Indicador político

Dilema en seguridad: anti AMLO o cuál otra estrategia alternativa

Si se revisan bien los posicionamientos críticos contra el modelo gubernamental de construcción de la paz por parte de diferentes sectores sociales y políticos, solo quedan las ironías que juegan con la frase de “abrazos, no balazos”.

Y hasta ahora, ningún sector ha definido con claridad cuál debiera ser la estrategia alternativa porque la crisis de seguridad llegó al dilema binario de atacar de manera violenta a las bandas delictivas o llegar algún tipo de acuerdo que frene las bases de una guerra convencional que subyace en el enfriamiento operativo de las fuerzas de seguridad gubernamentales y el control creciente del crimen organizado de espacios territoriales, económicos y de seguridad que antes eran responsabilidad del Estado.

La iglesia católica mexicana no recibió señales del Vaticano para pasar a la ofensiva o para tener mayor visibilidad en la crítica a la política de seguridad del Estado y ha tenido que ceder por un hecho latente e inocultable: todos los grupos delictivos llegaron a un acuerdo de connivencia con los representantes territoriales de la Iglesia católica e inclusive con algunos comportamientos de las representaciones religiosas territoriales para mediar con las bandas criminales y las autoridades de seguridad para evitar mayores violencias criminales.

La beligerancia de la jerarquía católica, sobre todo de la Conferencia del Episcopado Mexicano que responde a relaciones políticas y de poder con el PRI y sobre todo con el expresidente Enrique Peña Nieto, disminuyó a comienzos de semana con declaraciones de colaboración con el Estado y las autoridades, sino para salirse de la zona de conflicto político y ofrecer las relaciones locales de los sacerdotes con los grupos criminales a partir de relaciones pastorales.

El líder senatorial Ricardo Monreal Avila amenazó con sentar a la estrategia de seguridad en el banquillo legislativo de los acusados y obligar a la comparecencia de los titulares de las dependencias del área de seguridad del Estado, aunque más bien con la intención de apropiarse de la agenda de seguridad para su agenda de candidatura presidencial forzada en Morena o independiente para el 2024. El martes, el Senado desinfló la estridencia de la revisión de la estrategia de seguridad y todas las fracciones parlamentarias, coordinadas por el morenista Monreal, optaron por crear “un grupo de trabajo” legislativo para aportar propuestas a la estrategia del Estado, con el dato adicional de que este grupo estaría dirigido por el morenista Rafael Espino.

La ausencia de una propuesta alternativa integral al modelo de construcción de la paz no ha podido definirse en tanto que tendría que pasar por una fase de persecución armada contra las bandas criminales y esperar –como ya se han tenido indicios concretos– la resistencia violenta del crimen organizado contra los objetivos no solo de descabezar a las bandas, sino de aniquilarlas por completo.

De acuerdo con los indicios a la vista, la inseguridad se manifiesta en tres pistas más o menos identificables: la de producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, la dispersión de grupos delictivos dedicados al chantaje, el secuestro, el derecho de piso y la coerción y la atomización de la delincuencia en delitos que afectan el patrimonio de las personas en las calles.

Aunque se tienen datos y referencias de que el segundo grupo de delitos es muy complicado de atajar por su configuración como pandillas dispersas, las autoridades de seguridad no han reaccionado con suficiente rapidez y el crimen organizado a ese nivel ha sometido a la extorsión a sectores importantes de la vida cotidiana, con datos adicionales que revelan que estos grupos delictivos están distorsionando el mercado de producción y comercialización y con ello afectando la estabilidad de la economía, como lo revelan los datos de Michoacán y Guanajuato por la extorsión que ha causado paros productivos de productores de bienes y servicios indispensables.

La politización circunstancial y sucesoria de la agenda de seguridad se ha convertido en un obstáculo para la construcción de un consenso social interno, pero las autoridades están urgidas de éxitos policiacos en la lucha contra las bandas de extorsionadores, traficantes de personas, trata, secuestros y hasta el control de importantes productos de piratería.

El ambiente que dejó el conflicto de seguridad con la iglesia católica creó un espacio de oportunidad para un verdadero acuerdo de seguridad para delitos ajenos al narcotráfico, pero tendrá que ser la autoridad del Estado la que dé el primer paso.