El voto democrático contra la democracia

Es desalentador el curso que va tomando el país ante la indiferencia de muchos. La preocupación por lo que viene es sentimiento de una minoría. El aparato de propaganda del gobierno ha sido muy eficaz porque se procesa de manera sutil, sin que se advierta que lo es, a veces disfrazada de información, de inocente opinión o como una postura que normaliza la autocracia, hasta mentes lúcidas se suman a la sinrazón. La destrucción de la República y sus fundamentos son un hecho consumado con la aprobación y la promulgación de la reforma judicial. En algunos existe la esperanza de que el cambio de gobierno podrá corregir muchas de las inercias perniciosas del pasado gobierno, en especial los excesos y desbordes de intolerancia. Hay ánimo en el voto de confianza y la idea de que lo peor está por concluir. Ojalá y fuera cierto, pero nada hay que abone a ello. Existe, incluso, quien quiera ver en la facultad reglamentaria del Congreso una eventual corrección mayor a la reforma judicial, como si fuera jurídicamente posible. Catastrofistas, suele ser el señalamiento al realismo de hoy día. Claro, el país sigue y mucho será interiorizado como normal, pero no va por buen curso, el deterioro de la democracia y las libertades será el producto de la complacencia. Existe insistencia de no aceptar la determinación de continuidad de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella ha sido consistente en su mensaje y en sus acciones. La excepción fue la noche de la elección, al decir que gobernaría para todos los mexicanos. López Obrador también lo dijo el día de su triunfo electoral y no sucedió así, gobernó para él y los suyos. Lo que importa no son las personas y la ingenua presunción de buena voluntad y generosas intenciones; lo relevante es el sistema porque son reglas e instituciones; la aprobación de la reforma judicial significa el fin del sistema democrático para establecer las bases de un régimen autocrático sin juzgadores independientes, sin una Corte que imponga límites a la actuación de las autoridades, particularmente la del presidente de la República. La reforma a las leyes ordinarias reglamenta lo que la Constitución determina. Si los candidatos van a ser seleccionados en los términos de la Carta Magna, la ley debe ser consecuente y definir procedimientos, tiempos y responsabilidades, los requisitos para ser juzgador o el voto popular, así como la manera de desahogarse la elección popular, el financiamiento y la publicidad, así como el régimen de impugnaciones. Resultado de la omisión normativa, la reforma determinó que el INE resolviera, una falta mayor porque significa delegación de facultades legislativas, que corresponden al Congreso de la Unión y los Congresos locales.