Indicador político

Iglesia: pacto con crimen, agenda histórica y capturar al Estado

La historia nacional recuerda que cada intervención pública de los intereses de fe de la Iglesia católica ha terminado en guerras internas, invasiones extranjeras y disputas por el poder terrenal. El Episcopado, con la anuencia de la Curia de Roma a la que le debe obediencia, ha dado un paso estratégico para capturar al Estado durante la próxima administración.

El tema de la seguridad aparece como la línea estratégica más débil e incumplida del Gobierno del presidente López Obrador, pero más como una mala gestión de comunicación política que de resultados reales: se ha pasado de la inseguridad que involucraba a funcionarios y organismos policiacos a una numeralia que deriva de la disputa entre cárteles por el control de territorios.

Detrás del Compromiso por la Paz que la iglesia sembró como una trampa a los candidatos presidenciales –sobre todo a la abanderada oficial Claudia Sheinbaum Pardo– se localiza la intención de convertir a la iglesia en un eje de seguridad pública, cuando por razones constitucionales y de soberanía la seguridad pública en México es un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior del Estado y del gobierno federal.

El trasfondo del documento del Episcopado es muy directo: obligar al próximo gobierno a pactar una nueva gobernanza con las bandas del crimen organizado, como ha estado ocurriendo en las zonas donde obispos se sientan a negociar con criminales para ofrecerles garantías de impunidad a cambio de una disminución de la violencia. No se debe olvidar que el crimen organizado sólo respeta a la iglesia porque representa el poder de Dios y las jerarquías locales se han beneficiado de las narcolimosnas.

En el fondo, la propuesta de la Iglesia no difiere mucho de la estrategia del presidente López Obrador: un punto central se localiza en la propuesta religiosa de restaurar el tejido social, pero en términos terrenales no es otra cosa que la tesis lopezobradorista de atacar las causas de la violencia con atención a las corrientes sociales que han sido abandonadas por las políticas públicas.

El documento de la Iglesia reveló una de las insuficiencias más importantes de la estrategia de reconstrucción política del Gobierno de López Obrador: su origen religioso cristiano y de algún grupo no dominante del catolicismo. La jerarquía que depende de los intereses de la Curia de Roma estaba acostumbrada a hincar ante el poder del Vaticano a los presidentes mexicanos: Salinas les otorgó el perdón jurídico a cambio de su propia legitimación, Zedillo quedó atrapado en los intereses del Opus Dei, Fox se hincó ante el Papa y enarboló un pendón de la Virgen de Guadalupe, Calderón metió a la iglesia a la política a través del PAN vía la Democracia Cristiana Internacional que hoy está detrás de los ataques del Partido Popular, Vox, el yunque España-Puebla y el presidente ¿socialista? Pedro Sánchez y Peña Nieto se convirtió en un acólito del episcopado.

Lo que tiene que aclararse primero es si el documento Compromiso de la Paz es un posicionamiento político histórico de la Iglesia católica, una respuesta a peticiones de sus feligreses que padecen la violencia criminal en sus comunidades, una solución real en la recomposición del poder político del Estado que es el único que tiene capacidad para enfrentar a la delincuencia o una reorganización de las relaciones del poder de la Iglesia con el estado.

En este contexto, el documento del Episcopado debe ubicarse en la larga lista de confrontaciones de la Iglesia con el Estado: la Santa Inquisición durante la ocupación española, el poder religioso que sometía al Estado en las Constitución de 1824, la iglesia detrás de Santa Anna, las 15 Leyes de Reforma que representaron la gran victoria civil sobre el poder eclesiástico, la intención de Elías Calles de crear una iglesia mexicana tipo la anglicana, la contrarrevolución cristera, la guerra civil por la ley Elías Calles de control de la Iglesia y la entrega del Estado al poder eclesiástico que Salinas obligó al PRI a presentarla como iniciativa de ley.

Lo que falta por saber es decir compromiso por la paz será la estrategia de seguridad del próximo gobierno con Sheinbaum o Xóchitl al frente del Estado.