Indicador político

Déficit presupuestal como confirmación del populismo

El déficit presupuestal de las finanzas públicas –cuando el gasto rebasa los ingresos– es el punto clave de definición de proyectos de gobierno que atienden a prioridades sociales por encima de equilibrios presupuestales. La gran crisis de las finanzas del Estado comenzó en 1972 cuando el presidente Luis Echeverría rompió el equilibrio de ingresos-gastos e inició el ciclo del déficit presupuestal que está en el fondo de la inflación.

La crítica que le hizo Carlos Tello a la política económica echeverrista no estuvo en el aumento del gasto social para una economía de desigualdades, sino en la falta de decisión fiscal –desde entonces a la fecha– para aumentar los ingresos del Estado. A este modelo se le conoce como populismo porque le da prioridad al gasto social sin equilibrarlo con ingresos fiscales y con ello provocando el déficit presupuestal que está en el fondo de las crisis de las finanzas públicas.

La política económica de las 4-T 2018-2030 se basa en una política económica populista, es decir, aumentar el gasto social y el gasto de inversión presidencial en obras públicas no productivas, pero sin incrementar de manera correlativa a los ingresos. Este modelo se puede caracterizar como de un populismo vergonzante porque quiere ocultar lo obvio: gasto social y presidencial, ingresos insuficientes, un déficit presupuestal que Echeverría y López Portillo financiaron con circulante monetario –la maquinita del dinero en un cuarto secreto del Banxico– y sobre todo con deuda pública.

En sus dos reportes del 15 de octubre y 1 de noviembre de este año, el Fondo Monetario Internacional alertó el hecho de que la deuda pública mexicana no estaba abajo del 50% que juró y perjuró la Secretaría de Hacienda de López Obrador y Sheinbaum Pardo, sino que estaba llegando a 60% del PIB. Y el problema más grave no es que México siga siendo un país con garantías para créditos internacionales, sino que el costo de los intereses de la deuda se convierten en un gasto adicional más para los limitados ingresos fiscales.

El casi 6% de déficit presupuestal de este año que termina es muy cercano al 6.9% de déficit presupuestal promedio anual del Gobierno de Echeverría al iniciar su ciclo populista, con la advertencia de la historia económica reciente del país de que el déficit presupuestal fue el motor de las crisis de 1973, 1976, 1982 y todo el sexenio 1983-1988. El déficit presupuestal promedio anual de López Portillo fue de 9.9% y el del sexenio de Miguel de la Madrid llegó a 11.8% anual.

Todas las economías definen situaciones de precrisis grave en finanzas públicas cuando el déficit presupuestal rebasa el 4%. La crisis en modo de colapso que vivió el país en 1982 tuvo como referente el déficit presupuestal 16.9% del último año del sexenio de López Portillo y los tres últimos años del sexenio de De la Madrid llegó a casi 15% promedio anual.

El problema del populismo no radica en el camino fácil –peor aún: facilísimo o súper fácil– de aumentar el gasto social para llevar la justicia a los marginados, sino en la falta de ingresos que justifiquen el gasto. La carga fiscal de México –el promedio de impuestos que se pagan– es de 16%, cuando toda economía en proceso de desarrollo que quiera merecer el respeto a la estabilidad debería tener como mínimo una carga fiscal de 26%.

El único camino que se tiene para aumentar los ingresos fiscales de una economía está en los impuestos. Desde la gran crisis de 1973 por el aumento de los precios del petróleo que importaba México, el argumento demagógico de todos los presidentes es el de prometer adecuaciones fiscales que solo se basan en el cobro a los impuestos de los que ya pagan y muchas veces lo eluden, pero ningún gobierno se ha sentido con la fuerza suficiente para implementar una reforma fiscal que fortalezca la política pública de gasto del Estado y que los programas sociales dejen de financiarse con reasignaciones del gasto por el temor a la rebelión fiscal de los empresarios contribuyentes.

Mientras en México no realice una reforma fiscal que aumente cuando menos la carga tributaria en 10 puntos porcentuales, el dilema es muy sencillo: bajar el gasto social (gobiernos neoliberales) o quitarles a unos sectores para dárselos a otros (gobiernos populistas). Lo más grave del asunto es que el FMI como el Ministerio de Hacienda del mundo capitalista ya autorizó reformas fiscales, pero ahora los gobiernos carecen de decisión política interna para implementarlas.

Sin una reforma fiscal seguirá el déficit presupuestal, el gasto social será más selectivo y financiado con otros programas que dejarán de subsidiarse y la desigualdad social será permanente, inclusive sin que la demagogia populista trate de disfrazar el crecimiento de la pobreza.

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Política para dummies: la política sin economía es sinónimo de crisis social.