Gobernar bajo presión: poder real y tensiones múltiples

México vive rodeado de pronósticos de derrumbe. Cada semana parece anunciar una fractura definitiva. Cada disputa política se presenta como señal de descomposición institucional. El diagnóstico se repite con insistencia: crisis de gobernabilidad. Pero la realidad política es menos simple. El aparato estatal sigue funcionando. El sistema constitucional continúa produciendo decisiones. La administración pública opera.

Las Fuerzas Armadas respaldan al Ejecutivo. Los mercados no reaccionan como si el país estuviera al borde del colapso. Nada de eso significa estabilidad plena. Significa otra cosa: un poder estatal que todavía se ejerce, aunque sometido a presiones simultáneas. Claudia Sheinbaum gobierna en ese punto de tensión. Su margen de maniobra está rodeado por tres frentes que no dependen sólo de su voluntad: la relación con Estados Unidos, la disputa política interna, y la compleja red de liderazgos que permiten convertir un proyecto político en un hecho verificable.

A ese tablero se suma un actor que no compite en elecciones pero condiciona territorios: el crimen organizado. Ese es el verdadero escenario de la gobernabilidad mexicana. Veamos.

Primero. Conviene empezar por lo esencial. El Estado mexicano no ha perdido su capacidad de mando. Recauda impuestos. Administra infraestructura estratégica.
Regula el comercio exterior. Organiza elecciones.Opera un sistema judicial.
Mantiene interlocución con gobiernos extranjeros. Ninguna fuerza política disputa el control nacional del poder. No hay levantamientos armados. No hay ruptura constitucional. No existe un vacío de autoridad central.

Pero ese poder tampoco es absoluto. En diversas regiones del país el crimen organizado condiciona la vida económica y social. Define rutas comerciales. Impone reglas informales. Determina quién puede trabajar, circular o producir. No reemplaza al Estado.Pero lo limita. Esa coexistencia produce una forma peculiar de gobernabilidad: un Estado presente, pero obligado a administrar territorios donde su autoridad no siempre es exclusiva. Ese fenómeno no surgió con el gobierno actual. Tiene raíces profundas. Sin embargo, su impacto político se ha vuelto hoy más visible. La violencia criminal no sólo genera víctimas. También erosiona la percepción de control estatal. Y la percepción de control es una pieza central de la estabilidad política.

Segundo. El segundo frente se encuentra fuera de México. Estados Unidos observa la realidad mexicana desde tres preocupaciones principales: migración, tráfico de fentanilo y seguridad fronteriza. Para Washington estos temas no son debates académicos. Son asuntos de seguridad nacional. Cada administración estadounidense presiona en esa dirección. A veces con diplomacia. Otras con instrumentos económicos o políticos. Y ahora con una fuerza inédita al margen del disminuido derecho internacional y sus organismos. 

La relación bilateral siempre ha sido inevitable.  Pero también profundamente asimétrica. Estados Unidos posee capacidad real para alterar la estabilidad económica mexicana mediante decisiones comerciales, regulatorias o financieras, aunque también se encuentra en medio de esa compleja red. No hay un ellos y un nosotros.  Por eso cualquier gobierno mexicano enfrenta una ecuación delicada. Cooperar sin subordinarse. Mantener interlocución sin renunciar a márgenes de autonomía, aunque sean más narrativos que efectivos.

Claudia Sheinbaum deberá administrar ese equilibrio en un contexto internacional más tenso que el de décadas anteriores. Las disputas comerciales, el tráfico de opioides sintéticos y la presión migratoria convierten la relación bilateral en un terreno donde la diplomacia y la seguridad se entrelazan. El margen de error es estrecho.

Tercero. La oposición no ha logrado articular una alternativa coherente de poder. Permanece fragmentada. Eso es una verdad que no por sabida deja de ser un frente abierto. Su debilidad no elimina el conflicto. La crítica pública seguirá siendo intensa. La confrontación mediática continuará marcando la agenda. Sin embargo, el desafío político más complejo no proviene necesariamente de la oposición. Proviene del interior de la propia coalición gobernante.

Las reformas constitucionales requieren algo más que mayorías formales. Exigen coordinación política, un acuerdo legislativo y hacer coincidir a  múltiples actores. Gobernadores. Grupos parlamentarios. Dirigencias partidistas. Liderazgos regionales. Cada uno posee intereses propios. Cada uno administra su propio capital político. El proyecto presidencial se convierte en norma jurídica sólo cuando esas piezas encajan. Ese proceso nunca es automático. La política mexicana ha sido siempre una negociación constante entre poder central y liderazgos territoriales. Claudia Sheinbaum debe administrar ese equilibrio y resolverlo internamente no a la vista de todos porque envía mensajes equivocados. Hay diferencias puntuales, por supuesto, pero se mantiene firme el acuerdo en lo fundamental. El camino de la civilidad y el intercambio de ideas y argumentos distintos debe tener cauce y no una descalificación ante la ausencia de argumento y razones.