Indicador político

INE: democracia autoritaria que reprime la libertad de prensa

El reclamo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Nacional Electoral por la larga lista de ciudadanos y periodistas intimidados por ejercer la libertad de expresión está desnudando el enfoque fundamentalista y autoritario de la democracia electoral del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y lo está colocando en el territorio del fundamentalismo antidemocrático para defender la democracia.

No es la primera vez que el INE de Córdoba y Ciro Murayama ejercen el vulgar autoritarismo para impedir que el verdadero debate democrático tenga que resistir las reglas de la libertad absoluta de la democracia. En los hechos, la democracia del INE, Córdova y Murayama es autoritaria, fundamentalista y excluyente de las reglas de la democracia de permitir todas las voces dentro de la discusión política.

Hizo muy bien la CNDH en hacer un recordatorio jurídico al doctor en derecho Córdova sobre uno de los principios clave del derecho constitucional: dentro de los mecanismos del control de constitucionalidad se debe respetar lo que se conoce como el principio de supremacía constitucional, previsto por cierto en el artículo 133 de la propia Carta Magna, que pone a este documento por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico o administrativo.

En el modelo de democracia autoritaria estilo PRI, Córdova ha aprobado una serie de reglamentos de funcionamiento político que se colocan por encima de la Constitución y que han afectado, de manera directa, al ejercicio de la libertad de expresión, inclusive en términos superiores al estilo de confrontación del presidente López Obrador en su crítica a la prensa, pues el jefe del Estado crítica a los medios pero no les aplica leyes restrictivas; el INE, en cambio, ha llegado abrir procedimientos administrativos sobre libertad de expresión que se colocan por encima de los artículos 6º y 7º de la Constitución, amenazando con encarcelamiento, multas multimillonarias, tratando de involucrar al SAT como instrumento de coerción y todo ello con el propósito de acallar el derecho de los periodistas a escribir de lo que sea, siempre respetando la paz pública.

Ahora son más de 20 periodistas que están siendo amenazados con perder sus derechos políticos por un reglamento o una ley secundaria que el INE ha interpretado como ofensivo al derecho de las mujeres. Pero Córdova viene de la escuela jurídica del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM cuya función ha sido de guardián del viejo orden autoritario priista, sin entender que la democracia debe pasar la prueba de la democracia que se expresa en críticas contundentes y hasta radicales a funcionarios del Estado o hay instancias políticas, siempre y cuando se puede llevar a tribunales la calificación respecto hacia una opinión viola los preceptos constitucionales.

En su debate sobre la Constitución de 1857, el periodista y constituyente liberal Francisco Zarco explicó con claridad que “la opinión, si puede ser error, jamás puede ser un delito” (25 de julio, 1856). Y el INE de Córdova está tratando de llevar a periodistas críticos a controles administrativos y autoritarios del propio Instituto y del Tribunal Electoral, basados en reglamentos que dentro de ambas instituciones han recibido votos adversos cuando se refiere al respeto absoluto a la libertad de expresión.

En este contexto, El INE sí está intimidando la libertad de expresión. Varios columnistas han sido enjuiciados por el INE y el Tribunal por haberse salido del marco autoritario de reglamentos electorales. Por ejemplo, el autor de Indicador Político tiene casi cuatro años de un litigio con el INE y el Tribunal por haber publicado en la columna una referencia a una encuesta que no había sido registrada en el Instituto. En votaciones dentro del Consejo del INE y luego por determinación del Tribunal, la acusación quedó solo en una amonestación y la publicación en los espacios periodísticos de que no se había cumplido con el reglamento de elecciones que se puso por encima del derecho constitucional a la libertad de expresión.

El modelo democrático del INE de Córdoba y Murayama es autoritario, fundamentalista y anticonstitucional porque busca solo cerrar los espacios al debate de ejercicio de derechos democráticos de quienes no comulgan con el modelo electoral del INE que es una copia de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett en 1988, incluyendo que el INE fue fundado como IFE en 1990 por el presidente Carlos Salinas de Gortari que resultó electo en una votación hasta el día de hoy sospechosa de fraude.

Antes de entregar el cargo en abril del año próximo, Córdova y Murayama quieren reprimir a la libertad de expresión crítica a través de reglamentos que se ponen por encima de la Constitución y violan la supremacía constitucional.