Indicador político

Aumenta tensión EU-México; llamadas sin acuerdo político

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha conversado cinco veces por teléfono con el presidente Donald Trump, pero no han llegado a compromisos políticos de fondo. La relación estratégica entre las dos naciones que tienen una frontera común de más de 3,200 kilómetros mantiene la iniciativa autoritaria de unidireccional de Estados Unidos y la línea nacionalista de México en modo de resistencia mínima.

El pasado viernes 11 de abril, el presidente Trump emitió un memorándum de seguridad nacional (https://elindependiente.mx/edicion-impresa/2025/04/14/el-independiente-no-790/) que fue entendido y razonado en México cinco días después. La Casa Blanca tomó la decisión de militarizar el territorio físico de la frontera entregándoselo a sus Fuerzas Armadas como una especie no solo de muro castrense, sino de nueva caracterización de la zona territorial americana fronteriza como de seguridad nacional y soberanía.

Esta decisión convirtió a los migrantes ilegales que siguen cruzando la frontera y a los cárteles del narcotráfico que contrabandean drogas, dinero y personas en enemigos de la soberanía estadounidense. Es decir, en pocas palabras, el memorándum del presidente Trump transformó en la frontera vía la militarización en una zona de guerra. Y en esos términos, como se estableció en la nota principal del independiente del lunes 14, la frontera es ya una línea roja militar de EU y los migrantes y narcos pasaron a ser enemigos de la soberanía de Estados Unidos.

Los teléfonos Palacio Nacional-Casa Blanca parecen estar funcionando de manera normal, pero los usuarios de cada lado están hablando con significados diferentes: Estados Unidos sigue exigiéndole a México la entrega de narcopolíticos y la destrucción total de la infraestructura delictiva, territorial y sobre todo política de los cárteles. México, a su vez, está tomando decisiones radicales que se evitaron durante todo el sexenio del presidente López Obrador para combatir el tráfico con decomisos cada vez más crecientes, pero solo para arrestar a figuras intermedias de la estructura del crimen organizado y cuyos espacios de manera inmediata se llenan con sucesores improvisados.

Además, EU estaría comenzando a dar información de estructuras del narco en México a las autoridades mexicanas. El fin de semana circuló la versión de que las autoridades mexicanas habían allanado una de las casas-refugio de Emma Coronel, la esposa oficial de Joaquín El Chapo Guzmán y que ahí se encontraron no solo pertrechos armados de alto calibre, sino información –dice la versión– sobre relaciones políticas del Cártel de Sinaloa con autoridades de los tres niveles de gobierno.

La primera interpretación que se le dio a esta información fue la obvia: El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada –los dos grandes capos del Cártel de Sinaloa— podrían estar compitiendo para ver quién proporciona más información a las autoridades estadounidenses que los tienen detenidos, a cambio de obtener beneficios para cada uno de ellos: mayor espacio de movilidad para El Chapo y evitar la pena de muerte para El Mayo.

El asunto central es que Estados Unidos no ha quitado el dedo del renglón ni lo va a quitar en el tema de los narcopolíticos mexicanos; en sus pláticas con la presidenta mexicana y luego en sus propios mensajes en su red social, Trump elogia a México, pero sigue manteniendo la argumentación de que los grupos de narcotraficantes son protegidos por el gobierno federal mexicano y aunque en configurado el modelo de que México es un narcoestado.

La presidenta mexicana ha visto estrecharse aún más sus márgenes de maniobra. Ha tomado decisiones que causaron buena impresión en Estados Unidos: la militarización de la frontera del lado mexicano con la Guardia Nacional para disminuir el cruce ilegal de migrantes y el cierre de los canales tradicionales de los narcos que habían logrado o romper a las autoridades encargadas de los filtros antinarcóticos.

La entrega –en modo de regalo– de 29 capos que estaban siendo procesados y que vieron violar sus derechos legales solo abrió el apetito del bloque político que maneja la estrategia estadunidense contra el narcotráfico, y por eso ya se habla –versión del especialista Joan Grillo– de otros 40 presuntos altos capos que serán enviados por la misma ruta de los 29. Sin embargo, Estados Unidos solo aplacará su presión sobre México con la entrega de altas figuras de la política vinculadas al narcotráfico cuando menos en tres entidades de la República: Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero. 

México ya perdió ya la batalla de los aranceles y solo está esperanzado a que Estados Unidos le haga una rebajita –¿cuánto es lo menos, marchantita?–, pero con la puesta en marcha de programas de desarrollo industrial y agropecuario que pueden tener efectos dentro de, mínimo, diez años.