Indicador político
Un mal jugador será, invariablemente, un mal perdedor. López Obrador a lo largo de su vida ha sido mal jugador de principio a fin; asunto de carácter, de estructura personal, con quien humillados y ofendidos se proyectan en sus formas y modos. Es el abanderado del rencor personal y social. Cuántos no quisieran ser como AMLO en sus arrebatos y excesos. Su popularidad es la medida de nuestros tiempos y de México. La impunidad social se origina en la procrastinación de las élites y en los complejos y fijaciones de no pocos mexicanos. La dignidad no existe en su diccionario, aunque sí, afortunadamente, en el de muchos otros. El 18F sabremos qué tantos; también en la afluencia ciudadana a las urnas el primer domingo de junio. El mal jugador inventa pleitos y adversarios. La carta a la ministra presidenta Norma Piña por la eventual excarcelación de los militares imputados en la causa de Ayotzinapa, firmada por la secretaria de Gobernación, lo pinta de pies a cabeza. Igual su reacción al ver frustrada su pulsión punitiva mediante la prisión preventiva oficiosa. Debe quedar claro que la ministra presidenta no tiene facultad alguna para intervenir ante un juez. El presidente cree que los juzgadores son subalternos, subordinados de quien preside la Corte, quien no es parte del proceso, sí la FGR que, por cierto, defendió mal el caso. El juez es responsable único de sus decisiones, las que se revisan ante las instancias de alzada si hay inconformidad de una de las partes. El presidente dice y no falta quien le crea, que aquello que le resulta mal, es producto de la perversidad de sus enemigos en su intención de dañarlo. La realidad es que le ha salido muy mal su compromiso en el asunto de Ayotzinapa. Se liberaron a criminales confesos, se decidió perseguir a los fiscales, incluso llevar a la cárcel al Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, y para cumplir con la tesis de crimen de Estado, imputar a militares con pruebas frágiles, como el dicho del principal criminal en libertad por su testimonio a modo de las intenciones del anterior fiscal especial. No es cierto que el poder judicial actúa para desprestigiar al Ejército y confrontar al presidente con los padres de los estudiantes. Él mismo se confronta con la verdad, con la ley. Más aún, proceder penalmente contra los jueces que fallan contrario a sus intenciones es un acto inadmisible de intimidación, y sobre el que deben actuar la Corte, el Consejo de la Judicatura y el gremio que los representa. El respeto al juez por sus fallos a todos implica y es fundamental para una justicia confiable. Para el presidente es la justicia a modo, la del comisario político, precisamente el papel que juega la ministra por él impuesta, Lenia Batres. Un mal jugador es proclive a la trampa, a tratar de ganar a toda costa. Por eso la contienda electoral es una elección de Estado. El presidente no duda en divulgar del adversario la información financiera, fiscal y bancaria legalmente protegida. Lo aprendió de Santiago Nieto, el anterior titular de la UIF y ahora flamante candidato de Morena al Senado. El actuar de ambos, el presidente y el funcionario, es indebido y violenta los derechos humanos, es un delito que ninguna autoridad se ha ocupado de considerar. La impunidad no sólo es social, también es institucional. El mal jugador busca que muchos le acompañen en su empeño; que lo peor que deba hacerse sea por otros y a su propia cuenta, el embate de los acomedidos. Por ejemplo, la inocultable autocensura en las grandes empresas de comunicación. El origen es el presidente, pero el ejecutor es el empresario que busca ganar ventaja de la intolerancia del mandatario a quien disiente. Es cierto, el presidente no pide que se excluya a periodistas, no lo necesita, eso corre a cuenta de los empresarios de medios. La herencia que deja el mal jugador debe preocupar, porque establece precedentes de abuso que amenazan con ser parte de una nueva normalidad en el ejercicio del poder. Así, Peña Nieto, otro mal jugador, pretendió sacar de la contienda a Ricardo Anaya con un proceso penal groseramente manipulado. Fue un paso relevante en el uso político de la justicia penal, uno de los recursos más útiles de quien se empeña en ser un mal jugador.