Exige a FGE esclarecer muerte de su hija y cambiar a MP que lleva el caso

CULIACÁN, Sin., 7 de octubre de 2026.- A nueve meses de la muerte de su hija Paulina Lisette Castillo Salas, Lorenia Salas exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva para determinar si la joven se quitó la vida, fue inducida al suicidio o se trató de un homicidio o feminicidio.

Durante un pronunciamiento público, la madre de Paulina, de 22 años y madre de un niño con autismo, señaló que existen inconsistencias entre la versión inicial sobre la muerte de su hija y los resultados de la autopsia y el certificado de defunción.

Explicó que Paulina fue localizada sin vida el 14 de enero de 2026 en un cuarto rentado mediante una plataforma, donde presuntamente fue encontrada junto a un tanque de helio y con una bolsa en la cabeza, por lo que inicialmente se manejó como un aparente suicidio por inhalación de gas.

Sin embargo, afirmó que posteriormente la autopsia y el certificado de defunción establecieron como causa de muerte una asfixia por ahorcamiento, además de que el cuerpo presentaba señales físicas compatibles con esa causa.

Ante ello, pidió que se realicen los peritajes necesarios y se agoten todas las líneas de investigación antes de establecer una conclusión.

“No quiero acusar a nadie. Pero si hay culpables, quiero que sean castigados. Quiero saber si mi hija decidió quitarse la vida o alguien lo provocó, pero quiero saber la verdad”, expresó.

Salas cuestionó además que, después de nueve meses, no hayan sido llamados a declarar todos los involucrados en el hallazgo del cuerpo, incluida la mujer que rentó el inmueble donde fue encontrada Paulina y quien, aseguró, tiene información y comunicación relacionada con la estancia de su hija en ese lugar.

También denunció que las pertenencias de Paulina fueron entregadas presuntamente el mismo día del hallazgo, sin que, según afirmó, exista en la carpeta un oficio que establezca a quién fueron entregadas.

Por estos motivos, solicitó que el caso sea retirado del escritorio del agente del Ministerio Público Wilfredo Zazueta, a quien acusó de no realizar las diligencias necesarias y de no proporcionarle respuestas sobre el avance de la investigación.

Martín Aguirre, asesor jurídico de la familia, señaló que desde el 22 de mayo han solicitado a la Fiscalía diversos actos de investigación, entre ellos peritajes, documentación y testimoniales, pero que aún no han recibido la totalidad de la información requerida.

Precisó que actualmente no existen pruebas suficientes para afirmar si se trató de un suicidio, inducción al suicidio, homicidio o feminicidio, por lo que consideró indispensable completar la investigación para determinar la línea correspondiente.

En otro tema, Lorenia Salas denunció irregularidades en el proceso relacionado con la custodia de su nieto, quien permanece bajo su cuidado desde febrero y requiere atención permanente debido a su condición de autismo y comunicación no verbal.

Relató que tras la muerte de Paulina desconoció durante varios días el paradero del menor, por lo que presentó una denuncia y se activó una Alerta Amber.

Posteriormente inició un proceso judicial para obtener su custodia.

La abuela también cuestionó las condiciones en que se han desarrollado algunas convivencias familiares ordenadas por la autoridad judicial, al señalar que el menor ha presentado episodios de estrés y resistencia.

Afirmó que ya acudió ante organismos de derechos humanos para denunciar lo que considera posibles vulneraciones a los derechos del niño.

Salas reiteró que su principal exigencia es conocer la verdad sobre la muerte de su hija y que, en caso de existir responsabilidad penal, las autoridades actúen conforme a derecho.