Indicador político

Defensa de la sociedad, no del grupo gobernante

1.- La defensa de las audiencias sociales se convirtió en un objetivo de control político del grupo gobernante en turno desde que en 1968 la sociedad no partidista perdió su condición de sector invisible del régimen priista y salió a gritarle de cosas al presidente de la República y a su partido.

2.- Detrás de la defensa de las audiencias sociales en la prensa, los medios electrónicos y al espacio digital se oculta el temor inocultable a que el pueblo comience a pensar como sociedad. Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador y ahora Sheinbaum Pardo han controlado de las audiencias sociales para introducir mecanismos de control político de contenido en medios masivos, y más donde el espacio digital está operando como partido de oposición.

3.- La actual ola gubernamental de defensa de las audiencias tiene mucha cola que le pisen: la responsable de todo el operativo jurídico-político-extralegal Luisa María Alcalde Luján fue secretaria del Trabajo y de Gobernación de López Obrador, presidenta de Morena en el arranque de la administración de Sheinbaum y hoy nada menos que consejera jurídica de la Presidencia.  Este dato Revela la intencionalidad política de regular a todos los medios en su contenido político dirigido a la sociedad pero desde de los intereses políticos del grupo gobernante.

4.- Es indispensable y hasta de urgencia democrática entrarle al tema de la defensa de las audiencias, pero evitar que la iniciativa esté en manos del Gobierno federal, de la Presidencia de la República y de la expresidenta de Morena. Se requiere de un organismo autónomo del Gobierno y dentro de la estructura del Estado que garantice que las decisiones no se conviertan en un instrumento de control político o ideológico del grupo gobernante en turno. Y la mejor garantía de que la operación esté en manos democráticas no es otra que regresar a los organismos --ahora sí de a de veras-- autónomos del gobierno entregando su titularidad a la oposición minoritaria que es la que suele perder en controles autoritarios del Estado.

5.- Aún si existiera buena voluntad al 1000% en la estructura presidencial que lanzó la iniciativa, siempre quedará el hecho de que la crítica social de los medios y las audiencias va dirigida inevitablemente contra la mayoría gobernante. Y por ello se requiere que la reformulación de reglas que limitarían la crítica al poder no quede en manos de los titulares coyunturales del poder.

6.- López Portillo y Jesús Reyes Heroles dieron un paso audaz en la reforma política de 1977 que buscó la democratización de la información y propusieron el derecho a la información como paso previo para que el Estado-gobierno abriera su control de datos de decisiones públicas, pero tuvo que pasar un cuarto de siglo para que se reglamentara con Fox y aun así con candados públicos. López Obrador desapareció el Instituto de Acceso a la Información cualquier y hoy funcionario de medio pelo tiene la audacia de resguardar como seguridad nacional información que le afecta pero que nada tiene que ver con la discrecionalidad de decisiones de Estado.

7.- El movimiento del 68 careció de un objetivo político democrático, pero la ola movilizadora de estudiantes, pueblo y sectores que se desprendieron del control tutelar autoritario del Estado/gobierno le hizo perder al sistema/régimen/Estado el control de la sociedad cuyas opiniones políticas y sociales ya no se tamizaron en los medios controlados publicitariamente por el gobierno/Estado.

8.- Fue el propio López Portillo el que inició su gobierno con las reformas democratizadoras del derecho a la información pero terminó con la argumentación más autoritaria que haya tenido de manera pública el gobierno y más aún en voz de un profesor de teoría del Estado: “yo no pago para que me peguen”, dijo al justificar en dos ocasiones la suspensión de publicidad gubernamental a la revista Proceso, pero con el absurdo dictatorial de que le dio al uso presupuestal como una titularidad personal y le negó a un medio su representatividad social y no oficial. Hoy, el espíritu de Díaz Ordaz, López Portillo y Fox es el que anima el contenido político de la iniciativa de “defensa de las audiencias” con una forma de coartar la libertad de pensamiento, de ideas, de expresión y de prensa que los liberales de 1857 y 1917 plasmaron como derecho constitucional.

9.- Sí se tiene que regular --desde luego-- la defensa de las audiencias, pero no con los criterios exclusivistas, subordinados al poder y excluyentes de opiniones sociales disidentes de quienes hoy tienen en sus manos las políticas de contenido de los medios propiedad del Estado que no son propiedad del Gobierno.

10.- En ese contexto, la iniciativa de consulta pública --muy al estilo de las 4T de mano alzada-- se debe replantear y su origen debe ser el Congreso pero en una comisión especial que dirija de modo democráticamente natural por la oposición. Si no, cualquier defensa de las audiencias tendrá resultados de censura.