Indicador político

Aunque se consideraba que la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte tendría un valor marginal en el proceso de sucesión presidencial del 2024, la revelación sobre la tesis plagada de licenciatura de la candidata preferida Yasmín Esquivel Mossa está terminando como escopetazo que ha dañado a las corcholatas presidenciales, aunque sin que la oposición y algunos de sus aspirantes pudiera capitalizar el conflicto.

La parte más importante del efecto Esquivel se va a localizar un en la subordinación del máximo Tribunal Constitucional a los intereses de la estructura presidencialista en proceso de reconstrucción, sobre todo porque la intención presidencial de mantener la nominación de la ministra Esquivel involucró intereses de los tres precandidatos oficiales: la jefa de gobierno capitalino donde ya se exoneró a la ministra en medio de sospechas de la autoridades universitarias, el canciller que contribuyó a abrir espacios capitalinos al contratista Riobóo y al secretario de Gobernación que tuvo en sus manos la responsabilidad de controlar daños.

Pero el asunto es mucho más complejo porque también está llevando a la exigencia de cuentas a la estructura del Senado de la República que tuvo en sus manos en 2019 la responsabilidad lograr la aprobación de la abogada Esquivel, a pesar de sus vinculaciones con áreas constructivas del lopezobradorismo, además de que poco se ha hablado de la irresponsabilidad del comité de la Cámara alta para investigar la veracidad de los datos curriculares de los aspirantes al máximo Tribunal Constitucional. Nadie en el Senado se preocupó por lo que importa mucho en la política curricular estadounidense: si quieres conocer la vida privada de tus adversarios, dales un nombramiento y obliga a investigaciones inclusive del FBI para sondear en los más oscuros intereses.

El viejo régimen priista tenía una oficina dedicada a revisar las historias secretas de los políticos, sobre todo de los aspirantes a cargos públicos o de designación política, para evitar el involucramiento de las fuerzas oscuras del sistema en la imposición de candidatos que representarían intereses ajenos a los de la política. La Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación era la encargada de hurgar en las historias secretas de los políticos, inclusive en tiempos de control de la información no oficial.

La ministra Esquivel no solo dañó el proceso de elección del próximo presidente o presidenta de la Suprema Corte, sino que obligó a la intervención de las máximas autoridades de la UNAM y de la Facultad de Estudios Sociales de Aragón en un proceso de indagación disfrazado de investigación, pero sin facultades coercitivas para castigar irregularidades. De todos modos, el rector Enrique Graue tuvo un momento de autonomía real y señaló que sí existió plagio y por lo tanto la ministra Esquivel no solo debía de retirar su candidatura a la presidencia de la Corte, sino, por razones morales, debía también de solicitar su retiro de su cargo de ministra para no contaminar su función como vigilante del cumplimiento estricto de las leyes.

El efecto más dañino del caso de Esquivel se resentirá en el proceso de sucesión presidencial por la necesidad de mantener el control de la Suprema Corte en el cumplimiento de facultades no electorales, pero sí de aplicación estricta de la ley, además de mostrar los indicios de que el nombramiento del próximo o próxima responsable de la Suprema Corte estaría en los planes de reforzamiento de la influencia presidencial en los efectos jurídicos de presuntas irregulares electorales en los comicios presidenciales de junio del 2024.

La crisis en la designación del presidente o presidenta de la Suprema Corte fue otro aviso de los reducidos márgenes de movilidad institucional del presidente de la República, en el escenario de una estructura de poder político que no cambió los equilibrios de fuerzas y que puso al poder presidencial en el centro de la disputa por la continuidad del modelo y el grupo político de la 4ª-T.

La falla del caso Esquivel está reconsiderando indicios anteriores y el papel ineficiente de la ministra-florero Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, sin advertir el problema del plagio en el proceso de designación de 2019 de la ministra Esquivel.

Haber mantenido la presencia de la ministra Esquivel en la Corte ha sido el error con más graves consecuencias del Gobierno lopezobradorista.