas, como ella, puedan ascender. Se define como una profesional apartidista, participó en los tres Comités de selección, y dos de ellos, el Judicial y el Legislativo, la aprobaron como candidata a jueza en materia familiar.

Busca una de las 22 plazas en concurso, realmente una de las 11 que ocuparán mujeres. Existen 66 candidatas para esas11 plazas.

La doctora Rebeca Rodríguez Calderón, por su preparación, es competente en la resolución de conflictos familiares, como psicóloga y jurista, se especializó en el manejo de niños, niñas y adolescentes, considera que “ellos son los principales afectados en los conflictos familiares”.

Asevera que: “necesitamos jueces sensibilizados, quienes con tacto defiendan los derechos de los menores. Como madre de una hija, soy sensible y apta para ocupar el puesto”, enfatiza. Además, por estar dentro del Poder Judicial, conoce las áreas de oportunidad que tiene los juzgados, por lo que se compromete a explotarlas, mejorarlas y corregirlas.

Padeció como empleada las deficiencias en el trato a los menores en los juzgados por parte del personal, eso la motivó a estudiar Psicología, y luego fue auxiliar de peritos en materia familiar en la Dirección de Evaluación Psicológica del Tribunal, y también fue perito de la misma especialidad en la UNAM. Regresó a juzgados en el PJF, donde fue secretaria proyectista y conciliadora.

Le preocupa la problemática diversificada que vive la niñez en la Ciudad de México y considera que hay que hacer una estrategia integral estructural interinstitucional, pero centrada en la parte jurisdiccional, dada la celeridad con que se tiene que atender esta problemática, porque “justicia retardada es justicia denegada”. Hay que ofrecerle a la ciudadanía una justicia pronta, completa, imparcial.

Rodríguez Calderón busca ser jueza de lo familiar de la CDMX, pero por razones de cómo se organizó la elección a través de los comités distritales le tocará contender por los distritos de las alcaldías Iztapalapa (26) y de Coyoacán (24 y 30).

La puede identificar en la boleta verde con el número 12, en la materia jueza familiar.

—oo0oo—