Indicador político

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3.- Más parches al régimen

Cuando decían que el sistema/régimen era inmortal, el veterano líder Fidel Velázquez afirmó en uno de sus destellos de lucidez que el aparato de poder mexicano era, más bien, inmorible. Nació revolucionario, se bajó del caballo y se subió a los Cadillac, creó en el Estado el derecho autoritario del poder, pasó de populista a neoliberal y regresó al populismo y hoy puede ser tripulado por cualquier grupo político.

El aparato político y de Gobierno de México se construyó sobre cuatro pilares: el sistema político presidencialista, el régimen centralista, el Estado dominante-hegemónico-rector y la Constitución como la tabla Sinaí de mandamientos por encima de gobernantes y ciudadanos.

La propuesta de Cuarta Transformación del presidente López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo sólo está merodeando alrededor de los cuatro pilares de la estructura del sistema/régimen mexicano y, como se ve en la reforma judicial y otras 19 iniciativas de ley, se sustenta en parches sobre parches que fueron ya parchados, a partir de la percepción de que ninguno de los gobiernos reformistas tuvieron la capacidad, la fuerza o el talento para dar por terminado el consenso de la Revolución Mexicana y propiciar un nuevo acuerdo social que derivará en una nueva Constitución.

La reforma judicial va a tapar un hoyo por el que se fugaban principios elementales de equidad y de justicia para ciudadanos víctimas de delincuentes, de oficinas públicas y hasta de la ley, pero abrirá otros hoyos que a su vez tendrán reformas-parches para taponarlos, y de modo natural se tendrán que abrir muchos otros hoyos en otras partes del edificio nacional.

El presidente López Obrador lanzó un desafío con su propuesta de 4-T a sabiendas de que habría que rehacerse toda la estructura de funcionamiento de la República, pero también con la certeza de que carecía de una propuesta de nuevo consenso para reconstruir a México como un todo. Su saldo electoral puso a la oposición arriba del 50%, pero el control del poder legislativo y de las gubernaturas no le alcanza para conducir una transformación totalizadora de todo el Estado nacional.

Los parches de la 4-T a lo largo de dos sexenios podrán llegar a recuperar parte del funcionamiento de áreas sensibles de la República, pero el problema central radica en la existencia de una Constitución que responde a todas las expectativas ideológicas y operativas –desde el fascismo hasta la República obrera y popular–, pero el consenso básico de las dos fuerzas productivas determinantes –empresarios y trabajadores– hace tiempo que se perdió por la existencia de un Estado verticalista, burocratizado, de castas, unitario y autoritario, por más votos populares que lo hayan fortalecido.

La República nació autonomista, se volvió federalista sin entender el desafío, se convirtió en centralista para evitar la desintegración territorial, regresó al federalismo simbólico con capitalismo incipiente, devino en dictadura personal como sucedáneo del Estado, se sacudió con una rebelión-revolución que ha mantenido la estructura de funcionamiento a través del binomio Estado-Constitución.

La reforma judicial no moderniza al Poder Judicial sino trata de resolver apenas el problema del origen político de ministros, jueces y magistrados, dejando de lado la descomposición del Ministerio Público que pertenece indirectamente al Ejecutivo por su pertenencia a una Fiscalía presuntamente autónoma y sin tocar la injusticia implícita en las leyes.

El presidente López Obrador dio en el blanco de lo que había comenzado a discutirse a mediados de los años sesenta sobre la ineficacia de la República y el Estado, y todos, absolutamente todos, quedaron convencidos de que la República de la Revolución Mexicana había llegado en 1982 a su fin, como lo reconoció en 1992 el expresidente López Portillo: “fui el último presidente de la revolución”. De ese 1982 a la fecha, a lo largo de 42 años hemos padecido el síndrome de régimen parchado, sin que ninguno de los jefes políticos de ese periodo haya siquiera pensado en una revolución pacífica para construir un nuevo consenso de república.

Las iniciativas presidenciales de López Obrador y Sheinbaum atienden a la disfuncionalidad de partes muy localizadas del cuerpo sistémico y podrían tener algunos efectos positivos, pero al final del día sus alcances serán limitados porque funcionarían dentro de la caja negra del sistema político donde siguen prevaleciendo intereses parciales y sobre Constitución y leyes anteriores al espíritu de recuperación de la justicia.

La nueva República tendrá que esperar mejores tiempos.