La justicia del dinero

Cierto que la justicia en muchos sentidos se compra; no necesariamente porque el juzgador se corrompa, sino por la desigualdad en la defensa legal, sea entre particulares o frente a los gobiernos y ante el soberano, esto es, el Estado. Es desigual porque una buena defensa legal cuesta y si es de excelencia cuesta mucho y eso deja en ventaja a quien pueda pagarla. Sucede en todo el mundo y el margen del juez para dispensar justicia se achica a partir de esta asimetría en la capacidad para defenderse. Aquí en México la situación es más grave, los abogados de la mayoría de los pobres son muy malos y los de las autoridades con frecuencia igual. Gana quien tiene más dinero, por eso en otros países hay robustas defensorías de oficio y las autoridades están autorizadas para contratar los mejores despachos a partir de la calidad de los asuntos de por medio. La justicia se compra, sí. También la salud, la educación y hasta la comunicación. Es un absurdo mayor pretender resolver la insuficiencia de la justicia a través de la parcialidad, esto es, haciendo del juzgador una suerte de representante al servicio del pueblo o que el aparato de justicia tenga un órgano supremo que haga valer la voluntad popular justiciera. Está probado que estas experiencias no sólo no dispensan justicia confiable, sino que pueden ser el camino para los regímenes más adversas a las libertades.  La justicia no se alcanza con coartadas y menos con las de carácter político. No importa si la propuesta es una grosera imposición a través de la mentira, el engaño y la manipulación propia de López Obrador, o a través del tono comedido y las buenas formas de la futura presidenta Sheinbaum. Las malas decisiones no las resuelven las nobles intenciones o las causas morales superiores. Tampoco lo que está mal deja de serlo porque cuente con aval mayoritario a través del voto, la encuesta o el referéndum. Por eso la democracia representativa implica responsabilidad y talento de quien tiene el cargo público o la representación política. La democracia plebiscitaria también tiene sus riesgos. Mucho se puede hacer para mejorar la justicia, precisamente porque se parte de una condición deplorable. Un error mayúsculo que se pretenda hacerlo eliminando la mejor parte del sistema, el Poder Judicial Federal. Por qué no atender a las policías o áreas de investigación de los actos criminales para así abatir la impunidad. Ejemplos sobran, Puebla con el periodista Arturo Rueda, Sinaloa con la investigación del homicidio de Melesio Cuén o la Ciudad de México, con el caso Javier Corral. Lo mismo aplica para un buen número de tribunales locales. Hay un agravio popular, pero se utiliza con un sentido político pretendiendo eliminar los contrapesos constitucionales del Poder Ejecutivo; la iniciativa elude abordar lo más inmediato y sensible, la población. Otro de los espacios a atender de manera urgente es el sistema penitenciario. Casi en su totalidad las cárceles están controladas u operadas por los mismos delincuentes, no ocurre en Mérida, por ejemplo, desde que Víctor Cervera era gobernador. El responsable, el profesor Francisco Brito, bien podría explicar por qué en Yucatán las cosas son diferentes, como también el comandante Felipe Saiden puede decir lo propio de la seguridad pública que ha prevalecido desde los tiempos de Cervera. Las cárceles del país son escuelas delictivas, los reos salen peor de como ingresan, además de que hay una población mayúscula de detenidos desde hace muchos años sin que hayan sido sentenciados, casos de extrema injusticia con un gobierno insensible, tan es así que es entusiasta y persistente promotor de la prisión preventiva oficiosa. Arturo Zaldívar promovió fortalecer, modernizar y mejorar de manera sustantiva la defensoría de oficio. Él tiene una posición privilegiada para reformar al conjunto del sistema y sería conveniente evaluar el desempeño de las procuradurías o defensorías para muchos otros casos, como la del contribuyente, la de usuarios de servicios financieros o bancarios y ya no se diga la de los consumidores. Hay mucho que hacer y muchas las batallas por librar, no es poco lo se puede solventar con resultados inmediatos, tangibles que en su agregado pueden ir haciendo la diferencia. Pero cuando la justicia se politiza todo queda comprometido, hasta las buenas intenciones.