Indicador político

Delincuencia quiere el Estado, no los robos

A partir de las evidencias muy concretas de que las bandas criminales están disputándole al Estado el poder político e institucional y no los sobres de la quincena de los ciudadanos ni sus celulares usados, el nuevo debate sobre la adscripción de la Guardia Nacional al espacio de la Secretaría de la Defensa Nacional necesita ir hasta el fondo de la discusión:

En el espacio territorial de la soberanía del Estado existe una disputa por el control del poder político; las bandas del crimen organizado están capturando espacios físicos territoriales del Estado, instituciones públicas del poder político y han aumentado la intensidad de las agresiones contra aspirantes a cargos públicos que no se están sometiendo a las voluntades de los diferentes grupos, bandas, cárteles y asociaciones criminales.

En las últimas dos semanas han crecido las denuncias sobre amenazas, secuestros y asesinatos de candidatos a cargos de elección popular local, exempleados municipales y funcionarios de las estructuras municipales, estatales y federales y las autoridades del Instituto Nacional Electoral están confiando la seguridad de los candidatos a las elecciones de junio de este año a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y con ello estarían significando que el tema de la seguridad de figuras políticas es un asunto de la seguridad política del Estado.

Todos estos elementos configuran el marco referencial que debiera de definir la discusión de la nueva iniciativa presidencial sobre la localización estructural de la Guardia Nacional mucho más allá de la conceptualización de otra policía más y la construcción, por decisión de doctrina de seguridad interior, de un cuerpo adscrito al espacio de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas.

En el último año, la Guardia Nacional quedó definida como cuarto cuerpo de seguridad militar, tomando al Ejército y la Fuerza Aérea a partir de la doctrina de soberanía territorial del Estado ante agresiones externas, pero con una Guardia Nacional enfocada al problema de la inseguridad dentro de la República como una disputa entre el Estado y su soberanía vis a vis los intereses de los grupos criminales que en algunas zonas ya han desplazado a las autoridades civiles constitucionales.

Lo que está ocurriendo en México es una lucha de poderes entre el Estado y los grupos delictivos con poder económico para definir quién toma el control de estructuras constitucionales locales.

En este año en que la Guardia Nacional ha operado como cuerpo de la Fuerza Armada permanente no han existido quejas de violación de derechos humanos o de ejecuciones extrajudiciales, lo cual estaría aportando elementos suficientes para reconocer que la Guardia está dentro de Sedena, pero cumple con funciones determinadas por la autoridad civil.

Si se vota en el Congreso por la adscripción total de la Guardia a la autoridad civil de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana, la estructura que fue ya votada y aprobada por legislaturas anteriores tendería, en los hechos, a su disolución, en tanto que por razones de urgencia y de capacitación la Guardia Nacional fue organizada con personal militar, el mismo que tendría perder su vocación y haberes y llevaría al abandono del nuevo cuerpo y el regreso a las estructuras militares para mantener sus derechos.

Pero la parte más importante del debate que debe darse en el Congreso es la caracterización que el sector legislativo haga de las estructuras de poder criminal de las organizaciones delictivas, pero desde la perspectiva de que se trata de un poder que le disputa hegemonía a las instituciones civiles en tanto que ejercen su fuerza a partir de una capacidad armada que rebasa con demasiada facilidad la de las policías municipales y estatales y en ocasiones se confronta sin temores con la Guardia Nacional y el Ejército. Y si las quejas civiles insisten en que el poder criminal ya está capturando y dominando al poder político civil, entonces estamos frente a una nueva lógica doctrinaria de la delincuencia: la seguridad interior o la función del Estado para combatir a fuerzas delictivas que no roban carteras ni celulares usados, sino que están sustituyendo a las instituciones del Estado para beneficio de un grupo criminal.

El destino y la existencia de la Guardia Nacional se determinará si los legisladores deciden quitarla del área de la seguridad nacional militar y la convierten en otra policía más como las cuatro anteriores que fueron disueltas por la corrupción criminal.