Indicador político

Caso Genaro: …y mientras, en México, solo dinero, no narco

El juicio contra el secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha lanzado muchos disparos al aire que debieron de encender las alarmas en México, pero en medio de evidencias de que no habrá un seguimiento judicial aquí de pistas sobre el principal cáncer criminal: la narcopolítica y el narcopoder.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó un reporte sobre la presunta fortuna Nueva York se debate algo mucho más grave: su presunta vinculación con el narco del Cártel de Sinaloa del Chapo. Y de este asunto, nada de nada.

Aún con todas sus inconsistencias y falta de pruebas, los testigos presentados por la Fiscalía en una Corte de Brooklyn han sido recibidos en México con un “ah, sí, ya se sabía”, pero sin querer convertirse en apertura de carpetas de investigación, en tanto que el activismo criminal del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco siguen escalando posiciones y niveles de violencia en todo el país.

El arresto con fines de extradición del capo Ovidio Guzmán López, encargado del tráfico de fentanilo en el CdS, se cruzó con los tiempos políticos del caso judicial García Luna, pero también ahí han ocurrido sucesos inexplicables que estarían llevando a la circunstancia de entorpecer el proceso de extradición, quizá porque un juicio contra el Ovidio en Estados Unidos tendría efectos desastrosos para el actual gobierno mexicano.

No por las circunstancias las autoridades mexicanas dicen haber abierto líneas de investigación contra García Luna e inclusive haber iniciado solicitudes formales de extradición para que el exfuncionario venga a México a rendir cuentas de presuntas irregularidades en el manejo de su dependencia, sin duda una de las oficinas clave del Gobierno del presidente Felipe Calderón. No obstante, esos expedientes se abrieron después del arresto de García Luna en un departamento vacío cerca de Dallas, con la circunstancia agravante de que el proceso judicial en Brooklyn podría llevar a una sentencia de culpabilidad contra el exfuncionario mexicano, pero con la condición de testigo protegido para evitar la difusión de las relaciones de seguridad con la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos.

A lo largo de estos años de arresto, la defensa de García Luna ha insistido en la larga lista de relaciones y contactos del exfuncionario mexicano con las oficinas de seguridad nacional estadounidense, dejando entrever que no se trataba solo de fotografías sino de intercambio de información de inteligencia que en la lógica de la DEA como parte acusatoria habría llegado al CdS, aunque los cargos solo hablan de permitir el tráfico y no de haber participado en la estructura de toma de decisiones estratégicas del grupo criminal.

El mensaje de la defensa de que el exsecretario mexicano de Seguridad podría subir a la silla de interrogatorios penales prendió algunas alarmas porque para defenderse podría filtrar información de la forma y el tipo de relaciones que mantenían México con la comunidad estadounidense de seguridad que involucraba a altos mandos civiles y sobre todo militares. El indicio de que García Luna pudiera usar esa información para buscar un acuerdo fue interpretado en la circulación de fotografías del exfuncionario mexicano sobre todo con la secretaria de Estado del gabinete de Obama, Hillary Clinton, para demostrar su nivel de acceso a información secreta de seguridad nacional delicada de la Casa Blanca.

Las declaraciones de los testigos de la Fiscalía estadounidense, con todo y la falta de rigor en la escasez de elementos probatorios, de todos modos, estaría reconfirmando las preocupaciones sobre el grado de penetración de cárteles del crimen organizado en las altas estructuras de toma de decisiones de los gabinetes mexicanos de seguridad.

El arresto de García Luna y su juicio en Brooklyn confirmaron las sospechas de las relaciones peligrosas entre el poder y el crimen que explicarían el fortalecimiento de los cárteles del crimen organizado y su penetración en niveles medios y altos de las áreas de seguridad en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto y habrían de justificar las decisiones del Gobierno actual para consolidar la institucionalización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad y la creación de la Guardia Nacional.

La actual estrategia mexicana de seguridad no podrá alcanzar sus metas si no pasa antes por una investigación sin límites contra las complicidades de funcionarios con los capos.