En septiembre los jueces ¿quiénes después?

Grave la derrota del régimen democrático. El mandato por un régimen autocrático es la realidad, decisión avalada por la mayoría de los votantes. Ciertamente, la sobrerrepresentación por partido plantea un fraude al permitir que una fuerza política por sí misma pueda cambiar el régimen político, pero se compitió bajo esas premisas, además de que fue el PRI quien inauguró el expediente con el PVEM en la elección intermedia de Peña Nieto. El presidente López Obrador y su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, han acordado llevar adelante el golpe contra la Corte en septiembre. La consulta es una concesión menor e inocua: ya se sabe el resultado, porque fue lo que se votó, aunque atente contra el interés de todos los mexicanos. Morena tiene la razón política para llevar a cabo su proyecto, aunque signifique un daño profundo e irreversible al edificio democrático. En cierto sentido, la mayoría votó democráticamente por acabar con la democracia. Elegir juzgadores significa someter la judicatura a las maquinarias electorales, en sí mismo un despropósito porque compromete la premisa básica de la justicia: la independencia del juez. Ahora, en las condiciones de dominio de una fuerza política, evidente el 2 de junio, se entiende que el dueño de Morena tendrá control de la maquinaria judicial. De ocurrir así, el daño a la justicia será trascendente, profundo e irreversible por mucho tiempo. Si hubiera un poco de sentido común el cambio sería parcial o temporal y sobre sus resultados determinar su definitividad o revertirlo. Pero la pretensión del régimen no trata de una mejor justicia, se busca eliminar al Poder Judicial en su tarea de salvaguardar la Constitución y en el caso del Tribunal Electoral hacer valer los derechos electorales. El ahorro al gasto público o el señalamiento de corruptos es un ardid para acabar con la independencia de la Corte. El proyecto político no sólo pretende acabar con la división de poderes. Se trata de eliminar la posibilidad de una derrota futura del régimen por la vía de los votos. Enseguida la tarea será acabar con la institucionalidad electoral que asegura profesionalismo, imparcialidad y el respecto riguroso al sufragio, bien acreditado desde 1997 a la fecha. Nueve jornadas electorales nacionales impecables, incluyendo la de 2006, controvertida no por la deficiencia del órgano electoral, sino por una estrecha diferencia. Para la reproducción autoritaria del régimen se vuelve prioritario acabar con el INE, aunque la aplicación de la reforma judicial vaya a requerir de sus servicios. De esta manera, los consejeros electorales estarán en la línea rumbo al patíbulo de la autocracia. Eliminar los órganos constitucionales autónomos es la siguiente tarea. Los argumentos para desaparecerlos, el costo o que hayan sido funcionales al régimen neoliberal, no se sostienen. La COFECE, IFT y la CRE aseguran la competencia y castigan al monopolio. Eliminarlos en su autonomía o someterlos al gobierno afecta al consumidor, a los productores privados y a la competencia económica justa. De la misma forma, el INAI es una entidad acreditada por sus resultados. La transparencia constituye uno de los recursos más eficaces para identificar, prevenir y denunciar la corrupción y obligar a los entes públicos a la rendición de cuentas, igual que la protección de datos personales, uno de los derechos de cuarta generación, fundamentales por la digitalización de la información. Estas instituciones serán absorbidas por el gobierno federal -uno de los sujetos a regular y controlar- y también razón de que la Constitución les otorgara un estatuto de autonomía. Los titulares y los consejos que los integran habrán de estar en la picota del régimen autocrático.