
Indicador político
Con una reforma constitucional y una estrategia nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pone sobre la mesa el único delito de alto impacto que sigue creciendo. Pero sin justicia efectiva, la medida corre el riesgo de quedarse en promesa
Alberto Carbot
Por primera vez en lo que va del nuevo sexenio, el Gobierno federal se decide a mirar de frente uno de los delitos más extendidos, invisibles y crueles de México: la extorsión. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de reforma constitucional para crear la Ley General contra la Extorsión.
El objetivo es ambicioso: dotar al Estado mexicano de una legislación homogénea que permita perseguir el delito de oficio, sin depender de la denuncia individual, y romper con el mosaico desigual y a menudo ineficaz de códigos penales estatales.
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