Las Batallas

La tentación de legalizar lo ilegal

Durante los últimos 20 años México ha enfrentado un escenario escalofriante que arroja más de 574 mil homicidios -muchos relacionados con el mercado de las drogas-, el desplazamiento forzado de más de 270 mil personas provocado por grupos criminales, más de 110 mil desaparecidos y una crisis forense con más de 74 mil cuerpos sin identificar.

A la par, hay una creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de México para detener, de una vez por todas, el tráfico de estupefacientes que realizan hacia su territorio las dos empresas criminales más importantes del mundo: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En este escenario, ha surgido una amenaza permanente del presidente Donald Trump para desplegar acciones militares unilaterales en territorio mexicano contra líderes del narco y contra sus operaciones. México, en cambio, ha fortalecido y privilegiado la cooperación con las agencias de seguridad estadounidense con miras a aniquilar a los cárteles.

Mientras vivimos este escenario nada halagüeño, en la Cámara de Diputados se construye una temeraria iniciativa que, de ser aprobada, cambiaría el paradigma del combate al narco en México y en el mundo. Transitaríamos de un escenario de violencia, inseguridad y crisis de salud pública a uno de industrialización, y de desarrollo económico y social para las comunidades productoras de drogas naturales: la economía legal del narco.

De acuerdo con el planteamiento inicial, los objetivos son: debilitar estructuralmente las economías ilegales de la droga quitándoles mercado, mano de obra y futuro social, sustituyendo esos espacios por empleo formal, capacitación, seguridad social y oportunidades reales para nuevas generaciones, especialmente en regiones donde históricamente no han existido alternativas económicas sostenibles.
La fantasía, perdón, la iniciativa, incluye el desarrollo de una industria farmacéutica regulada enfocada exclusivamente en uso médico y clínico, particularmente en la producción controlada de opioides médicos para manejo del dolor y cuidados paliativos, así como derivados de cannabis con fines terapéuticos, bajo protocolos científicos, trazabilidad total, supervisión sanitaria permanente y cero tolerancias a los mercados ilegales.

El planteamiento busca atender una realidad global: millones de personas viven y mueren con dolor severo sin acceso adecuado a tratamientos médicos, mientras los mercados ilegales continúan creciendo, hay más adictos y más muertes por sobredosis y la violencia del narco cuando no existen rutas legales, científicas y reguladas.

De acuerdo con el diputado Zamora -quien cuenta con una Maestría en Desarrollo Económico Regional por la London School of Economics and Political Science, de Inglaterra-, la propuesta busca atacar el problema desde la raíz: prevención científica de adicciones, fortalecimiento del sistema de salud pública, desarrollo farmacéutico regulado, reconversión productiva hacia empleo formal y cooperación internacional basada en conocimiento, tecnología y regulación sanitaria.

Y el diputado Zamora va más allá; considera que Sinaloa tiene condiciones productivas, talento humano, experiencia agrícola y capacidad logística para integrarse a nuevas cadenas globales de valor en sectores científicos, médicos y farmacéuticos bajo estándares internacionales. Plantea cooperación internacional en transferencia tecnológica, desarrollo científico, fortalecimiento sanitario y generación de industria formal.

Es una propuesta descabellada, temeraria y arriesgada, políticamente cuestionable. Se ve casi como una medida desesperada ante la realidad de violencia, la incapacidad gubernamental, la corrupción y colusión de autoridades con grupos criminales, la incapacidad de los servicios de salud para atender este tema… pero quizá es lo que necesitamos.

RADAR

LAS 40 HORAS Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro nos advierten que el debate en torno a la reforma legal para garantizar una jornada semanal de 40 horas para los trabajadores del país está a punto de abrir un debate que definirá el rumbo económico para el país en medio de dos posiciones:
El oficialismo que pide seis días laborales por uno de descanso. Las 40 horas se distribuirían en esos seis días, sin hora de comida, pero los trabajadores invertirían un día más en traslados y las horas extras serían menos.

La oposición, encabezada por el PRI, pide 40 horas de lunes a viernes, hora de comida, y garantizar pago de horas extras por trabajar en fin de semana.

Al final, ganará la mayoría sí o sí.

Un saludo para los lectores de Quadratín.