Migración, medio ambiente y fiscalización 

La migración es un fenómeno que ha acompañado a la historia de la humanidad. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, las principales causas de migración son económicas, demográficas, sociales, políticas y ambientales. En 2020, el número de migrantes a nivel mundial era de 281 millones de personas; y para sus países de origen, en ese año se contabilizaron 164 millones de personas trabajadoras migrantes que generaron remesas por 702 billones de dólares. Es, en el fondo, la convicción que tienen las personas (a veces arriesgando su propia vida) de que pueden construirse un futuro mejor en un nuevo hogar.

La migración se ha ido incrementando con el paso de los años. A inicios de la década del 2000, 2,8% de la población mundial era migrante, frente al 2,3% en 1980; actualmente el porcentaje es de 3.6 % de migrantes en el mundo, y no olvidemos que no sólo la proporción ha aumentado, sino también la población mundial, por lo que los números absolutos son todavía más elevados. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, se tienen contemplados a los migrantes, y se insta a los países a que se facilite la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable. Esto, sin duda, requerirá que los países inviertan en una política migratoria que asegure este objetivo; recursos económicos, pero también culturales y de sensibilización, pues, por desgracia, en muchos países hoy prevalece la percepción de la migración como un problema legal y hasta policiaco, y no como un tema humanitario y de desarrollo compartido.

Otros temas tratados en los ODS respecto a los migrantes, comprenden la movilidad de estudiantes internacionales, la trata de personas, la migración laboral, las remesas y la identidad legal de las personas migrantes. El tema de la trata de personas, especialmente delicado por su vertiente de crimen organizado y victimización de las personas que migran, se ha vuelto apremiante en todos los continentes. Los derechos laborales de las personas migrantes tienen, además, una importante arista de género de la que apenas se está creando conciencia.

Durante mucho tiempo se consideró que el tema ambiental estaba alejado de la influencia de las personas, el cambio climático nos ha demostrado que la acción humana ha sido determinante en que la temperatura a nivel mundial suba continuamente desde hace un siglo. La vulnerabilidad ante el cambio climático no es igual para todos los países, pues si bien México por sus litorales y costas enfrentaría retos ante este fenómeno, existen países que están seriamente amenazados incluso de desaparecer físicamente, como los estados insulares. Este hecho puede generar, en el futuro, migraciones forzosas -de hecho, el Informe Groundswell de 2021, sobre el tema concreto, ha calculado que para 2050 el cambio climático generará 216 millones de migrantes en el mundo-.

Uno de los retos que tenemos las EFS, es fiscalizar los programas, recursos y acciones que los Estados invertirán e implementarán para atender la migración, ya sea en el rubro de la salud, la educación o el monitoreo de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Los recursos son finitos, y el número de personas en situación de migración y desplazamiento se eleva cada vez más; debemos generar capacidades y estrategias para realizar la fiscalización de la mejor manera posible; el intercambio de buenas prácticas y la innovación conjunta de políticas públicas entre los países miembros de OLACEFS, será fundamental para lograr este cometido.