Fuerzas armadas en su encrucijada

No es de ahora, sino de hace tiempo lo que ha llevado a las fuerzas armadas a la lucha contra el crimen organizado. La magnitud y gravedad del problema por la inseguridad ha hecho a los presidentes recurrir a las fuerzas armadas. Dos aspectos son relevantes: el fracaso de los civiles en la formación de policías confiables y una estrategia global absurda y fracasada contra la producción, tráfico y consumo de drogas. 

Un recurso excepcional y temporal se ha vuelto regular. Los presidentes han compartido el error al considerar al Ejército y Marina como solución para enfrentar la inseguridad. La disciplina, orden y lealtad que les caracteriza les impide ver lo obvio: la naturaleza propia de la milicia las hace disfuncionales para ser policías. No están para ello y el emplearlas regularmente implica riesgos mayores, por lo que los organismos internacionales y las instituciones especializadas reprueban o rechazan sean destinadas a las tareas de seguridad pública regular.

El Ejército o la Marina no pidieron estar en tareas de seguridad. Su comandante en jefe en su momento les llamó y con lealtad han cumplido. Es cierto que el crimen organizado representa una amenaza más allá de lo convencional; es un problema de Estado y una amenaza a la seguridad nacional. También es evidente que las policías bajo mando civil en muchas partes han mostrado su incapacidad para hacer frente al problema, incluso en no pocas ocasiones su fragilidad institucional, especialmente en las municipales, las ha puesto al servicio del crimen o acusan extremos de venalidad.

Desde hace tiempo el diagnóstico está en la mesa, la solución necesariamente pasa por el fortalecimiento de las policías municipales y locales bajo mando civil. También por fiscalías con personal bien adiestrado y capacidad de investigación. No excluye una reforma al poder judicial local y federal para enfrentar sin riesgo y con eficacia a poderosos y peligrosos criminales. El sistema carcelario es escuela de delincuencia más que de readaptación y sanción humanitaria. En los hechos ha prevalecido una postura centralista que privilegia los recursos y las respuestas del centro. Una policía nacional sigue siendo la obsesión y si bien es cierto que es indispensable, sólo es una parte de la solución. A esto se acompaña el populismo punitivo que de poco sirve por la impunidad de por medio.

Hay esfuerzos exitosos y encomiables que se han visto interrumpidos por consideraciones políticas asociadas a la renovación de autoridades. Yucatán es caso único y no deja de ser aleccionador, especialmente por la impunidad inexistente, pero hay condiciones particulares que no son replicables. Coahuila también tiene mucho que enseñar para revertir al amago criminal.

Es lamentable que los logros en varios estados no se consoliden por falta de continuidad; las iniciativas de formación y fortalecimiento institucional requieren de tiempo, perseverancia y perspectiva de largo plazo. Más aún, no es un asunto de gobierno o de visión de régimen político. Es un tema de Estado que a todos involucra: poderes, órdenes de gobierno, autoridades autónomas y, desde luego, a la sociedad organizada, los medios de comunicación, la escuela y al mismo ciudadano.

Las fuerzas armadas tienen sus condiciones de existencia y su razón de ser. No están para actuar como policías y tampoco para someterlas a las reglas y principios propios de la administración pública regular. Por esta consideración los altos mandos militares han exigido a los civiles contar con una normatividad que no los exponga al cumplir lo que el presidente les ha ordenado. Hechos como los de la masacre de cinco jóvenes en Nuevo Laredo seguirán repitiéndose y el reclamo al interior de las fuerzas armadas por un sentimiento de incomprensión y abandono seguirá creciendo. De la misma forma, la tarea de seguridad implica inteligencia o espionaje a pesar de que es ilegal y para el caso castrense, doblemente preocupante por la opacidad y secrecía con la que operan los militares y la resistencia a una auditoría y control exógeno. 

El tema mayor es que nada hay en el horizonte que resuelva el problema de fondo, esto es, que la eficacia de los programas de seguridad de los civiles vuelva innecesaria que los militares tengan que hacerla de policías. Más aún, el problema se agrava con la determinación de militarizar a la Guardia Nacional, la solución apunta en dirección opuesta, además de los efectos de la decisión del presidente López Obrador de distraerlos de su insustituible y fundamental tarea: salvaguardar la seguridad nacional.