Indicador político

Casar dañó campaña de Xóchitl y el proyecto 2024 de Claudio X.

La revelación oficial del expediente de jubilación de Carlos Fernando Márquez Padilla, fallecido esposo de la académica y exfuncionaria panista María Amparo Casar, dirigente del grupo de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad que depende del poder político del empresario Claudio X. González, dio debajo de la línea de flotación de la campaña de la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz y llevó a todo el bloque conservador político-partidista-empresarial-intelectual-estadounidense a cerrar filas sin aclarar el fondo de los datos publicitados.

La salida lateral recibe el auxilio del Instituto Nacional de Acceso a la Información para centrar en debate en la revelación de presuntos datos privados, pero dejó fuera el contenido de la denuncia: la forma en que se falsificó o falseó la causa de la muerte de Márquez Padilla. esposo de Casar, para convertir el suicidio en un accidente de trabajo y lograr que Pemex de Fox pagará una millonaria indemnización que a la fecha suman más de 30 millones de pesos. Es decir, se quiere tapar el fraude, la corrupción y la impunidad con la presunta violación de datos privados.

A lo largo del sexenio, el grupo MUCCI de Claudio X. González ha sido el principal pivote político, empresarial, mediático y financiero de la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, lo cual explica de manera muy obvia la forma apresurada y hasta torpe en que la abanderada del PRIANREDE salió a defender en redes sociales a la señora Casar, sin siquiera dejar abierta la posibilidad de que se siga el curso de las investigaciones del expediente.

La denuncia del director de Pemex en la mañanera del jueves también colocó en el ojo del huracán al intelectual prianredista, empresario cultural y asesor del proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, Héctor Aguilar Camín, director del grupo (A) Nexos, todavía salinista y hoy galvista. Camín, señala la denuncia oficial, acompañó a Casar a visitar al entonces procurador de Justicia del Distrito Federal para cambiar las razones de la muerte de Márquez Padilla de suicidio a accidente, para que Pemex utilizará recursos públicos en una indemnización de por vida.

Aguilar Camín tenía ya en su biografía de empresario cultural un caso más o menos similar: el 4 de agosto de 1992, la columna Indicador Político en El Financiero presentó pruebas de que el entonces director de la revista (A) Nexos tenía una plaza en el Centro de Estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ya no la ocupaba con trabajo real, pero que seguía cobrando como aviador con el registro de su chofer como encargado de ir cada quincena a recoger un salario no devengado muy menor a los contratos que Camín y (A) Nexos habían recibido de manera directa del presidente Carlos Salinas de Gortari y de su hermano Raúl. La columna llamó a Camín como el Capitán Mil Horas, como el aviador personaje de Capulina en una película (https://indicadorpolitico.com.mx/?p=33285).

Solo en función de las interpretaciones legales que se desprenden del expediente dado a conocer públicamente por la presidencia de la República, el caso de Casar se localiza en el escenario de la corrupción con impunidad para beneficiarse de recursos públicos de Pemex. No se debe olvidar que en el tiempo de la muerte de su esposo, Casar era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación del gabinete de Fox, Santiago Creel Miranda, hoy jefe de la campaña presidencial de la candidata opositora Gálvez Ruiz en nombre y con la representación directa del PAN.

En cuestión de minutos, una lista de más de 144 personas lanzó a las redes una carta de repudio a la decisión presidencial de abrir un expediente de corrupción que debiera ser investigado por las autoridades y de manera ingenua colocaron esos datos en el escenario político de la campaña presidencial, lo cual estaría ya salpicando de irregularidades la campaña de la opositora Gálvez Ruiz. En la revisión de los nombres de la lista de abajofirmantes están los mismos de siempre, sobre todo intelectuales que durante tiempo han criticado la corrupción pública de todos los partidos y de periodistas que debieran de tener como función primordial la exigencia de investigaciones sobre una denuncia pública con documentación oficial y no quemar parte de su credibilidad profesional como comunicadores tostando incienso por una funcionaria que aceptó el cobro de la pensión falsificando documentos públicos y que se niega a reintegrarla a las finanzas públicas.

Sería ingenuo pensar que Palacio Nacional no sabía de las implicaciones del caso casar en la campaña presidencial opositora, pero el problema central del suceso radica en que una dirigente social que encarna la pureza anticorrupción estuvo metida en un incidente de corrupción e impunidad para obtener beneficios públicos de recursos del Estado. En este escenario, lo de los datos privados es irrelevante, toda vez que, por ejemplo, dos exfuncionarios del INE –Lorenzo Córdova Vianello y Edmundo Jacobo Molina— rompieron sellos de privacidad con la impunidad del poder para perseguir a periodistas que criticaban su gestión pública.